La sentencia del Tribunal
Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido el
argumento que con más insistencia han utilizado los independentistas para
justificar su política. Se ha llegado a afirmar por Javier Pérez Royo (autor de
cabecera para podemitas e independentistas) que esa sentencia fue un “golpe de
Estado” contra Cataluña. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales
algunos preceptos del Estatuto de 2006 -que ya había sido aprobado por las
Cortes Generales y votado en referéndum por los catalanes- y, puesto que el PP
planteó el recurso que dio origen a dicha sentencia, en última instancia sería
este partido el responsable del “golpe” y el causante de que no se haya
resuelto el problema catalán. Se trata de un
argumento que simplifica y desdibuja la realidad con la intención clara de
señalar al PP como principal responsable de lo que hoy sucede en Cataluña, y de
insistir en que el Tribunal Constitucional es una prolongación de los partidos
políticos y está desacreditado como órgano imparcial.
Los Estatutos de Autonomía forman
parte del denominado “bloque de constitucionalidad”. Por consiguiente, parece
razonable que, más allá de los requisitos que establece la Constitución para
proceder a su reforma y aprobación, se haga lo posible por lograr el mayor
consenso posible antes de tramitar su reforma. Sin duda, debería contarse con
el apoyo de los dos principales partidos nacionales, el PP y el PSOE, cuya
importancia a nivel nacional era todavía mayor en 2006. Apelo a su memoria o a google
para que recuerden que la reforma del Estatuto catalán se impulsó por Zapatero
de espaldas al PP. Nunca se buscó ningún tipo de acuerdo con este partido y
Zapatero sacó adelante el nuevo Estatut con el apoyo de CiU, pues ERC abogaba por la
abstención. Conviene recordar esto porque es trascendental. Es decir, el PSOE y
los independentistas pretendían no sólo marginar al PP de la reforma de un
estatuto que forma parte del “bloque de constitucionalidad”, sino que además
pretendían que el PP no recurriera ante el Tribunal Constitucional aquellos
preceptos que le parecían inconstitucionales. ¿No les parece que eso es mucho
pedir? ¿Cómo creen que habría reaccionado el PSOE en una situación similar?
Obviamente, nunca debió tramitarse dicha reforma sin contar con el apoyo del
PP. Al margen de ello, la ausencia de un recurso previo de inconstitucionalidad
impidió que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la reforma aprobada
por las Cortes Generales antes de que se votara por los catalanes, lo cual es
un despropósito, sin duda. Pero la culpa de ello no recae ni única ni
principalmente en el PP, y tampoco en el Tribunal Constitucional. A mi juicio la
principal responsabilidad recae el sectarismo del PSOE, que decidió hacer un
cordón sanitario para aislar políticamente al PP.
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