¿Qué tramas, moreno?

Poco tengo que decir de Óscar Puente. Hace meses ya pedí la dimisión y sólo cabe insistir en ello y acudir a las urnas para mandar a su casa a esta gentuza que sigue aferrada al poder (no se puede decir que gobiernen). Quizá sea una breve parada para hacer la maleta y acompañar a Ábalos y Koldo. Faltan poco más de tres semanas y me viene a la cabeza la frase de Clint Eastwood en “Gran Torino”. Apostado en su camioneta, Walt Kowalski observa cómo un grupo de tres negros molesta a su amiga y vecina asiática que iba caminando con un amigo, que se caga en los pantalones mientras intenta infructuosamente coleguear con ellos. Con un valor y una frialdad digna de Germán Areta, Walt aproxima la furgoneta y les espeta una frase célebre: “¿Qué tramáis, morenos?”. En realidad, la frase fue improvisada por Constantino Romero al doblar la voz de Clint Eastwood. Sencillamente magistral. Y todo esto lo pienso porque si tuviera delante a Pedro Sánchez, como Clint Eastwood, le preguntaría con gesto serio, “¿Qué tramas, moreno?”. Seguramente algo que todavía no imaginamos…

El gravísimo intento de pucherazo de Sánchez con la "ley de nietos"

Pedro Sánchez está intentado alterar el resultado electoral con la que se conoce como "ley de nietos", que no es otra que la ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática (para conocer en detalle la cuestión, aconsejo leer este excelente artículo). Esta norma establece en la Disposición Adicional 8ª.1 que pueden adquirir la nacionalidad española quienes cumplan los siguientes requisitos:  

“1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, que en 2022 estaba al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), es la responsable de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Esta Instrucción concreta quién y cómo puede optar a la nacionalidad española eliminando el requisito de ser hijo de exiliado, lo cual contraviene claramente la ley 20/2022 y, por tanto, dado su rango infralegal, debería ser considerada nula. La Instrucción, en primer lugar, aprovecha un defecto de redacción de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida popularmente como la “ley de memoria histórica” (esta la impulsó Zapatero). La Disposición Adicional 7ª de esta ley reza así:

“Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española.

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

Como se observa, el punto primero de esta disposición se limita a decir que los hijos de padre o madre originariamente españoles podrán optar a la nacionalidad española sin mencionar que ello se debiera al exilio, quizá porque se considera evidente, máxime cuando sí se hace referencia a esta circunstancia en el caso de los nietos. En cualquier caso, la ley 20/2022 ya ha dejado meridianamente claro para todo el mundo, salvo para Sofía Puente (es decir, para Pedro Sánchez), que sólo tienen derecho a la nacionalidad española los hijos y nietos de exiliados por razones políticas, etc. Puesto que no se trata de derechos adquiridos, hay que entender que, en el caso de que se admitiera la interpretación absurda de que la ley 52/2007 otorgaba la nacionalidad a cualquier hijo de un español/a de origen, dicha posibilidad ha sido eliminada por la ley 20/2022. Sin embargo, en lugar de respetar la ley, la Instrucción de Sofía Puente establece lo siguiente:

“Pese a que este párrafo [está aludiendo a la ley 20/2022] parece dirigirse únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados que nacieron después de que sus padres/madres y/o abuelos/abuelas perdieran la nacionalidad española, es posible encontrar una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley, interpretación a la que puede llegarse mediante el análisis conjunto e integrador de la anterior Ley 52/2007 y de la presente.

Así, la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre establecía dos distintos supuestos de opción, y decía:

«1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.»

Si la presente ley en su disposición adicional 8.ª tenía por objeto ampliar los supuestos de opción frente a los que se contemplaban en la Ley 52/2007 (recoge ahora la posibilidad de opción de los hijos mayores de edad y de los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por razón de matrimonio, supuestos no contemplados en la anterior ley), parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley a los que se encontraban en la situación descrita en el punto primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, sino que ha refundido en un solo párrafo los dos supuestos de la anterior disposición adicional 7.ª de la Ley 52/2007.

Así, este primer párrafo, recogería dos supuestos distintos de opción, el de:

«Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.»

y, además, («y que») el de:

«Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.»

De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

Sofía Puente interpreta la voluntad del legislador -del representante de la soberanía popular- y amplía la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que no emigraron como consecuencia del exilio. Es verdaderamente escandaloso y provoca escalofríos ver cómo se atenta contra la democracia, porque abierta esta puerta carece de sentido tener que probar la condición de exiliado; pero como temen que esta interpretación se considere un flagrante delito de prevaricación (por el que Vox ya se ha querellado contra Sofía Puente), no quieren actuar de forma tan descarada y siguen admitiendo que se puede optar a la nacionalidad tanto por ser hijo o nieto de españoles como por ser hijo o nieto de españoles exiliados (insisto, absolutamente absurdo, porque la condición de español de origen engloba a todos). En este último caso, además, asistimos a una patente vulneración de la ley, puesto que, más allá de toda justificación, se presume la condición de exiliado en estos términos:

“d) A los efectos del ejercicio del derecho de opción reconocido en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022:

Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos supuestos, deberá acreditarse, la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto.

Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado”.

¿A qué obedece dicha presunción? Se trata de un coladero, de un escándalo monumental. Estamos hablando de que, en virtud de la interpretación dada por esta Instrucción, millones de personas podrían adquirir la nacionalidad española y, por tanto, el derecho de sufragio. Eso es lo que ha intentado -y logrado, pues ya se puso en marcha en 2023- Pedro Sánchez y lo que milagrosamente ha suspendido cautelarmente el Tribunal Supremo, en quien hoy reposa la defensa de nuestra democracia, puesto que un número tan elevado de votantes distribuido por diferentes circunscripciones puede alterar sustancialmente los resultados electorales. Confiemos en que se declare nula esa Instrucción con la consiguiente revocación de las nacionalidades otorgadas ilegalmente. Si el Tribunal Constitucional adoptara la decisión de revisar una cuestión que es de estricta legalidad, mucho me temo que estaríamos ante una gravísima prevaricación.

La pulsión antidemocrática de querer blindar políticas

Parece que Pedro Sánchez anda un tanto desesperado, porque sabedor de que su palabra vale menos que una etiqueta de anís del mono -como dice con salero Juan Manuel de Prada cuando habla de algunos títulos universitarios-, pretende convencernos de la verdad de sus promesas asumiendo el compromiso de que reformará la Constitución para garantizar algunas de ellas. De momento, se ha referido al derecho al aborto y a que las pensiones se revaloricen conforme al IPC. Obviamente, esto es un brindis al sol, puesto que carece de la mayoría necesaria para acometer este tipo de reformas. Pero lo verdaderamente grave es este confesado deseo de querer blindar políticas para dejarlo todo atado y bien atado, por utilizar las famosas palabras de Franco. 

Quien plantea una reforma de la Constitución debería hacerlo partiendo de una actitud de apertura al consenso con la mayor parte de fuerzas políticas, puesto que en la Constitución debemos vernos reflejados la inmensa mayoría de los ciudadanos. Disponer de una mayoría coyuntural que permita la reforma constitucional puede ser legal, pero la fuerza moral de estas iniciativas depende de que cuenten con un amplísimo respaldo ciudadano. Por eso señalaba en anteriores entradas que, incluso si el PP y Vox dispusieran de una mayoría capaz de poner en marcha reformas constitucionales, sería conveniente que antes de plantearlas convocaran referéndums consultivos conforme al art. 92 CE para impulsarlas si verdaderamente cuentan con un amplísimo respaldo popular.

Todos querríamos que las pensiones se revalorizaran conforme al IPC o incluso, si es posible y conveniente, por encima de ese dato. Pero es una temeridad condicionar las políticas que haya que poner en práctica en el futuro, puesto que puede haber buenas razones para que no suban conforme al IPC, como está sucediendo durante años con el sueldo de los empleados públicos. La Constitución no está para eso, sino para, como he apuntado, forjar grandes acuerdos en torno a los derechos fundamentales y al funcionamiento de nuestro sistema jurídico y político. En estos detalles se detecta quién es un gobernante que cree en la democracia y quién un zascandil que no admite otras políticas que las suyas. En realidad, todo es puro teatro, porque para Sánchez la política es un juego de poder. 

Atención a Karra Elejalde en "Arriba tutto", de José Mota

Sorprendente y emocionante el primer tercio de “Arriba tutto”, dirigida por José Mota. Sólo por esa parte -quizá dura lo que un cortometraje- vale la pena la película. La historia nos retrotrae al año 1905 y la protagonizan una pareja de cómicos ambulantes que para en Toledo. Se trata de un padre, viudo, que actúa junto a su hijo, Michi, de unos seis años. El cariño, la ternura y la bonhomía del padre hacia su hijo, y la devoción de este hacia él son conmovedores. También es tiernísima la historia de amor infantil entre Michi y Conchita, una niña de familia rica que asiste al espectáculo. Esta historia con triste final sí nos embarga de emoción, en contraste con “La bola negra”. La interpretación de Karra Elejalde es magnífica, la mejor de las que le conozco. Una historia bellísima en la que recordamos la relación de Charlot con el niño en “El chico” o de Alfredo con Salvatore (Totó) en “Cinema Paradiso”. Lamentablemente, la película pierde fuelle cuando Mota nos traslada a los años de la Guerra Civil y el propio Mota interpreta a Michi ya convertido en adulto y enrolado como cabo del ejército republicano. Ahí ya reconocemos el humor de José Mota que, aunque no defrauda, no está ni muchísimo menos a la altura del excelente comienzo. En esta parte, quizá lo más destacado sea el discurso en el que Michi, que suplanta a un oficial italiano para salvar la vida, gesticula como Mussolini mientras habla en el italiano inventado que le enseñó su padre: Mota en estado puro. Y muy destacable la extraña belleza y presencia de Olivia Molina, hija de Ángela Molina, que interpreta a María (ya no se hace llamar Conchita), el amor infantil de Michi, ya convertida en una mujer que sigue fascinada por aquel niño al que vio actuar junto a su padre. Insisto, merece muchísimo la pena ese increíblemente buen comienzo.

La izquierda exacerba el miedo a la derecha y se lanza a las protestas violentas

La estrategia de los partidos de izquierda en estas elecciones consiste en exacerbar el miedo a un gobierno de la derecha que, según ellos, traerá recortes de todo tipo. No les importa demonizar al adversario político con mensajes simplistas, maniqueos y falaces. El beso de Sánchez a su mujer ha sido el preámbulo para que el PSOE adopte el eslogan de “el partido del amor” al tiempo que identifican a la derecha con el odio. Así de burdo. Sánchez ha dicho hoy que “de eso van estas elecciones: de amor o de odio”. Todo pura emotividad para llegar a las vísceras del elector. Además, los grupos más exaltados se lanzan a las calles para impedir que Vox pueda defender sus ideas libremente. Se les niega el derecho a hablar calificándolos de “fascistas” cuando los intolerantes son precisamente quienes les impiden expresarse con libertad. También se han visto manifestaciones de pensionistas con banderas republicanas defendiendo sus pensiones frente a la supuesta amenaza de un gobierno de derechas, y esta noche se han producido graves incidentes en Barcelona que han obligado intervenir a la policía para evitar los saqueos que se estaban produciendo.

La serenidad con la que están reaccionando el PP y Vox es admirable y espero que mantengan la calma y no cometan el error de pagar con la misma moneda. En realidad, son grupos extremadamente minoritarios que alcanzan visibilidad por las imágenes que se difunden por televisiones y redes sociales. Es la rabia ante el temor a perder el poder. La resistencia frente a que el pueblo se exprese libremente y juzgue qué le parece una legislatura sin presupuestos, con los golpistas catalanes amnistiados e indultados, con gravísimos casos de corrupción, y con un ataque gravísimo a la soberanía nacional que sigue sin respuesta. Se teme que el pueblo hable con libertad e incluso Sánchez ha puesto en marcha su especialidad: alterar el censo para manipular el resultado electoral. Es enormemente grave, por lo que si Sánchez sigue en el poder estoy convencido de que terminará de volar el sistema político nacido de la Transición.

Todo esto ha sucedido con la connivencia de muchas personas que estando al frente de las instituciones han sido incapaces de actuar conforme a lo que exigía la dignidad del cargo. Me refiero especialmente a los magistrados del Tribunal Constitucional que han avalado la amnistía consagrando así la desigualdad entre los españoles. No se debe tolerar en silencio la mentira y la agresión constante al Estado de Derecho. No es necesario gritar ni hacer aspavientos, pero callar no es una opción para todo aquel que ama España y la democracia.

Los bailecitos de Maduro, Trump, y ahora Sánchez

Y ahí lo dejo. Si ve a un candidato bailar, témase lo peor.

Los decretos de vivienda se convierten en un vomitivo trágala

Las encuestas electorales reflejan que el PSOE encuentra su principal nicho de votantes entre personas mayores de 45 años. Muchos de esos votantes pueden ser propietarios de vivienda, por lo que no creo que el empecinamiento de Sánchez por aprobar sus decretos de vivienda les agrade. El comportamiento antidemocrático al sacarlos por las bravas no deja lugar a dudas: bien está que crea y defienda unas medidas que considera buenas, pero imponerlas en un trágala contra de la voluntad de los representantes de los ciudadanos no es propio de un demócrata. Después del trágala sube al púlpito a endilgarnos la homilia con el mensaje de que es por nuestro bien, y que todo es pura humanidad.

El día nos deja, además, la cantada decisión de Conde-Pumpido avalando la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación. Enterrada quedó la igualdad, y tampoco importa que se robe o malverse, porque o se amnistía o se indulta. Ante este panorama desolador Sánchez no debería obtener ni un solo escaño. Ojalá pague todo el daño que está haciendo.