La polémica sobre los indultos que pretende otorgar el Gobierno y el rechazo frontal del Tribunal Supremo a su concesión se traduce en un debate sobre las bases del Estado de Derecho. La convivencia se asienta en acuerdos políticos que se traducen en la aprobación de normas jurídicas que deben reflejar tales acuerdos. La Constitución es la manifestación jurídica de un gran acuerdo político forjado en la Transición y ratificado por los españoles. Los golpistas catalanes, pese a beneficiarse de la Constitución y del resto del ordenamiento para alcanzar el poder político institucional cometieron la deslealtad de contravenir las mismas bases jurídicas que les permitieron acceder a las instituciones. Al indultarles se minimizan los delitos cometidos con la esperanza de un bien mayor: un nuevo acuerdo político, que es de suponer que sea compatible con el orden constitucional.
Al plantear la cuestión como un conflicto entre el derecho y
la política el Gobierno no sólo ignora que el respeto al Estado de Derecho pasa
por cumplir las leyes y respetar a sus últimos y legítimos intérpretes, los
jueces, sino que ofrece una imagen de las normas jurídicas parecida a la de
una camisa de fuerza cuando en realidad estamos en un Estado democrático de
Derecho en el que hay cauces y procedimientos para debatir proyectos políticos
y reformar las leyes. Indultar a los golpistas catalanes no es una medida de
gracia para favorecer un diálogo político como pretende hacernos creer el Gobierno.
Lo que se hace en realidad es, de entrada, dar la razón a los independentistas, porque si se
ignora la posición inequívoca del Tribunal Supremo se reconoce que los
independentistas tienen razón cuando afirman que el diálogo político exige
superar los cauces del Estado democrático de Derecho. Es mucho más que un error
desde cualquier perspectiva de análisis. Y si además se tiene en cuenta que
Sánchez necesita el apoyo parlamentario de ERC para seguir aprobando leyes la
indignación aumenta. ¿Se atreverá? No estoy seguro.
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