En 2006 colaboré habitualmente en el pediódico "Las Provincias". Por aquel entonces ya estaba en pleno apogeo el debate sobre el Estatuto de Cataluña, cuestión de capital importancia pese a que muchos trataran de camuflarlo. Reproduzco en el blog un artículo de entonces en el que apuntaba la difícil situación que se iba a encontrar el Tribunal Constitucional.
"La interpretación despótica de la democracia
Hace tiempo que en Europa enterramos a Rousseau y con él la democracia directa. Desde el principio se pensó que la democracia directa no sólo presentaba dificultades evidentes para su puesta en práctica, sino que era incompatible con la estabilidad que demandaba la burguesía emergente del siglo XIX. Hoy, pese a que las nuevas tecnologías en buena medida podrían realizar la utopía rousseauniana, subsisten poderosas razones contra la democracia directa.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando los representantes del pueblo olvidan su condición y se atreven a afirmar que sus iniciativas se identifican con las del pueblo? Semejante osadía han cometido gran parte de los políticos catalanes al aprobar ese proyecto de estatuto claramente inconstitucional y, sobre todo, profundamente ingrato y desleal con el resto de los españoles. No me refiero a los representantes de ERC y CiU, pues los programas rupturistas de estos partidos, especialmente en el caso del primero, dejan claro que votar a estos partidos implica apoyar iniciativas que vulneran la Constitución española. Pero ¿qué sucede con los votantes del PSC y, por supuesto, con los cientos de miles que no acuden a las urnas? ¿Realmente ese documento lo aprueba el noventa por ciento de los catalanes como desvergonzadamente proclaman estos políticos indignos del puesto que ocupan? Maragall ha realizado una interpretación despótica de la democracia, pero lo grave es que, si Rodríguez Zapatero logra que el PSOE apruebe el texto en el Congreso de los Diputados –no olvidemos que una reforma estatutaria se aprueba por mayoría absoluta, es decir, que no hacen falta los votos del PP-, la fechoría alcanzaría unas proporciones gigantescas y el calificativo más apropiado sería el de alta traición política. Si es más que discutible que Maragall puede afirmar que su electorado respalda ese texto, qué decir del votante socialista del resto de España.
Pero, se me podría objetar, ¿acaso la democracia no ampara la posibilidad de tomar las decisiones que uno cree oportunas cuando ocupa legítimamente el poder, dado que el pueblo se pronunciará en las próximas elecciones? Como se desprende de mis primeras palabras, la crítica a la interpretación despótica de la democracia no implica recuperar la democracia directa. Es necesario entender que existe una diferencia cualitativa entre tomar decisiones impopulares, aunque plenamente democráticas, por ejemplo, la decisión de Aznar de apoyar políticamente la guerra de Iraq, y adoptar decisiones que pueden llegar a desintegrar la nación y socavar los cimientos del Estado. La propuesta de un proyecto tan difícilmente compatible con la Constitución exigía, en el caso del PSC, haberse presentado a su electorado dejando bien claro que se estaba dispuesto a apoyar un estatuto como el que se acaba de mandar al Congreso, y exige, en el caso del PSOE, no aprobar dicha propuesta sin un consenso cualificado que incluya al PP o sin un pronunciamiento explícito del conjunto de los españoles.
El engendro estatutario pretende blindar determinadas competencias autonómicas frente al Estado. Desgraciadamente, no hay sistema político capaz de blindarnos frente a las tentaciones despóticas de quienes ejercen el poder. La experiencia demuestra que el déspota siempre busca el flanco débil del sistema para tratar de imponer su voluntad. En este caso, el flanco débil consiste en que nuestra Constitución no requiere una mayoría cualificada para proceder a la reforma de un estatuto de autonomía. En caso de aprobarse el estatuto por parte del PSOE y sus socios nacionalistas, el futuro de España estaría en manos del Tribunal Constitucional.
Quisiera llamar la atención sobre la curiosa escena que sin duda se produciría si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional los pilares esenciales del proyecto de estatuto. La sentencia del Tribunal Constitucional sería inmediatamente tachada de antidemocrática, dado que doce magistrados estarían impidiendo la entrada en vigor de una norma que, según se diría, tiene el respaldo ampliamente mayoritario del parlamento de Cataluña y de la mayoría necesaria del parlamento español. Así, los representantes políticos interpretan despóticamente la democracia hasta esgrimirla como fuerza capaz de imponerse al Derecho que, si seguimos la tesis que estamos escuchando estos días, no debería servir de “excusa”. Desde luego, si en el PSOE no impera el sentido común nos vemos abocados a esta situación.
Como decía, no hay Constitución que nos blinde frente a las tentaciones despóticas, la falta de sentido común y de patriotismo que hoy en día impera en el gobierno de España. Sin embargo, las dos medidas que, por fin, aunque muy tarde, ha propuesto Rajoy –reformar la Constitución para blindar las competencias del Estado y reformar la ley electoral- son imprescindibles para que España pueda librarse de la tiranía nacionalista.
El art. 150.2, que permite la cesión a las comunidades autónomas de materias de competencia estatal, ha impedido poner coto a las exigencias del nacionalismo catalán y vasco. Por lo tanto, vista la deslealtad mostrada por los nacionalistas, los partidos de ámbito nacional deberían reaccionar mandado al nacionalismo un claro mensaje: la deslealtad tiene un precio y ya toca pagarlo. No es posible que los nacionalistas reciban la impresión de que poner en jaque al Estado sale gratis. Por otra parte, es inconcebible una ley electoral que permite que partidos nacionalistas accedan al parlamento nacional. A mi juicio, sólo partidos con implantación en toda España están en condiciones reales de gobernar para el bien común. No es este el lugar para detallar cómo podría producirse dicha reforma y las dudas de constitucionalidad que podría suscitar, pero su necesidad queda fuera de toda duda.
En definitiva, estamos en un momento crucial de nuestra historia. Yo también pienso, como Rodríguez Zapatero, que el proyecto de estatuto catalán es principalmente una oportunidad. En efecto, es una oportunidad para que España despierte y se libre definitivamente de sus complejos y del despotismo nacionalista".
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