Tendré que votar a Ciudadanos

Ya había escrito contra el cupo vasco hace años, pero estos últimos días el asunto ha vuelto a estar de actualidad tras su aprobación por el Congreso de los Diputados con el voto en contra de Ciudadanos y Compromís. Los expertos en la materia afirman que el País Vasco aporta muchísimo menos de lo que debería aportar y, en consecuencia, sus ciudadanos reciben un trato privilegiado con relación al resto de ciudadanos españoles. En una tertulia radiofónica, Ignasi Guardans y Juan Manuel de Prada justificaban el cupo aduciendo que no todas las regiones españolas se incorporaron a la nación de la misma forma y por ello deben respetarse esas peculiaridades. Guardans, además, añadía que la presión fiscal en el País Vasco es superior a la del resto de España, y insistía en el celo con que en dicha comunidad se articulan los procesos de inspección tributaria. 

El origen tradicional de una determinada institución o práctica social no la legitima si es contraria a los valores de la Constitución. De lo contrario carecerían de sentido, por ejemplo, las críticas a la necesidad de reformar la Constitución para consagrar la igualdad del hombre y la mujer en la sucesión a la Corona. Es cierto que la desigualdad consagrada en la Constitución permite ese contrasentido, al igual que no puede negarse que la Disposición Adicional Primera "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales". Pero el argumento de Juan Manuel de Prada consistía en aludir a su origen tradicional como resultado de un pacto que habría que respetar, aunque dichos derechos históricos sean fuente de injusticia y falta de solidaridad. El  Tribunal Constitucional ha declarado que no pueden pervivir instituciones que sean contrarias a los valores constitucionales, por lo que si la fuente de dicha injusticia proviene de los derechos históricos no cabe duda de que resultan altamente discutibles

Podría argüirse que el problema no es el cupo, sino la cantidad en la que se concreta. Perfecto. Vayamos ahí, porque indudablemente lo más adecuado sería tratar de cohonestar la pervivencia de los llamados "derechos históricos" con la justicia, igualdad y solidaridad entre españoles. Aquí la crítica es bien clara: el cálculo del cupo es el resultado de la posición de fuerza del PNV frente a la necesidad del PP de aprobar los presupuestos. El PP podría responder que no tiene otra opción, habida cuenta de que no cuenta con el apoyo del PSOE. No me convence el argumento: no debe aceptar ese chantaje, y, como lo ha aceptado, yo, como valenciano que me siento discriminado, no veo otra opción que votar a un partido como Ciudadanos que finalmente se ha decidido a hacer frente a esta situación inaceptable y votar en contra.

El manido argumento de la sentencia del Estatut

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido el argumento que con más insistencia han utilizado los independentistas para justificar su política. Se ha llegado a afirmar por Javier Pérez Royo (autor de cabecera para podemitas e independentistas) que esa sentencia fue un “golpe de Estado” contra Cataluña. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos preceptos del Estatuto de 2006 -que ya había sido aprobado por las Cortes Generales y votado en referéndum por los catalanes- y, puesto que el PP planteó el recurso que dio origen a dicha sentencia, en última instancia sería este partido el responsable del “golpe” y el causante de que no se haya resuelto el problema catalán. Se trata de un argumento que simplifica y desdibuja la realidad con la intención clara de señalar al PP como principal responsable de lo que hoy sucede en Cataluña, y de insistir en que el Tribunal Constitucional es una prolongación de los partidos políticos y está desacreditado como órgano imparcial.

Los Estatutos de Autonomía forman parte del denominado “bloque de constitucionalidad”. Por consiguiente, parece razonable que, más allá de los requisitos que establece la Constitución para proceder a su reforma y aprobación, se haga lo posible por lograr el mayor consenso posible antes de tramitar su reforma. Sin duda, debería contarse con el apoyo de los dos principales partidos nacionales, el PP y el PSOE, cuya importancia a nivel nacional era todavía mayor en 2006. Apelo a su memoria o a google para que recuerden que la reforma del Estatuto catalán se impulsó por Zapatero de espaldas al PP. Nunca se buscó ningún tipo de acuerdo con este partido y Zapatero sacó adelante el nuevo Estatut con el apoyo de CiU, pues ERC abogaba por la abstención. Conviene recordar esto porque es trascendental. Es decir, el PSOE y los independentistas pretendían no sólo marginar al PP de la reforma de un estatuto que forma parte del “bloque de constitucionalidad”, sino que además pretendían que el PP no recurriera ante el Tribunal Constitucional aquellos preceptos que le parecían inconstitucionales. ¿No les parece que eso es mucho pedir? ¿Cómo creen que habría reaccionado el PSOE en una situación similar? Obviamente, nunca debió tramitarse dicha reforma sin contar con el apoyo del PP. Al margen de ello, la ausencia de un recurso previo de inconstitucionalidad impidió que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la reforma aprobada por las Cortes Generales antes de que se votara por los catalanes, lo cual es un despropósito, sin duda. Pero la culpa de ello no recae ni única ni principalmente en el PP, y tampoco en el Tribunal Constitucional. A mi juicio la principal responsabilidad recae el sectarismo del PSOE, que decidió hacer un cordón sanitario para aislar políticamente al PP.