jueves, 7 de abril de 2022

El daguerrotipo parlante de Vox que traza analogías con Goebbels y Hitler

Ayer, un diputado de Vox con aspecto de caballero del siglo XIX cuyo nombre desconozco y no tengo ganas de conocer, trazó una analogía entre Goebbels y Félix Bolaños y Sánchez y Hitler no sé por qué razón. Si quería un titular y aparecer en los medios para que su facha carcundiesca comenzara a ser conocida, lo logró. Un magro éxito que poca gloria le va a reportar y que ofrece una razón más para que los votantes de Vox consideren seriamente si no es mejor votar al PP de Feijóo. Si yo fuera Abascal metía al daguerrotipo parlante en la nevera, pero me temo que está muy ocupado reprochándole a Zelensky que aludiera a Guernica en lugar de Paracuellos, como si en Guernica no hubieran muerto también españoles, y como si Zelensky esté para florituras.

La Unión Europea debe incorporar mecanismos de expulsión

Los tratados que han dado origen a la Unión Europea no contemplan que un Estado miembro, una vez incorporado a la Unión Europea, pueda ser expulsado. La salida sólo puede producirse a instancias del propio Estado, como sucedió con el Reino Unido. A la vista de la tibia reacción de Hungría con relación a Rusia, es evidente que tenemos un grave problema. Para que la Unión Europea pueda desempeñar un papel relevante en el mundo es fundamental la cohesión interna. Son conocidas las disputas en los Consejos europeos, pero una cosa es la discrepancia a partir del acuerdo en lo esencial y otra muy distinta que un Estado se convierta en una quinta columna que genere discordia en la Unión. Si eso sucede, y con el ascenso de algunos partidos populistas puede suceder, la Unión Europea debería contar con mecanismos de expulsión, ya que de lo contrario corre el riesgo de desintegrarse como fruto de esa discordia interna. 

viernes, 1 de abril de 2022

Subvenciones y justicia social

Si ante la subida generalizada de precios se opta por no bajar impuestos y utilizar la recaudación para subvencionar se abre el debate sobre qué criterio se emplea al elegir a quién y cuánto se subvenciona. La subvención del combustible supone una ayuda para todos aquellos que utilizan sus vehículos privados para desplazarse. Así, quienes no tienen recursos para disponer de un vehículo privado -que denota poder económico- pueden sentirse injustamente tratados y reclamar que las ayudas se dirijan a los colectivos más vulnerables. Junto a este debate aparece el problema ligado a la puesta en práctica de esta ayuda, porque las gasolineras deben rebajar el precio a los consumidores, es decir, adelantar el dinero y luego tienen que realizar los trámites burocráticos necesarios para recuperar dicho adelanto, lo cual les genera un coste, cuando menos administrativo. El Gobierno da por sentado que todas las gasolineras son empresas solventes que pueden asumir esta carga, pero, como se está viendo, no es así y las pequeñas gasolineras pueden tener que cerrar.

Por otra parte, los propietarios de viviendas que deciden ponerlas en alquiler se encuentran con que van a ser ellos y no sus inquilinos quienes asuman la mayor parte de la carga que supone la inflación. También se parte de la suposición de que el propietario es el fuerte y el inquilino el débil, cosa que no siempre es así. El propietario modesto que alquiló una vivienda por la que todavía está pagando una hipoteca y que utiliza la renta para tapar agujeros se encuentra con que la decisión del Gobierno altera lo pactado entre él y su inquilino al amparo de la ley. ¿Acaso no podía haberse precisado mejor qué propietarios debían ver congelada la actualización de su renta y quienes no? El trazo grueso del Gobierno genera injusticias y la consiguiente indignación entre los afectados. La consecuencia en el caso del alquiler ya se está viendo: cada vez hay más lugares en los que escasea la oferta de alquiler de larga temporada y el que se ofrece es cada vez más caro. Si el Gobierno cree que puede machacar al propietario impunemente se equivoca, porque los propietarios venderán o subirán el precio del alquiler.

Hubiera sido más sencillo y, sobre todo, más justo que el Gobierno abordara esta situación excepcional rebajando su voracidad recaudatoria y dejando que los ciudadanos pudieran conservar más dinero en el bolsillo. La política de recaudar y redistribuir es polémica y compleja. El enfado de los ciudadanos va en aumento y creo que la erosión del Gobierno es difícilmente reversible.