¿Qué tramas, moreno?

Poco tengo que decir de Óscar Puente. Hace meses ya pedí la dimisión y sólo cabe insistir en ello y acudir a las urnas para mandar a su casa a esta gentuza que sigue aferrada al poder (no se puede decir que gobiernen). Quizá sea una breve parada para hacer la maleta y acompañar a Ábalos y Koldo. Faltan poco más de tres semanas y me viene a la cabeza la frase de Clint Eastwood en “Gran Torino”. Apostado en su camioneta, Walt Kowalski observa cómo un grupo de tres negros molesta a su amiga y vecina asiática que iba caminando con un amigo, que se caga en los pantalones mientras intenta infructuosamente coleguear con ellos. Con un valor y una frialdad digna de Germán Areta, Walt aproxima la furgoneta y les espeta una frase célebre: “¿Qué tramáis, morenos?”. En realidad, la frase fue improvisada por Constantino Romero al doblar la voz de Clint Eastwood. Sencillamente magistral. Y todo esto lo pienso porque si tuviera delante a Pedro Sánchez, como Clint Eastwood, le preguntaría con gesto serio, “¿Qué tramas, moreno?”. Seguramente algo que todavía no imaginamos…

El gravísimo intento de pucherazo de Sánchez con la "ley de nietos"

Pedro Sánchez está intentado alterar el resultado electoral con la que se conoce como "ley de nietos", que no es otra que la ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática (para conocer en detalle la cuestión, aconsejo leer este excelente artículo). Esta norma establece en la Disposición Adicional 8ª.1 que pueden adquirir la nacionalidad española quienes cumplan los siguientes requisitos:  

“1. Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Igualmente, podrán adquirir la nacionalidad española las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año.

Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, que en 2022 estaba al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), es la responsable de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Esta Instrucción concreta quién y cómo puede optar a la nacionalidad española eliminando el requisito de ser hijo de exiliado, lo cual contraviene claramente la ley 20/2022 y, por tanto, dado su rango infralegal, debería ser considerada nula. La Instrucción, en primer lugar, aprovecha un defecto de redacción de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida popularmente como la “ley de memoria histórica” (esta la impulsó Zapatero). La Disposición Adicional 7ª de esta ley reza así:

“Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española.

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

Como se observa, el punto primero de esta disposición se limita a decir que los hijos de padre o madre originariamente españoles podrán optar a la nacionalidad española sin mencionar que ello se debiera al exilio, quizá porque se considera evidente, máxime cuando sí se hace referencia a esta circunstancia en el caso de los nietos. En cualquier caso, la ley 20/2022 ya ha dejado meridianamente claro para todo el mundo, salvo para Sofía Puente (es decir, para Pedro Sánchez), que sólo tienen derecho a la nacionalidad española los hijos y nietos de exiliados por razones políticas, etc. Puesto que no se trata de derechos adquiridos, hay que entender que, en el caso de que se admitiera la interpretación absurda de que la ley 52/2007 otorgaba la nacionalidad a cualquier hijo de un español/a de origen, dicha posibilidad ha sido eliminada por la ley 20/2022. Sin embargo, en lugar de respetar la ley, la Instrucción de Sofía Puente establece lo siguiente:

“Pese a que este párrafo [está aludiendo a la ley 20/2022] parece dirigirse únicamente a los hijos, hijas, nietos y nietas de exiliados que nacieron después de que sus padres/madres y/o abuelos/abuelas perdieran la nacionalidad española, es posible encontrar una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley, interpretación a la que puede llegarse mediante el análisis conjunto e integrador de la anterior Ley 52/2007 y de la presente.

Así, la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre establecía dos distintos supuestos de opción, y decía:

«1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.»

Si la presente ley en su disposición adicional 8.ª tenía por objeto ampliar los supuestos de opción frente a los que se contemplaban en la Ley 52/2007 (recoge ahora la posibilidad de opción de los hijos mayores de edad y de los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por razón de matrimonio, supuestos no contemplados en la anterior ley), parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley a los que se encontraban en la situación descrita en el punto primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, sino que ha refundido en un solo párrafo los dos supuestos de la anterior disposición adicional 7.ª de la Ley 52/2007.

Así, este primer párrafo, recogería dos supuestos distintos de opción, el de:

«Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.»

y, además, («y que») el de:

«Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.»

De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

Sofía Puente interpreta la voluntad del legislador -del representante de la soberanía popular- y amplía la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que no emigraron como consecuencia del exilio. Es verdaderamente escandaloso y provoca escalofríos ver cómo se atenta contra la democracia, porque abierta esta puerta carece de sentido tener que probar la condición de exiliado; pero como temen que esta interpretación se considere un flagrante delito de prevaricación (por el que Vox ya se ha querellado contra Sofía Puente), no quieren actuar de forma tan descarada y siguen admitiendo que se puede optar a la nacionalidad tanto por ser hijo o nieto de españoles como por ser hijo o nieto de españoles exiliados (insisto, absolutamente absurdo, porque la condición de español de origen engloba a todos). En este último caso, además, asistimos a una patente vulneración de la ley, puesto que, más allá de toda justificación, se presume la condición de exiliado en estos términos:

“d) A los efectos del ejercicio del derecho de opción reconocido en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022:

Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos supuestos, deberá acreditarse, la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto.

Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado”.

¿A qué obedece dicha presunción? Se trata de un coladero, de un escándalo monumental. Estamos hablando de que, en virtud de la interpretación dada por esta Instrucción, millones de personas podrían adquirir la nacionalidad española y, por tanto, el derecho de sufragio. Eso es lo que ha intentado -y logrado, pues ya se puso en marcha en 2023- Pedro Sánchez y lo que milagrosamente ha suspendido cautelarmente el Tribunal Supremo, en quien hoy reposa la defensa de nuestra democracia, puesto que un número tan elevado de votantes distribuido por diferentes circunscripciones puede alterar sustancialmente los resultados electorales. Confiemos en que se declare nula esa Instrucción con la consiguiente revocación de las nacionalidades otorgadas ilegalmente. Si el Tribunal Constitucional adoptara la decisión de revisar una cuestión que es de estricta legalidad, mucho me temo que estaríamos ante una gravísima prevaricación.

La pulsión antidemocrática de querer blindar políticas

Parece que Pedro Sánchez anda un tanto desesperado, porque sabedor de que su palabra vale menos que una etiqueta de anís del mono -como dice con salero Juan Manuel de Prada cuando habla de algunos títulos universitarios-, pretende convencernos de la verdad de sus promesas asumiendo el compromiso de que reformará la Constitución para garantizar algunas de ellas. De momento, se ha referido al derecho al aborto y a que las pensiones se revaloricen conforme al IPC. Obviamente, esto es un brindis al sol, puesto que carece de la mayoría necesaria para acometer este tipo de reformas. Pero lo verdaderamente grave es este confesado deseo de querer blindar políticas para dejarlo todo atado y bien atado, por utilizar las famosas palabras de Franco. 

Quien plantea una reforma de la Constitución debería hacerlo partiendo de una actitud de apertura al consenso con la mayor parte de fuerzas políticas, puesto que en la Constitución debemos vernos reflejados la inmensa mayoría de los ciudadanos. Disponer de una mayoría coyuntural que permita la reforma constitucional puede ser legal, pero la fuerza moral de estas iniciativas depende de que cuenten con un amplísimo respaldo ciudadano. Por eso señalaba en anteriores entradas que, incluso si el PP y Vox dispusieran de una mayoría capaz de poner en marcha reformas constitucionales, sería conveniente que antes de plantearlas convocaran referéndums consultivos conforme al art. 92 CE para impulsarlas si verdaderamente cuentan con un amplísimo respaldo popular.

Todos querríamos que las pensiones se revalorizaran conforme al IPC o incluso, si es posible y conveniente, por encima de ese dato. Pero es una temeridad condicionar las políticas que haya que poner en práctica en el futuro, puesto que puede haber buenas razones para que no suban conforme al IPC, como está sucediendo durante años con el sueldo de los empleados públicos. La Constitución no está para eso, sino para, como he apuntado, forjar grandes acuerdos en torno a los derechos fundamentales y al funcionamiento de nuestro sistema jurídico y político. En estos detalles se detecta quién es un gobernante que cree en la democracia y quién un zascandil que no admite otras políticas que las suyas. En realidad, todo es puro teatro, porque para Sánchez la política es un juego de poder. 

La izquierda exacerba el miedo a la derecha y se lanza a las protestas violentas

La estrategia de los partidos de izquierda en estas elecciones consiste en exacerbar el miedo a un gobierno de la derecha que, según ellos, traerá recortes de todo tipo. No les importa demonizar al adversario político con mensajes simplistas, maniqueos y falaces. El beso de Sánchez a su mujer ha sido el preámbulo para que el PSOE adopte el eslogan de “el partido del amor” al tiempo que identifican a la derecha con el odio. Así de burdo. Sánchez ha dicho hoy que “de eso van estas elecciones: de amor o de odio”. Todo pura emotividad para llegar a las vísceras del elector. Además, los grupos más exaltados se lanzan a las calles para impedir que Vox pueda defender sus ideas libremente. Se les niega el derecho a hablar calificándolos de “fascistas” cuando los intolerantes son precisamente quienes les impiden expresarse con libertad. También se han visto manifestaciones de pensionistas con banderas republicanas defendiendo sus pensiones frente a la supuesta amenaza de un gobierno de derechas, y esta noche se han producido graves incidentes en Barcelona que han obligado intervenir a la policía para evitar los saqueos que se estaban produciendo.

La serenidad con la que están reaccionando el PP y Vox es admirable y espero que mantengan la calma y no cometan el error de pagar con la misma moneda. En realidad, son grupos extremadamente minoritarios que alcanzan visibilidad por las imágenes que se difunden por televisiones y redes sociales. Es la rabia ante el temor a perder el poder. La resistencia frente a que el pueblo se exprese libremente y juzgue qué le parece una legislatura sin presupuestos, con los golpistas catalanes amnistiados e indultados, con gravísimos casos de corrupción, y con un ataque gravísimo a la soberanía nacional que sigue sin respuesta. Se teme que el pueblo hable con libertad e incluso Sánchez ha puesto en marcha su especialidad: alterar el censo para manipular el resultado electoral. Es enormemente grave, por lo que si Sánchez sigue en el poder estoy convencido de que terminará de volar el sistema político nacido de la Transición.

Todo esto ha sucedido con la connivencia de muchas personas que estando al frente de las instituciones han sido incapaces de actuar conforme a lo que exigía la dignidad del cargo. Me refiero especialmente a los magistrados del Tribunal Constitucional que han avalado la amnistía consagrando así la desigualdad entre los españoles. No se debe tolerar en silencio la mentira y la agresión constante al Estado de Derecho. No es necesario gritar ni hacer aspavientos, pero callar no es una opción para todo aquel que ama España y la democracia.

Los bailecitos de Maduro, Trump, y ahora Sánchez

Y ahí lo dejo. Si ve a un candidato bailar, témase lo peor.

Los decretos de vivienda se convierten en un vomitivo trágala

Las encuestas electorales reflejan que el PSOE encuentra su principal nicho de votantes entre personas mayores de 45 años. Muchos de esos votantes pueden ser propietarios de vivienda, por lo que no creo que el empecinamiento de Sánchez por aprobar sus decretos de vivienda les agrade. El comportamiento antidemocrático al sacarlos por las bravas no deja lugar a dudas: bien está que crea y defienda unas medidas que considera buenas, pero imponerlas en un trágala contra de la voluntad de los representantes de los ciudadanos no es propio de un demócrata. Después del trágala sube al púlpito a endilgarnos la homilia con el mensaje de que es por nuestro bien, y que todo es pura humanidad.

El día nos deja, además, la cantada decisión de Conde-Pumpido avalando la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación. Enterrada quedó la igualdad, y tampoco importa que se robe o malverse, porque o se amnistía o se indulta. Ante este panorama desolador Sánchez no debería obtener ni un solo escaño. Ojalá pague todo el daño que está haciendo.

¡Elecciones el 29-N!

Como era de esperar, Sánchez trata de aprovechar la movilización de la extrema izquierda en torno a la vivienda para mejorar su resultado electoral. Algo tenía que inventar para buscar ventaja, así que mejor que sea con esto que dividiendo todavía más en defensa de un cambio de sistema. La fecha es “limpia”: no hay vacaciones ni puentes, por lo que no hay excusa para votar por el cambio y acabar políticamente con alguien tan sumamente pernicioso. Si Sánchez volviera a ser investido, la degradación institucional se intensificaría y la democracia recibiría un golpe letal. Por tanto, creo que se puede ver luz al final del túnel, aunque no hay que descartar ningún sobresalto que nos impida votar en paz.

Populismo

La bronca parlamentaria que está generando el intento de la izquierda de sacar adelante los dos decretos sobre la vivienda tiene su origen en el planteamiento falaz, demagógico e irresponsable de quienes los han impulsado. Los decretos Maricarmen nos están permitiendo ver la cara más peligrosa del populismo. Ayer decía Sánchez que esto no tiene que ver con las ideologías, sino que se trata de una cuestión de humanidad. La izquierda convierte el problema de vivienda que ellos mismos han generado con su malhadada ley en un debate maniqueo entre buenos y malos. 

Los partidos políticos que son estigmatizados mediante esta artimaña pueden temer la reacción emocional de los ciudadanos. Vemos que artistillas de medio pelo como Amaia sale a un escenario pidiendo el “Decreto Maricarmen” con la seguridad de que será vista como alguien sensible y comprometida. Es la estrategia populista que tan bien le funciona a la izquierda: hacer de la política un campo de batalla en el que ellos son los buenos debido a sus buenos sentimientos. 

Es difícil salir airoso de un debate político en el que priman los discursos en tono melifluo y lastimero (luego, cuando se constata su fracaso, el lenguaje se torna agresivo y amenazador) que camuflan las peores intenciones y, sobre todo, medidas absolutamente disparatadas, como cualquier persona capaz de razonar podría comprobar. Pero poco importa que las medidas sean un desastre cuando prima la emoción y la política excita las peores pasiones, que afloran como resultado de la frustración por creerse víctima de los "malos": partidos de derecha, fondos buitre, especuladores, inmobiliarias tramposas, etc. El populismo demoniza a determinados sectores de la población, divide, polariza e instiga el odio. A ese encanallamiento que movilice a sus posibles votantes lo fía todo Sánchez. Necesita a unos ciudadanos que sientan mucho y piensen poco. No creo que le baste para conservar el poder, pero quizá sí para ir acumulando sacos de arena en la trinchera.

Pasen y lean la primera página del Decreto de vivienda

La primera página del Real Decreto sobre vivienda, aprobado por el gobierno ayer y publicado hoy en el BOE, merece ser reproducida para que cualquier ciudadano de bien sepa en manos de quiénes estamos. Supongo que finalmente no se aprobará esta norma; quizá Sánchez cuenta con ello y sólo desea desviar la atención de Ceuta, culpabilizar a otros del problema de la vivienda, y agitar la calle. En todo caso, si el sectarismo y la mentira deben ser combatidos siempre, verlos plasmados en una ley que debe buscar el bien común es muy preocupante. Hay muchos colegas que me confiesan su pesimismo ante la situación que estamos viviendo, y los entiendo perfectamente. Todavía no me he rendido, pero textos como el que voy a reproducir me recuerdan la zozobra con la que muchos de nuestros antepasados contemplarían atónitos la degradación de la política que nos condujo al abismo.

Lean, por favor. La negrita es mía: 

“Durante las últimas décadas, España ha sufrido diferentes crisis en materia de acceso a la vivienda que han afectado a distintas generaciones. Si bien todas ellas han sido de diferente naturaleza y origen, coinciden, sin embargo, en su efecto: la restricción del derecho a la vivienda en condiciones dignas y adecuadas para amplios sectores de la población y, en particular, para las clases medias y trabajadoras. La crisis actual es poliédrica y multicausal, pero no se entiende sin retrotraerse a la anterior crisis inmobiliaria, la del año 2011. Y que cumple con todas las características para ser catalogada como una emergencia habitacional. Tampoco se puede obviar su claro impacto en la sociedad, siendo el problema de la vivienda una de las principales preocupaciones ciudadanas, tal y como recogen los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tampoco su impacto económico, con potenciales efectos adversos sobre el bienestar, la movilidad laboral y la evolución, por consiguiente, de la economía en el medio y largo plazo. Esta situación implica una clara demanda social a favor de la regulación para garantizar el derecho y que tiene como elemento de inflexión el triste y dramático y desahucio de Mari Carmen Abascal. Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna. Esta mujer es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización. Sin duda, este caso confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias que permiten que situaciones así se produzcan y que es urgente subsanar legalmente”.

Primer apunte. ¡Nada menos que Maricarmen Abascal es víctima de las leyes de Franco! Parece increíble afirmar algo semejante cuando es precisamente esa legislación la que le ha permitido seguir en su vivienda durante muchísimos años. Si hubiera podido subrogarse válidamente en el contrato de sus padres, un alquiler de renta antigua, seguiría en esa casa.

Segundo apunte. Señalan que la crisis de la vivienda es poliédrica y multicausal, pero que no se entiende sin retrotraerse a la crisis inmobiliaria que sitúan en 2011. La gran crisis de las hipotecas subprime, que tuvo su origen en Estados Unidos, se empezó a sentir en España en 2008 -recuerden el debate Solbes v. Pizarro comentado en el blog- y la recesión comenzó en 2009. Fue una crisis económica que paralizó la construcción y provocó que los precios de las casas se hundieran (pueden comprobarlo en cualquier histórico de precios), y también bajó el de los alquileres. Uno de los principales expertos en el mercado inmobiliario, Borja Mateo, pronosticaba que el precio de las viviendas iba a seguir cayendo y aconsejaba -se comprobó que tenía razón- vender cuanto antes para no perder dinero e irse a vivir de alquiler. Es decir, la crisis inmobiliaria que comenzó en 2008 no tiene nada que ver con la actual, pero pretenden vincularla: la sitúan en 2011, precisamente el año de las elecciones generales en que Rajoy ganó por mayoría absoluta. Es una verdadera indecencia mentir con el propósito de no asumir la responsabilidad.

Tercer apunte. Hablando de responsabilidad, obsérvese cómo con una desvergüenza total cargan la responsabilidad en las administraciones “competentes” que no han dado “cumplida satisfacción a la regulación vigente”. Si fuera cierto que la responsabilidad es de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ¿para qué este Decreto? Se está poco menos que admitiendo que la administración central no puede paliar el problema, ¿no? Es una gigantesca muestra de demagogia, pero lo más grave es que millones de personas -propietarios e inquilinos- están sumidos en la máxima incertidumbre, justo lo peor que puede suceder. El mercado del alquiler estaba herido; si este Decreto saliera adelante no tengo la menor duda de que muchísimas personas pueden olvidarse de acceder a una vivienda. Pero creo que no se aprobará, porque el gobierno no dispone de mayoría para gobernar, como acredita que vayamos a pasar una legislatura entera sin presupuestos.

Impresionante: Bildu se preocupa de que la gente deba abandonar sus pueblos

En plena negociación contrarreloj del gobierno para sacar adelante el decreto de vivienda, impresiona leer que Bildu se opone a los desahucios afirmando: "Desarraigar a la gente de sus pueblos, obligarla a irse a otros lugares, no es la forma de construir una sociedad normalizada". Esto lo dicen quienes apoyaron y justificaron el terrorismo que provocó que cientos de miles de personas abandonaran el País Vasco. En fin, sin mayores comentarios. Oskar Matute, en nombre de Bildu, también defiende que se prohíba desahuciar a familias vulnerables si no hay alternativa habitacional, con lo que, como comentaba en la anterior entrada, se pretende que el peso de la política social recaiga sobre los propietarios. ¿No son capaces de entender estos políticos que con una medida así, aunque se logre impedir el desahucio de los actuales arrendatarios “vulnerables”, están condenando a no poder acceder a una vivienda a todos aquellos aspirantes a inquilinos que el propietario sospeche que pueden llegar a ser “vulnerables”? Ni lo entienden los políticos de izquierda, ni sus votantes, incapaces de ver que la alternativa habitacional de los partidos a los que han votado es la tienda de campaña con la que hacen noche en la Puerta del Sol.

Sobre las protestas ante el problema de la vivienda

Las protestas por la dificultad de acceder a una vivienda en España se han intensificado por la repercusión mediática del desahucio de Maricarmen. Cualquier persona entiende el sufrimiento de alguien que llega a una edad avanzada y se ve obligado a abandonar la vivienda en la que ha vivido gran parte de su vida. También indignan estos casos dramáticos de propietarios que ven cómo un “inquiokupa” disfruta de su vivienda mientras ellos no tienen donde vivir. Sin embargo, nadie se manifiesta por los propietarios que injustamente no pueden recuperar su inmueble. Un problema de tanta envergadura no debe ser abordado con demagogia y mucho menos ser esgrimido como arma arrojadiza para obtener rédito electoral, que es precisamente lo que se está haciendo. Digo esto porque, además de comprobar que las movilizaciones tienen un claro sesgo de parte, hasta ahora jamás había visto una campaña publicitaria en la que un gobierno presumiera de las bondades de una ley -la ley de vivienda- y trasladara el mensaje de que los responsables de que no se aplique son las comunidades autónomas. Al culpabilizar a otras administraciones es imposible hacer autocrítica, más necesaria que nunca.

Pocos días antes de que se aprobara la ley de vivienda, expuse en el blog mi opinión crítica con esta norma e hice un pronóstico sobre lo que sucedería tras su entrada en vigor. Creo que la situación actual confirma aquel diagnóstico que por otra parte coincidía con el de muchos expertos. El problema de la vivienda no se puede resolver fácilmente a corto plazo, pero las medidas más aconsejables para resolverlo pasan por aumentar la oferta, justo lo que ha hundido esta catastrófica ley. Para aumentar la oferta lo más importante es proporcionar seguridad jurídica: todo propietario debe tener la certeza de que su propiedad será respetada, y que no tendrá que soportar impagos por dilatados periodos de tiempo hasta recuperar su vivienda. Si no es así, ¿quién va a arriesgarse a alquilar sin suficientes garantías? Teniendo esto claro, lo siguiente es prohibir los alquileres turísticos en aquellos lugares donde limiten la oferta residencial, y controlar que los de temporada no se realizan en fraude de ley. Los turistas que quieran venir a España tienen muchas posibilidades: hotel, casa rural, camping o apartamentos de temporada. También es importante que aquellos propietarios que alquilen a personas con mayor vulnerabilidad reciban los máximos incentivos fiscales y tengan la seguridad de que podrán recuperar su propiedad en caso de impago. Por tanto, no debe aprobarse una medida general que prohíba los desahucios de personas vulnerables, porque no debe recaer sobre un propietario la responsabilidad de la política social. En un caso como el de Maricarmen, suponiendo que el propietario tiene justo título para recuperar su vivienda, son los poderes públicos quienes deben proporcionar a esta señora una vivienda social. Para atender a estos fines deben ir nuestros impuestos. Finalmente, hay que impulsar vivienda pública y facilitar los trámites para que la iniciativa privada pueda poner en marcha promociones.

Por lo que se empieza a ver, no vamos en esa dirección. Seguimos instalados en la división, en una polarización que se extiende cada vez más por la sociedad. Enfrentar a propietarios e inquilinos es una verdadera insensatez. El legislador debe ajustar sus relaciones, facilitarlas para que ambos se beneficien de un marco adecuado de derechos y obligaciones. La extrema izquierda -Sumar y Podemos- se está posicionando claramente del lado de los inquilinos por considerarlos la parte más débil desde el punto de vista económico. Es verdad que en la mayor parte de ocasiones el inquilino presenta un mayor riesgo de verse en una situación de necesidad, pero el error consiste en hacer recaer sobre el propietario el coste de solucionar esa situación. El gobierno, una vez más, deriva la responsabilidad a otras administraciones, lo cual es una constante en su forma de actuar. Entonces para qué tenemos un ministerio de la vivienda. ¿Acaso no se puede impulsar un plan nacional de vivienda social? Los más de ocho años de Sánchez en el poder dejan patente que ha agravado el problema. Otra razón más para que rinda cuentas en las urnas.

La confirmación de que el CNI informó ha de tener consecuencias

Los medios de comunicación están publicando en portada que el CNI informó a España y a Marruecos de que 180.000 personas estaban preparándose para entrar en Ceuta uno o dos días antes de la invasión. Con una investigación en curso ante la Audiencia Nacional por graves delitos relacionados con la seguridad del Estado, no acierto a ver cómo es posible que determinados miembros del gobierno, empezando por su presidente, puedan eludir la imputación. De momento, consta la noticia. Espero que pronto la opinión pública refleje una todavía más enérgica exigencia de que Sánchez dimita y se convoquen elecciones urgentemente. Pero con su cara de aleación de titanio hoy ha afirmado que si el PSOE es imputado seguirá en su puesto defendiendo la presunción de inocencia de su partido, y que Zapatero hará campaña para el PSOE. Ver para creer. Este hombre ha perdido el juicio.

El informe PISA confirma el hundimiento de la educación en España

Me congratula ver la importancia que los periódicos han otorgado a los catastróficos resultados de España en el Informe Pisa. La conclusión no admite dudas: la educación de nuestros hijos refleja unas carencias alarmantes en competencias tan elementales como poder leer un texto y comprenderlo, y ya no digamos nada del bajísimo nivel en materias como matemáticas. No puede culparse de estos resultados a una inexistente masificación de la enseñanza, puesto que el número de alumnos en las aulas es muy inferior al de hace unas décadas. Las principales causas que se citan son la presencia constante de pantallas y móviles, y la ausencia de una cultura del esfuerzo que ha dado paso a un modelo de enseñanza que para no generar frustración u otros problemas opta por el aprobado fácil. El informe destaca que cada vez hay menos alumnos excelentes, natural consecuencia de igualar por lo bajo.

Quienes nos dedicamos profesionalmente a la educación universitaria llevamos percibiendo este desastre desde hace años con una completa impotencia. Es descorazonador pedir que los estudiantes lean textos y ver que no sólo les falta voluntad, sino que son incapaces de hacerlo. Dan muchísima pena, porque les han robado una de las mayores riquezas que una persona puede atesorar, el conocimiento. Los bienes materiales vienen y van, pero tenemos el deber de transmitir el conocimiento, la sabiduría y las virtudes a nuestros hijos. No es su fracaso, sino el nuestro. Les hemos fallado y estamos comprometiendo el futuro de España.

Mención especial merece el resultado de País Vasco y Comunidad Valenciana. Curiosamente, dos comunidades con lengua propia que se utiliza como lengua vehicular de la enseñanza. Además de estas lenguas, se insiste en el inglés y a ellos suman los colegios privados otra lengua extranjera para hacer de nuestros alumnos casi un Carlos V. El desastre se extiende a los colegios privados, incluso más que a los concertados. Algunos padres que apuestan por estos centros cometen el error típico del nuevo rico de creer que pagar es sinónimo de buena enseñanza. Son colegios que para ganar más dinero se embarcan en metodologías docentes ligadas a la tecnología y la guinda consiste en hacer la pelota a los alumnos hasta el punto de “agradecer” su trabajo en clase. A los padres se les cae la baba leyendo los buenos comentarios sobre sus hijos (así los mantienen en el colegio), y luego no comprenden cómo es posible que cuando llegan a la universidad suspendan casi todas las asignaturas. Saben en teoría varios idiomas y no son capaces de leer un libro. Urge un cambio de rumbo.

Sánchez apunta al Rey en la sesión de baño y masaje con Aimar Bretos

La entrevista -por así llamarla- de Aimar Bretos (un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, como decía Fernando Galindo, el personaje protagonizado por López Vázquez) a Sánchez en la cadena Ser ha evidenciado, una vez más, la catadura moral del personaje, que sigue haciendo méritos para ocupar una posición destacada entre los mayores felones de la historia de España. Uno no sabe por dónde empezar, dada la gravedad de las mentiras. Según el dandi estragado, la culpa es de cualquiera que no sea Marruecos, afirmación falaz y absurda que rechazan todas las formaciones políticas, incluida su propia ministra de Defensa. Luego está eso de que nadie ha hecho más por Ceuta que su gobierno y que, además, saldrá reforzada. Me imagino lo que habrán sentido los ceutíes al escuchar semejante declaración. Seguimos con la reivindicación de su derecho a tener vacaciones, que si ha sido escuchada por Zelensky todavía pensará que el traductor se está quedando con él. Y atención a cómo desprecia a Aznar en su decisión de mandar a los boinas verdes a recuperar el islote de Perejil. Su frivolidad y felonía al ver en ello poco más que una patochada confirma que España está en manos de un agente de Marruecos. Para qué seguir: una auténtica vergüenza que supongo que abochornará a cualquier simpatizante del PSOE que todavía conserve algo de decencia. 

Punto y aparte merece la mención al Rey. El masajista Aimar Bretos aplicó las manos con suavidad en forma de pregunta: “¿Ha estado sobre la mesa un viaje del Rey a Ceuta?”. Podía responder en un sentido u otro, sin poner en la diana al monarca con reproches absurdos, puesto que el Rey no va a viajar allí sin la autorización del gobierno. Pero no se ha conformado con una respuesta neutra, sino que se ha lanzado al ataque contra Felipe VI. Se ha permitido la falsedad -no corregida por el masajista, a esas alturas ya convertido en utillero- de afirmar que el Rey lleva veinte años de reinado (luego lo querrá maquillar diciendo que quería decir que hacía veinte años de la última visita de Juan Carlos I), pero lo ha dicho en un tono de reproche que confirma que en su estrategia de sacudir y polarizar a la sociedad española apunta contra la monarquía. Será su mayor error. Al igual que Zapatero, Sánchez va a dejar el cargo muy joven. Le quedará un largo horizonte para ser muy consciente de cómo va a pasar a la historia. Pero antes, muy probablemente, deberá verse las caras con la justicia.

Otra hipótesis

Sigo preguntándome qué pretende Sánchez al permitir la degradación de la situación en Ceuta. En el anterior post barajé la hipótesis de la firmeza “in extremis” contra Marruecos; pero si ya de por sí resulta bastante inverosímil, creo que las comparecencias de Marlaska y Albares permiten aventurar otra hipótesis, más en la línea de la estrategia típica de Sánchez, aunque también disparatada. En un alarde de desfachatez, que provocaría alipori si no estuviéramos viviendo esta situación con suma indignación, no se les ha ocurrido otra cosa a estos ministros que afirmar que la movilización de los ceutíes para acabar con los asentamientos y expulsar a los invasores está alentada por los discursos de odio de la extrema derecha. 

Que los españoles no hayamos sido capaces de mandar democráticamente a Sánchez al espacio sideral no dice demasiado en nuestro favor, pero pensar que la gente va a responsabilizar a la derecha de lo que está pasando es tomarnos por más tontos de lo que somos. Cualquiera puede entender la indignación de los ceutíes al ver su ciudad invadida, arruinada, y sin poder llevar una vida normal después de casi un mes. Es totalmente comprensible que se movilicen ante la felonísima inacción del gobierno. Semejante reacción no tiene nada que ver con ninguna ideología, sino con poder seguir con su vida, lo mismo que desearía un vecino de cualquier ciudad española. Sin embargo, mientras solivianta a los ceutíes, que le ven disfrutando de su piña colada en Lanzarote mientras escucha su playlist, Sánchez no tiene problema en que se generalicen estos incidentes, cada vez más graves, con el fin de culpar a la derecha. 

Cualquier hipótesis que trate de explicar racionalmente lo que está haciendo Sánchez es disparatada, porque nada justifica que un dirigente esté de vacaciones cuando la integridad territorial de su país se ve amenazada. Si el PSOE y la izquierda insisten en responsabilizar a la derecha de los enfrentamientos que puedan producirse en Ceuta, quizá viendo en ello una estrategia brillante y maquiavélica urdida por zangolotinos como Iván Redondo, que disfrutan vistiendo bata blanca y examinando la política en una pipeta, descubrirán que nadie se lo traga. 

¿Tiene Sánchez algún propósito oculto al dejar que escale la crisis con Marruecos?

Sigo perplejo e indignado con el escandaloso comportamiento de Sánchez yéndose de vacaciones cuando la situación de Ceuta es insostenible y Marruecos sigue aumentando la tensión, profundizando en el desafío. Un político que desempeña un cargo es un servidor público y, por tanto, sus vacaciones y otros derechos laborales decaen ante las urgencias que plantea la propia realidad. Estoy convencido de que Sánchez no desconoce el coste que su comportamiento indigno y felón puede tener en su imagen pública ya suficientemente hundida. De ahí que haya que preguntarse, como siempre sucede con este personaje, qué intenciones alberga dejando que la situación en Ceuta se siga degradando y permitiendo que Marruecos se envalentone con declaraciones cada vez más retadoras. ¿Se ve acaso fuera de la Moncloa y acosado por los escándalos de corrupción se regala un carpe diem vacacional con su amada esposa? No creo que sea el caso, así que hay que barajar otras hipótesis.

Se habla mucho del apoyo que los Estados Unidos e Israel están proporcionando a Marruecos, lo que convertiría a este país en un enemigo temible. Sin duda Marruecos puede generarnos muchos problemas, sobre todo favoreciendo la llegada de africanos que desean entrar en Europa, o directamente organizando la invasión de nuestras ciudades y enclaves norteafricanos. Tenemos en el recuerdo la Marcha Verde sobre el Sáhara -que debería servirnos como enseñanza respecto a las consecuencias que tiene no hacerse respetar en las relaciones internacionales (recuerden la reacción de Thatcher ante la invasión argentina de las Malvinas)- y nos inspira temor que algo parecido se organice sobre las españolísimas, en palabras de Robles, Ceuta y Melilla. Percibo que hay mucho miedo a lo que pueda suceder con Marruecos, pero este sentimiento no debe impedir un análisis objetivo de la realidad.

Por mucho que Estados Unidos apoye a Marruecos, a los yanquis no les conviene perdernos como aliados, puesto que en nuestro territorio cuentan con bases militares y somos un Estado perteneciente a la OTAN con unas fuerzas armadas más potentes de lo que la gente se piensa, casi al mismo nivel que Alemania, por encima de Polonia. Nuestro gasto militar anual supera en quince mil millones anuales al de Marruecos, aunque ellos realicen un esfuerzo mayor en porcentaje del pib dedicado a defensa. Pero si dejamos a un lado la pura fuerza militar y pasamos a examinar la economía, podrán comprobar que el PIB de España ocupa el puesto 14 con 2090 miles de millones de dólares y Marruecos el 60 con 194,33 miles de millones de dólares (justo por detrás de Cuba, fuente https://www.worldometers.info/es/pib/pib-por-pais/). Es decir, la economía de España es casi once veces mayor a la de Marruecos y, además, forma parte de la Unión Europea.

En definitiva, estos datos reflejan que nosotros también le podemos causar algún "problemilla" a Marruecos, máxime cuando buena parte de su población no está muy feliz con el régimen tiránico que allí gobierna. Es evidente que Sánchez sabe esto perfectamente, así que me pregunto si quizá no está dejando que todo se degrade, que se visibilice una amenaza exterior, para llegado un determinado momento dar un puñetazo encima de la mesa y mostrar una fortaleza que aspire a sintonizar con una corriente de opinión que pida mano firme contra Marruecos. Sé que esta idea parece descabellada, puesto que se dice que Marruecos tiene información sensible sobre Sánchez, que es lo que explica el cambio de posición con relación al Sáhara y la reacción felpuda y genuflexa con Marruecos ante la invasión de Ceuta. Pero Sánchez no tiene ningún escrúpulo, sólo piensa en él, y no conoce el miedo, porque le importa más construir el relato que de él se escriba en los libros de historia que su propio sufrimiento presente. Por tanto, no descartemos un alarde de firmeza frente al moro. Y ya puestos, aunque sea tangencialmente y moleste lo que voy a decir, a todos aquellos que les gustan tanto las fiestas de moros y cristianos les diría que se busquen otra afición. Para mí las relaciones con los moros siguen siendo un problema muy real, así que yo me olvidaría del cimbreo comparsil, del alfanje al viento, del turbante y del habano.

¡Y Sánchez se va de vacaciones!

El título indignado de la entrada lo dice todo. Ante una amenaza gravísima para ciudadanos españoles, no causada por el fuego, sino por un Estado enemigo que amenaza la integridad territorial de España, el jefe del ejecutivo se va de vacaciones a Lanzarote. Por cierto, a una propiedad que Hussein de Jordania, si mal no recuerdo, regaló a Juan Carlos I y que pasó a formar parte de patrimonio nacional, no como sucedió con las joyas de Zapatero, "olvidadas" en una caja fuerte. Que España sobreviva a los gobiernos del PSOE de Zapatero y Sánchez da la medida de su fortaleza. Leo que el Rey ha hecho unas declaraciones en las que muestra su indignación con lo que está sucediendo en Ceuta. Felipe VI es el líder de la nación y con su digno comportamiento lo confirma.

Marruecos se lanza a por Ceuta: España debe defender de su soberanía

La invasión de Ceuta por parte de Marruecos es un acto hostil gravísimo y no ha encontrado respuesta por parte de España hasta el momento. La situación es clara. Se trata de una invasión que amenaza no sólo la integridad territorial de España, sino la propia seguridad de los ciudadanos españoles de Ceuta, que no pueden salir a la calle. Hay que adoptar de inmediato las medidas necesarias para defender la soberanía española. Estas son las consecuencias de tener como presidente a un felón aferrado a un sillón. Puede que haya más altercados y, si el gobierno no reacciona -vergonzoso que Sánchez culpe a las mafias-, creo que el Rey va a tener que tomar cartas en el asunto. Nada de lo que está sucediendo es una sorpresa. Era seguro que esta invasión se iba a producir y lo peor es que tan solo es el aperitivo de lo que se prepara. Marruecos demuestra claramente que es nuestro enemigo, por si alguien no se había enterado todavía.

"¡Penitenziagite!"

Los medios de comunicación informan de que “Julito”, quien pasa por haber sido el testaferro de Zapatero, ha hecho honor a su apodo y le ha dado por dedicarse a la canción ligera. El juez instructor, Calama, quiere que en un nuevo interrogatorio dé el do de pecho y cante como un gran tenor. Tras estas revelaciones, todo apunta a que Zapatero y sus hijas pueden acabar en la cárcel, quizá antes y por más tiempo de lo que imaginamos. Estoy muy lejos de encontrar nada digno de admiración en su trayectoria, pues ha marcado una línea de actuación política contraria al bien común que Sánchez ha seguido y acentuado. Sin embargo, no me alegro del mal ajeno, porque imagino su intenso sufrimiento. Parece que sigue anclado en la estrategia de negarlo todo, como tantos otros. Ese es su principal error, y ahí sigue atrapado. En lugar de adoptar un tono grandilocuente y proclamar su inocencia en contra de toda evidencia, ojalá viviera un acontecimiento capaz de iluminar su conciencia, como un relámpago en medio de la tormenta, y hacerle comprender que lo único que puede salvarle como persona es reconocer el daño causado, contar cuanto sabe, pedir perdón y cambiar de vida. En lugar de enviar al cobrador del Frac reclamando lo robado, quizá habría que mandar a personas vestidas con el hábito franciscano, como los frailes de El nombre de la rosa, recorriendo las sedes de los partidos políticos mientras repiten aquella palabra que pronunciaba Salvatore en la magnífica novela: «Penitenziagite».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se lava las manos con la amnistía

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada ayer ha establecido que la ley por la que se amnistía a los responsables de los hechos relacionados con el proceso independentista catalán no se opone al Derecho europeo. Es importante que tengamos muy claro qué dice la sentencia, porque en modo alguno está avalando que la amnistía como tal esté justificada. La Gran Sala estima que si el Tribunal Constitucional español considera que la medida persigue el interés general, una ley de este tipo no es contraria al Derecho de la Unión. Ni nuestro Tribunal Constitucional ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han entrado a valorar el fondo del asunto, lo cual puede sorprender a los ciudadanos, pero esta es la realidad sobre la que vengo advirtiendo hace tiempo (léanse “La amnistía y el principio de proporcionalidad”).

El debate jurídico sobre la constitucionalidad de la amnistía en España no conduce a la inequívoca conclusión de que esta medida está proscrita por la Constitución. No es concluyente la prohibición de los indultos generales, puesto que la naturaleza jurídica de la amnistía es distinta. Tampoco lo son los debates constitucionales sobre esta materia. La amnistía sólo resultaría inconstitucional si se interpretara que entraña una inaceptable  violación del principio de igualdad ante la ley de todos los españoles (art. 14 CE). Ahora bien, desde el momento en que la generalización del principio de proporcionalidad admite la posibilidad de restringir este y otros derechos fundamentales por razones justificadas cuya valoración corresponde al legislador -dado que el Tribunal Constitucional renuncia a realizar juicios de oportunidad política por el temor a excederse de su función-, era evidente cuál iba a ser el resultado del proceso judicial, tanto en España como en Luxemburgo. Presten atención a lo que les voy a decir: ningún tribunal de justicia ha entrado a valorar si hay auténticas razones de interés general para amnistiar a quienes participaron en el proceso independentista. ¿Increíble? Pues así es.

El Tribunal Constitucional no entró en el fondo y, como seguidamente les voy a mostrar, tampoco lo ha hecho el Tribunal de Luxemburgo. En el punto 116 de la sentencia dictada ayer se señala que “procede tener en cuenta la naturaleza de las leyes nacionales de amnistía y la competencia de los Estados miembros para la aprobación y la aplicación de una ley de este tipo”. Estupendo, vamos a ver qué se dice sobre tan importante cuestión.

Les transcribo literalmente parte de la sentencia, es decir, les proporciono la fuente de la información que como ciudadanos necesitan para saber qué está sucediendo:

“117. En efecto, en virtud de esta competencia, recordada en el apartado 46 de la presente sentencia, en principio los Estados miembros son libres de determinar las condiciones, en particular las de naturaleza procesal, en que se aplica una amnistía aprobada en aras del interés general.

118. Por su propia naturaleza, estas condiciones se apartan de las normas jurídicas ordinarias, por cuanto la amnistía tiene generalmente por finalidad impedir o detener procedimientos y, en caso de que ya se haya impuesto una condena, poner fin a su ejecución.

119. En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas. Lo mismo cabe decir de la obligación, no acompañada de sanciones, de concluir el asunto en un plazo máximo de dos meses.

120. Como ha señalado esencialmente el Abogado General en el punto 129 de sus conclusiones, el legislador nacional está facultado para imponer a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de poner fin a los procedimientos que estén tramitándose ante ellos en las condiciones previstas en una ley de amnistía.

121. En efecto, la determinación de la concreta regulación de la aplicación de una ley de amnistía requiere decisiones políticas que son propias de los Estados miembros, por cuanto implica ponderar intereses divergentes a partir de apreciaciones múltiples. 

122. En el presente caso, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025 [BOE n.º 183, de 31 de julio de 2025, p. 103781 (ES:TC:2025:137)], declaró esencialmente que la amnistía aprobada por la LOA pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación.

123. Habida cuenta tanto de la naturaleza de una ley de amnistía como la LOA, que presenta las características que se han expuesto en los apartados 118 y 119 de la presente sentencia, como de su objeto y alcance, circunscritos a la resolución del conflicto político en torno al proceso independentista catalán, queda excluido que la regulación procesal que se contempla, respectivamente, en el artículo 10, párrafo segundo, y en el artículo 13, apartado 3, de la LOA pueda generar problemas de tal envergadura que presenten carácter sistémico”.

Como ven, el Tribunal de Justicia ha reclamado una palangana y, como en su día hizo Poncio Pilato, se ha lavado las manos. Los “Estados miembros son libres de determinar las condiciones, en particular las de naturaleza procesal, en que se aplica una amnistía aprobada en aras del interés general”. ¿Quién dice que esa amnistía buscaba el interés general y no el interés electoral de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez y los propios beneficiarios de la amnistía. Y para relavarse las manos, la Gran Sala recuerda que “en el presente caso, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 137/2025, de 26 de junio de 2025 [BOE n.º 183, de 31 de julio de 2025, p. 103781 (ES:TC:2025:137)], declaró esencialmente que la amnistía aprobada por la LOA pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación”. Luxemburgo nos dice que el Tribunal Constitucional español declaró que la amnistía pretendía reducir las tensiones institucionales y políticas. ¿Por qué lo dijo nuestro altísimo tribunal? Pues porque no le van a enmendar la plana a quienes se arrogan la representación democrática de los ciudadanos, las Cortes generales. ¿Pero el Tribunal Constitucional no estaba pensado para proteger a los ciudadanos de los abusos de esos “representantes”? Pues sí, pero se les olvidó hace tiempo, y por eso España dejó de ser una democracia constitucional. Y eso es todo, amigos.