Hay quienes después de más de tres décadas todavía siguen creyendo ingenuamente que el Rey puede hacer algo más que limitar su labor al discurso de nochebuena y a aceitar las relaciones con los dirigentes de algunas naciones extranjeras, y singularmente con los de las naciones hispanas –que no incluyo entre las extranjeras, naturalmente-. Uno de los últimos que parece haberse caído del guindo ha sido el torero Paco Camino, que ha cargado contra el Rey Juan Carlos por no decir ni mu –nunca mejor dicho- ante la prohibición de la fiesta nacional –Rajoy habla de los toros, por supuesto- en Cataluña. Camino parece darse cuenta de que el Rey sobra si no sirve para defender lo que para él constituye una seña de identidad nacional. De ahí que haya dicho eso de que el Rey “come de la sopa boba y no se moja”.
Uno de los grandes errores de la Constitución del 78 es la liquidación de la función de la monarquía como cabeza y defensor de la Nación. Sobre esta cuestión Julián Marías dejó escritas unas páginas memorables en la selección de artículos publicados en su libro “La España real. Crónicas de la Transformación Política”. Con ocasión de los debates sobre la nueva España democrática, Marías reflexionó sobre el papel de la monarquía en artículos como “¿Jefe del Estado o cabeza de la Nación?”, “Constitución de una monarquía nueva” o “La función social de reinar”. Según Marías, el Rey antes que Jefe del Estado constituye la cabeza de la Nación –que es previa al Estado- y es por tanto su principal garante y valedor frente a los excesos del poder político. Cuando leí estas páginas, permítanme el inciso, pensé que hubiera sido muy positivo que las funciones del defensor del pueblo hubieran recaído en el Rey. Escribe Marías: “el Rey es titular de una magistratura social –antes que política- como «cabeza de la nación», en él se personifica ésta como sociedad, como proyecto histórico, como comunidad humana en continuidad histórica”. Esta visión de la monarquía como magistratura social tiene una indudable repercusión práctica que no se puede acomodar al papel decorativo al que actualmente parece reducida por obra de una Constitución que más que consagrar una monarquía constitucional vacía de sentido la función social de reinar.
El Rey debería actuar prudentemente en defensa de la Nación. Justo aquello que demanda Paco Camino cuando dice que “no se moja”. Sin duda mojarse le acarrearía las críticas de los numerosos enemigos que hoy tiene la Nación española, sobre todo en el interior. Por eso es importante que sus intervenciones sean siempre prudentes, es decir, fruto de un profundo conocimiento del asunto en cuestión, y tras haber deliberado oportunamente. Esas intervenciones deberían aureolar de prestigio, de bien ganada autoridad, la figura del monarca y temer su desaprobación. Como señala Marías, ahí radica la función social de reinar: “¿Quién podría resistir la desaprobación de un Rey impecable, fiel a su misión, inaccesible a la lisonja, insobornable? ¿No movilizaría las energías íntegras de la nación, de manera que hiciese imposible todo quebrantamiento de la Constitución, toda opresión, toda subversión, todo intento de desmantelar este cuerpo social, animado por el mismo proyecto colectivo, que llamamos España?”.
Uno de los grandes errores de la Constitución del 78 es la liquidación de la función de la monarquía como cabeza y defensor de la Nación. Sobre esta cuestión Julián Marías dejó escritas unas páginas memorables en la selección de artículos publicados en su libro “La España real. Crónicas de la Transformación Política”. Con ocasión de los debates sobre la nueva España democrática, Marías reflexionó sobre el papel de la monarquía en artículos como “¿Jefe del Estado o cabeza de la Nación?”, “Constitución de una monarquía nueva” o “La función social de reinar”. Según Marías, el Rey antes que Jefe del Estado constituye la cabeza de la Nación –que es previa al Estado- y es por tanto su principal garante y valedor frente a los excesos del poder político. Cuando leí estas páginas, permítanme el inciso, pensé que hubiera sido muy positivo que las funciones del defensor del pueblo hubieran recaído en el Rey. Escribe Marías: “el Rey es titular de una magistratura social –antes que política- como «cabeza de la nación», en él se personifica ésta como sociedad, como proyecto histórico, como comunidad humana en continuidad histórica”. Esta visión de la monarquía como magistratura social tiene una indudable repercusión práctica que no se puede acomodar al papel decorativo al que actualmente parece reducida por obra de una Constitución que más que consagrar una monarquía constitucional vacía de sentido la función social de reinar.
El Rey debería actuar prudentemente en defensa de la Nación. Justo aquello que demanda Paco Camino cuando dice que “no se moja”. Sin duda mojarse le acarrearía las críticas de los numerosos enemigos que hoy tiene la Nación española, sobre todo en el interior. Por eso es importante que sus intervenciones sean siempre prudentes, es decir, fruto de un profundo conocimiento del asunto en cuestión, y tras haber deliberado oportunamente. Esas intervenciones deberían aureolar de prestigio, de bien ganada autoridad, la figura del monarca y temer su desaprobación. Como señala Marías, ahí radica la función social de reinar: “¿Quién podría resistir la desaprobación de un Rey impecable, fiel a su misión, inaccesible a la lisonja, insobornable? ¿No movilizaría las energías íntegras de la nación, de manera que hiciese imposible todo quebrantamiento de la Constitución, toda opresión, toda subversión, todo intento de desmantelar este cuerpo social, animado por el mismo proyecto colectivo, que llamamos España?”.
