El informe sobre las balanzas fiscales

El estudio dirigido por el Prof. Ángel de la Fuente sobre las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas publicado por el Ministerio de Hacienda contiene valoraciones de sus autores que no son asumidas por el Ministerio. Pueden leerse en el documento disponible en la web de Fedea (http://www.fedea.net/documentos/pubs/eee/eee2014-03.pdf). Apenas son tres páginas y un cuadro (el cuadro 22 de la pág. 54) que sirven para dejar clara la situación de injusticia que se vive en España en función de la Comunidad Autónoma en la que cada ciudadano resida.

Se preguntan los expertos qué parte de los saldos fiscales deberían preocuparnos, porque en líneas generales consideran que el problema no es preocupante: “Un resultado central del análisis que es sin duda extrapolable a ejercicios más recientes que el analizado es que lo que podríamos denominar el componente potencialmente preocupante de los saldos fiscales regionales es relativamente reducido. Casi tres cuartas partes de tales saldos se deben simplemente a que en los territorios más ricos se pagan más impuestos por habitante que en los pobres. El cuarto restante proviene de la distribución del gasto público y aquí sí que hemos encontrado indicios claros de cosas preocupantes, aunque de una escala en principio manejable”.

Es decir, el déficit fiscal de las regiones ricas en buena medida se explica porque existe un flujo solidario hacia las regiones pobres. Pero que esto no es así lo evidencia el superávit fiscal no sólo de las comunidades forales, sino también de regiones ricas como Aragón o La Rioja. Pero sigamos con la valoración de los expertos. Según ellos, el gasto preocupante asciende a 11.400 millones de euros, cantidad que bien repartida -esta observación es mía- permitiría a determinadas Comunidades Autónomas acercarse o cumplir con el objetivo de déficit y por tanto exigir menos sacrificios a sus ciudadanos. Ellos mismos reconocen que “dentro de este apartado, hemos constatado que existen diferencias muy notables y muy difíciles de justificar entre unas regiones y otras en materia de financiación regional y local y que se dedica un volumen importante de recursos a diversos programas de ayudas regionales (entre los que habría que incluir las rebajas tributarias de las que disfrutan ciertos territorios) cuya efectividad convendría valorar”. Por ello, concluyen que “una reforma del sistema de financiación regional orientada hacia una mayor igualdad podría mitigar de forma muy significativa los problemas de equidad que hemos identificado en este informe, especialmente si consigue comenzar a reducir las diferencias en recursos por habitante ajustado entre las comunidades forales y el resto de España”.

Dejando al margen el gasto público de ámbito nacional, según ellos hay dos componentes de gasto al que prestar atención que si se aparta de la igualdad que en principio debería darse entre todos los ciudadanos, debería cuando menos justificarse: “El primero de estos grupos es lo que hemos llamado el gasto territorializable en sentido estricto, esto es, la financiación regional y local, el gasto en infraestructuras y transporte, las ayudas regionales y el gasto en servicios colectivos o de ámbito local como la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana. El segundo grupo tiene que ver con la existencia de peculiaridades regionales en la normativa tributaria que permiten a ciertos territorios disfrutar de sustanciosas rebajas fiscales que, a los efectos que aquí nos interesan, habría que considerar como ayudas regionales”. El cuadro 22 y su interpretación no dejan lugar a dudas respecto al problema, y sobre todo respecto a quiénes son las grandes beneficiadas y las grandes perjudicadas, es decir quiénes son en España ciudadanos de primera, de segunda,  o parias tontolculo como nosotros, los valencianos. Escuchen a los expertos referirse al cuadro 22:“Mirando la última fila del Cuadro, se ve que estamos hablando de unos 11.400 millones de euros o un 1,1% del PIB nacional que se distribuyen entre regiones de una forma potencialmente cuestionable. Las principales partidas a considerar son las siguientes. La menor presión tributaria de la que disfrutan los territorios con regímenes fiscales especiales (Canarias, Ceuta y Melilla y las comunidades forales) supone una subvención implícita de unos 3.500 millones de euros a pagar entre todas las demás regiones. Por otro lado, tenemos que aproximadamente la mitad del “exceso” de gasto territorializable se concentra también en las comunidades forales, gracias fundamentalmente a una financiación regional muy superior a la del resto del país. La otra mitad se reparte desigualmente por el territorio nacional, dejando al litoral mediterráneo y a Madrid en clara situación de déficit. Sumando ambas partidas y dividiendo por la población, vemos que las regiones más perjudicadas por la situación existente en 2011 eran Valencia y Murcia, con déficits por habitante de 808 y 638 euros respectivamente, seguidas de Andalucía (-361), Baleares (-300), Madrid (-201) y Cataluña (-176), y que las más beneficiadas eran Ceuta y Melilla (+3.011), el País Vasco (+2.070), Navarra (+1.479) y Canarias (+1.289)”.

Fíjense en la brutalidad del dato. Mientras que el gasto que en estos conceptos se distribuye por valenciano es de -808 euros, el gasto por vasco es de +2.070 euros. Es decir, una diferencia de 2.878 euros por habitante. Esto se sabía, pero ahora parece que se tiene interés en que se sepa más, aunque veremos si el gobierno se atreve a coger el gran morlaco del concierto y el cupo por los cuernos. Como valenciano me parece muy preocupante la ausencia de vigor por parte de la sociedad valenciana para reivindicar con energía proporcional a la gravedad del asunto que se ponga fin de inmediato a esta injusticia flagrante. Contrasta esta situación con las manifestaciones a favor del Plan Hidrológico Nacional organizadas en su día por el PP. Los catalanes tienen razón en su enfado, pero nada comparable a lo de Valencia y Murcia, más de seis millones de ciudadanos maltratados primeramente por gobernantes incapaces y corruptos (en el caso de Valencia), y por un Gobierno central al que le importa un bledo el problema mientras el Lehendakari no se ponga detrás de las romerías independentistas que recorren las calles vascas. El problema catalán no se explica solo por su déficit fiscal, pero estamos ante un problema político de primera magnitud que hay que solucionar de una vez por todas conjugando justicia y solidaridad. No puede ser que Comunidades Autónomas con menor PIB por habitante financien a Comunidades más ricas, y eso es exactamente lo que sucede en España con el régimen foral del concierto y el cupo. Por cierto, ¿han escuchado a los de Podemos decir algo al respecto? Yo desde luego que no. ¿Y qué dicen PP y PSOE? Tampoco escucho nada sobre el particular a los líderes de estos partidos. El único partido nacional que sin ambages se ha pronunciado de manera muy clara sobre este problema ha sido UPyD. Que cada cual saque sus conclusiones.