El estudio dirigido por el Prof.
Ángel de la Fuente sobre las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas publicado
por el Ministerio de Hacienda contiene valoraciones de sus autores que no son
asumidas por el Ministerio. Pueden leerse en el documento disponible en la web de Fedea (http://www.fedea.net/documentos/pubs/eee/eee2014-03.pdf).
Apenas son tres páginas y un cuadro (el cuadro 22 de la pág. 54) que sirven
para dejar clara la situación de injusticia que se vive en España en función de
la Comunidad Autónoma en la que cada ciudadano resida.
Se preguntan los expertos qué
parte de los saldos fiscales deberían preocuparnos, porque en líneas generales
consideran que el problema no es preocupante: “Un resultado central del análisis que es sin duda extrapolable a
ejercicios más recientes que el analizado es que lo que podríamos denominar el
componente potencialmente preocupante de los saldos fiscales regionales es
relativamente reducido. Casi tres cuartas partes de tales saldos se deben
simplemente a que en los territorios más ricos se pagan más impuestos por
habitante que en los pobres. El cuarto restante proviene de la distribución del
gasto público y aquí sí que hemos encontrado indicios claros de cosas
preocupantes, aunque de una escala en principio manejable”.
Es decir, el déficit fiscal de
las regiones ricas en buena medida se explica porque existe un flujo solidario
hacia las regiones pobres. Pero que esto no es así lo evidencia el superávit
fiscal no sólo de las comunidades forales, sino también de regiones ricas como Aragón o La Rioja. Pero sigamos
con la valoración de los expertos. Según ellos, el gasto preocupante asciende a
11.400 millones de euros, cantidad que bien repartida -esta observación es mía- permitiría a determinadas
Comunidades Autónomas acercarse o cumplir con el objetivo de déficit y por
tanto exigir menos sacrificios a sus ciudadanos. Ellos mismos reconocen que “dentro de este apartado, hemos constatado
que existen diferencias muy notables y muy difíciles de justificar entre unas
regiones y otras en materia de financiación regional y local y que se dedica un
volumen importante de recursos a diversos programas de ayudas regionales (entre
los que habría que incluir las rebajas tributarias de las que disfrutan ciertos
territorios) cuya efectividad convendría valorar”. Por ello, concluyen que “una reforma del sistema de financiación
regional orientada hacia una mayor igualdad podría mitigar de forma muy
significativa los problemas de equidad que hemos identificado en este informe,
especialmente si consigue comenzar a reducir las diferencias en recursos por
habitante ajustado entre las comunidades forales y el resto de España”.
Dejando al margen el gasto
público de ámbito nacional, según ellos hay dos componentes de gasto al que
prestar atención que si se aparta de la igualdad que en principio debería darse
entre todos los ciudadanos, debería cuando menos justificarse: “El primero de estos grupos es lo que hemos
llamado el gasto territorializable en sentido estricto, esto es, la
financiación regional y local, el gasto en infraestructuras y transporte, las
ayudas regionales y el gasto en servicios colectivos o de ámbito local como la
sanidad, la educación o la seguridad ciudadana. El segundo grupo tiene que ver
con la existencia de peculiaridades regionales en la normativa tributaria que
permiten a ciertos territorios disfrutar de sustanciosas rebajas fiscales que,
a los efectos que aquí nos interesan, habría que considerar como ayudas
regionales”. El cuadro 22 y su interpretación no dejan lugar a dudas
respecto al problema, y sobre todo respecto a quiénes son las grandes
beneficiadas y las grandes perjudicadas, es decir quiénes son en España
ciudadanos de primera, de segunda, o
parias tontolculo como nosotros, los valencianos. Escuchen a los expertos
referirse al cuadro 22:“Mirando la última fila del Cuadro, se ve que estamos hablando de unos
11.400 millones de euros o un 1,1% del PIB nacional que se distribuyen entre
regiones de una forma potencialmente cuestionable. Las principales partidas a
considerar son las siguientes. La menor presión tributaria de la que disfrutan
los territorios con regímenes fiscales especiales (Canarias, Ceuta y Melilla y
las comunidades forales) supone una subvención implícita de unos 3.500 millones
de euros a pagar entre todas las demás regiones. Por otro lado, tenemos que
aproximadamente la mitad del “exceso” de gasto territorializable se concentra
también en las comunidades forales, gracias fundamentalmente a una financiación
regional muy superior a la del resto del país. La otra mitad se reparte
desigualmente por el territorio nacional, dejando al litoral mediterráneo y a Madrid
en clara situación de déficit. Sumando ambas partidas y dividiendo por la
población, vemos que las regiones más perjudicadas por la situación existente
en 2011 eran Valencia y Murcia, con déficits por habitante de 808 y 638 euros
respectivamente, seguidas de Andalucía (-361), Baleares (-300), Madrid (-201) y
Cataluña (-176), y que las más beneficiadas eran Ceuta y Melilla (+3.011), el
País Vasco (+2.070), Navarra (+1.479) y Canarias (+1.289)”.
Fíjense en la brutalidad del
dato. Mientras que el gasto que en estos conceptos se distribuye por valenciano
es de -808 euros, el gasto por vasco es de +2.070 euros. Es decir, una diferencia
de 2.878 euros por habitante. Esto se sabía, pero ahora parece que se tiene interés
en que se sepa más, aunque veremos si el gobierno se atreve a coger el gran
morlaco del concierto y el cupo por los cuernos. Como valenciano me parece muy
preocupante la ausencia de vigor por parte de la sociedad valenciana para reivindicar
con energía proporcional a la gravedad del asunto que se ponga fin de inmediato
a esta injusticia flagrante. Contrasta esta situación con las manifestaciones a
favor del Plan Hidrológico Nacional organizadas en su día por el PP. Los catalanes
tienen razón en su enfado, pero nada comparable a lo de Valencia y Murcia, más
de seis millones de ciudadanos maltratados primeramente por gobernantes
incapaces y corruptos (en el caso de Valencia), y por un Gobierno central al que
le importa un bledo el problema mientras el Lehendakari no se ponga detrás de
las romerías independentistas que recorren las calles vascas. El problema
catalán no se explica solo por su déficit fiscal, pero estamos ante un problema
político de primera magnitud que hay que solucionar de una vez por todas
conjugando justicia y solidaridad. No puede ser que Comunidades Autónomas con
menor PIB por habitante financien a Comunidades más ricas, y eso es exactamente
lo que sucede en España con el régimen foral del concierto y el cupo. Por
cierto, ¿han escuchado a los de Podemos decir algo al respecto? Yo desde luego que no. ¿Y qué dicen PP
y PSOE? Tampoco escucho nada sobre el particular a los líderes de estos partidos.
El único partido nacional que sin ambages se ha pronunciado de manera muy clara sobre
este problema ha sido UPyD. Que cada cual saque sus conclusiones.