Parece que Pedro Sánchez anda un tanto desesperado, porque sabedor de que su palabra vale menos que una etiqueta de anís del mono -como dice con salero Juan Manuel de Prada cuando habla de algunos títulos universitarios-, pretende convencernos de la verdad de sus promesas asumiendo el compromiso de que reformará la Constitución para garantizar algunas de ellas. De momento, se ha referido al derecho al aborto y a que las pensiones se revaloricen conforme al IPC. Obviamente, esto es un brindis al sol, puesto que carece de la mayoría necesaria para acometer este tipo de reformas. Pero lo verdaderamente grave es este confesado deseo de querer blindar políticas para dejarlo todo atado y bien atado, por utilizar las famosas palabras de Franco.
Quien plantea una reforma de la Constitución debería hacerlo partiendo de una actitud de apertura al consenso con la mayor parte de fuerzas políticas, puesto que en la Constitución debemos vernos reflejados la inmensa mayoría de los ciudadanos. Disponer de una mayoría coyuntural que permita la reforma constitucional puede ser legal, pero la fuerza moral de estas iniciativas depende de que cuenten con un amplísimo respaldo ciudadano. Por eso señalaba en anteriores entradas que, incluso si el PP y Vox dispusieran de una mayoría capaz de poner en marcha reformas constitucionales, sería conveniente que antes de plantearlas convocaran referéndums consultivos conforme al art. 92 CE para impulsarlas si verdaderamente cuentan con un amplísimo respaldo popular.
Todos querríamos que las pensiones se revalorizaran conforme
al IPC o incluso, si es posible y conveniente, por encima de ese dato. Pero es
una temeridad condicionar las políticas que haya que poner en práctica en el
futuro, puesto que puede haber buenas razones para que no suban conforme al
IPC, como está sucediendo durante años con el sueldo de los empleados públicos.
La Constitución no está para eso, sino para, como he apuntado, forjar grandes
acuerdos en torno a los derechos fundamentales y al funcionamiento de nuestro
sistema jurídico y político. En estos detalles se detecta quién es un gobernante que cree en la democracia y quién un zascandil que no admite otras políticas que las suyas. En realidad, todo es puro teatro, porque para Sánchez la política es un juego de poder.