Impresiones sobre la reforma laboral que (aparentemente) pretende Zapatero

Quienes esperaban que Zapatero pusiera sobre la mesa una reforma laboral con medidas claras es que todavía no conocen al personaje. Los analistas indagan por dónde irán los tiros y casi todos llegan a la conclusión de que la reforma zapateril consistirá básicamente en aumentar los supuestos que se podrán acoger al contrato de fomento del empleo, cuya indemnización en caso de despido es de 33 días por año trabajado, y en ampliar los casos de despido procedente por causas económicas, que tienen una indemnización de 20 días por año trabajado.

De las dos medidas apuntadas la verdaderamente importante es la segunda, porque es difícil extender mucho más los requisitos para acogerse al contrato de fomento del empleo (en la actualidad sirve para contratar a jóvenes entre 18 y 29 años, ambos inclusive, parados de larga duración que lleven al menos un año inscritos como demandantes de empleo, mayores de 45 años de edad y minusválidos). Sin duda se pueden introducir retoques, pero la repercusión práctica será escasa.

La segunda medida es Zapatero en estado puro. Zapatero no está dispuesto a presentarse ante la sociedad como un presidente que abarate el despido, así que parece que va a proponer que se amplíen los supuestos en los que se está ante un despido procedente por causas objetivas, lo cual se traduce lógicamente en abaratar el despido, ya que situaciones que antes se consideraban despido improcedente (indemnización de 45 días por año trabajado) ahora se considerarán despido procedente (indemnización de 20 días por año trabajado). ¿Qué les decía el otro día cuando hablada de la concepción que tiene Zapatero de los derechos de los trabajadores? Formalmente los conceptos siguen siendo los mismos aunque su aplicación varía, y ello le permite seguir afirmando que los trabajadores no pierden derechos. Lo cierto es que situaciones que ahora se considerarían despidos improcedentes en el futuro dejarían de interpretarse así. Sí, paciente lector, lo ha comprendido perfectamente: los trabajadores pierden derechos.

Pero no se vayan todavía porque aún hay más. ¿Quién determina en último término si un despido es procedente o improcedente? En efecto, los jueces. Esto significa que la ampliación de las causas de despido procedente sólo supone un menor coste para el empresario si luego un juez lo corrobora. Si se aprobara un contrato indefinido con un coste de despido de 20 días por año trabajado, el empresario sabría con certeza qué le costaría despedir a los trabajadores que contrate. En cambio, la medida a la que apunta el gobierno requiere la confirmación de un juez. Obviamente la redacción de la ley puede generar bastante certeza sobre cómo terminará el asunto, pero la distancia entre la ley y la sentencia siempre es mayor de lo que se piensa. Con esta reflexión quiero señalar dos cosas:

En primer lugar, si tienen hijos con edad de entrar en la Universidad, aconséjenles que estudien Derecho y que luego se especialicen en Derecho del Trabajo porque faena no les va a faltar. Una reforma de este estilo universalizará la judicialización de las relaciones laborales, lo cual incrementará los costes para los trabajadores, para las empresas y para el contribuyente.

En segundo lugar, una reforma de este estilo no ofrece al empresario certeza sobre el coste del despido, ya que será el juez el que en último término aprecie la existencia real de una causa objetiva. Esa incertidumbre puede desalentar la celebración de contratos indefinidos.

Finalizaré aclarando que no estoy en contra de una reforma laboral que prive de derechos a los trabajadores. Lo que no me parece de recibo es engañar, ser incapaz de decir las cosas con claridad. Sé que la política tiene miserias y servidumbres, pero la situación de España es lo suficientemente grave como para a estas alturas ir camuflando una reforma laboral y tener como único objetivo evitar el desgaste político.