Pedro Sánchez ha señalado alguno
de los objetivos que tendría la reforma constitucional de la que tanto viene
hablando. Con relación a Cataluña se trataría de reconocer su singularidad sin
que ello se traduzca en un trato de favor que la privilegie frente a otras
comunidades autónomas, a diferencia de lo que ahora sucede con el País Vasco y
Navarra. Sus asesores se habrán pasado varias noches en vela para darle esa frase
mágica con la que se ha deleitado diciendo algo así como que hay que reconocer
el derecho a la diferencia, pero no la diferencia de derechos (imaginen que
pongo unos aplausitos de wasap que aquí vienen al pelo). Eso significa admitir
que España es, en el mejor de los casos, una nación de naciones (el País Vasco,
y Galicia probablemente también, reivindicarían su condición de naciones), es
decir, hacer de España un Estado plurinacional.
Lógicamente, lo primero que
implicaría ese reconocimiento reforzado de la singularidad nacional catalana
sería el trato privilegiado a la lengua catalana en el ámbito público catalán. Existiría
allí el deber de conocerlo. Por lo demás, al margen de la lengua, imagino que ese trato diferenciado no le
preocupa a Sánchez porque la soberanía seguiría residiendo en el
conjunto de los ciudadanos del Estado español y la financiación autonómica se
pactaría entre todos sin que que se tradujera en dotar a Cataluña del estatus del País Vasco y Navarra.
Sánchez cree que el
reconocimiento de la independencia nacional de Cataluña –eso es exactamente lo
que significa decir que Cataluña es una nación que no forma parte de la nación
española- no tiene consecuencias prácticas. Claro que puede plantear la
ambigüedad de decir que España es una nación de naciones, pero ya me dirán
adónde conduce esa flagrante inconsistencia conceptual. Si se reconoce la
independencia nacional de Cataluña, ¿cómo puede seguir defendiéndose con
coherencia que el fundamento de su derecho a la autonomía es la Constitución?
Una nación reclama su condición de sujeto político soberano, aunque en el
ejercicio de su soberanía decida unirse a otras naciones en el marco de un
Estado. La propuesta de Sánchez aproximaría la realidad española a la del Reino
Unido y, por tanto, fácil es suponer que los independentistas catalanes
tendrían argumentos, muy sólidos esta vez, para reclamar el derecho a decidir.
La “solución” que propone el PSOE
de Sánchez implica una cesión al nacionalismo catalán sin ningún tipo de
garantía, pero lo peor no es eso. Lo que debería causar estupor es que el PSOE
demuestre una vez más que no cree en la nación española, ya que no defiende
algo tan elemental como que España es una nación de la que Cataluña forma
parte. Bien está que los nacionalistas catalanes se consideren a sí mismos una
nación, pero no hay que darles la razón si se cree que no la
tienen. En estos casos hay que mantener el pulso y buscar otro tipo de salida que no consista en renunciar al núcleo de tu posición. Los independentistas
catalanes saben que la consideración de Cataluña como nación es irrenunciable.
Lo mismo tiene que hacer un partido nacional español respecto a la nación
española. La solución pasa por lo que expuse en el post “Ante el problema
catalán”, es decir, medir las fuerzas del independentismo por cauces
constitucionales (elecciones autonómicas) y reconocer la evidencia de que si
los catalanes muy mayoritariamente se consideran una nación y desean
la independencia resulta imposible que España lo siga siendo, en cuyo caso
deberíamos ser el resto de españoles los primeros interesados en la secesión de
Cataluña, pues nada bueno puede derivarse de prolongar una unión que sólo
genera discordia.
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