El acuerdo entre el PP y el PSOE, anunciado por Sánchez, de abrir un debate sobre la reforma constitucional podría interpretarse como una cesión al chantaje de los independentistas. Teniendo en cuenta la desbandada de empresas que huyen de Cataluña y el temblor de piernas de Puigdemont, parecería que se está ante una buena ocasión para aplicar el 155 sin contemplaciones, convocar elecciones autonómicas y comprobar si se les dobla la mano a los independentistas y se acaba con la "deslealtad inadmisible" a la que se refirió el Rey. Solo entonces -se continuaría interpretando- se podría estudiar si se debe plantear la reforma constitucional. No ahora. Sin embargo, creo que Rajoy y Sánchez han acertado. Ese debate político no paraliza la aplicación del art. 155, y mucho menos los procesos judiciales que se han abierto y se van a abrir contra los independentistas. Por otra parte, es una vía constitucionalmente admisible y, si sirve para calmar los ánimos, bienvenida sea, porque cualquier propuesta de reforma constitucional que afecte al modelo territorial deberá ser aprobada por el conjunto de los españoles en referéndum. Mediante esta decisión creo que por primera vez el gobierno toma la iniciativa y cada vez se ve más clara la derrota de los independentistas. Dicho esto, se plantea la gran objeción: una reforma constitucional implica un nuevo pacto de convivencia. La pregunta es clara: ¿qué se puede pactar con unas fuerzas políticas incapaces de ser leales a la propia Constitución que protege su autogobierno y que les ha permitido alcanzar el poder? Cualquier reforma debe hacerse pensando en el bien común de toda España y jamás en contentar a los independentistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario