El paro en máximos históricos, los precios subiendo y la economía que apenas crece. Los halagos de la prensa internacional a la política económica que ha seguido en los últimos dos años Zapatero no deben confundirnos. Aplauden un ajuste que hace pensar que podremos pagar nuestras deudas, lo cual sin duda es importante, pero en economía de lo que se trata es de trabajar y generar riqueza para vivir lo mejor posible. Y, como cualquiera puede apreciar, en esto no levantamos cabeza. La situación es desesperada. Fíjense que a los casi cinco millones de parados se tienen que sumar los que va a arrojar la reestructuración del sector bancario. Y a ello añadan la subida del euribor, el precio de la electricidad y el gas, y el de la gasolina. Como bien sabe usted, querido lector, somos mucho más pobres que hace cuatro años.
¿Cuál es la solución? En otros post me he referido a reformas estructurales imprescindibles para mejorar nuestra economía, pero ahora hay que incidir en lo urgente.
1. Lo primero es correr un riesgo que sólo un nuevo gobierno puede asumir: bajar los impuestos que gravan la iniciativa económica. Ante la necesidad de reducir el déficit los socialistas, al margen de recortar gastos –el tijeretazo o ajuste-, nos han freído a impuestos. Ahogar a las economías domésticas no es el camino para salir de la crisis, sino para demorarla, con lo cual, al final, el ajuste todavía será mayor porque habrá que afrontar nuevos gastos sin nuevos ingresos. El riesgo que el nuevo gobierno debe correr consiste en confiar en la iniciativa individual y colectiva para poner en marcha la economía. En principio puede pensarse que se recaudará menos, pero ello debe ser compensado con el presumible crecimiento de la economía. Urge, pues reducir impuestos, reducir trámites para la creación de empresas, modificar días festivos y estimular a los sectores productivos que más crecimiento pueden generar, fundamentalmente turismo y sector exterior.
2. Lo segundo es reducir gastos públicos que no sean básicos. Los urgentes para mí son: eliminar o privatizar empresas públicas, en especial las televisiones autonómicas; suprimir subvenciones que no vayan destinadas a proyectos encaminados a satisfacer necesidades básicas; institucionalizar la austeridad con planes de ahorro energético en edificios y ciudades (por ejemplo, en lugar de una farola cada 50 metros, cada 100); eliminar instituciones carentes de sentido como los síndicos de agravios de las comunidades autónomas. En aquellas comunidades que tengan dos idiomas oficiales, aconsejaría prescindir del idioma regional en todos los trámites burocráticos eliminando traducciones y todo lo relacionado con los servicios lingüísticos. Sé que es una medida inviable, pero esto de las dos lenguas oficiales me parece que es para ricos.