Si ante la subida generalizada de precios se opta por no bajar impuestos y utilizar la recaudación para subvencionar se abre el debate sobre qué criterio se emplea al elegir a quién y cuánto se subvenciona. La subvención del combustible supone una ayuda para todos aquellos que utilizan sus vehículos privados para desplazarse. Así, quienes no tienen recursos para disponer de un vehículo privado -que denota poder económico- pueden sentirse injustamente tratados y reclamar que las ayudas se dirijan a los colectivos más vulnerables. Junto a este debate aparece el problema ligado a la puesta en práctica de esta ayuda, porque las gasolineras deben rebajar el precio a los consumidores, es decir, adelantar el dinero y luego tienen que realizar los trámites burocráticos necesarios para recuperar dicho adelanto, lo cual les genera un coste, cuando menos administrativo. El Gobierno da por sentado que todas las gasolineras son empresas solventes que pueden asumir esta carga, pero, como se está viendo, no es así y las pequeñas gasolineras pueden tener que cerrar.
Por otra parte, los propietarios de viviendas que deciden
ponerlas en alquiler se encuentran con que van a ser ellos y no sus inquilinos quienes
asuman la mayor parte de la carga que supone la inflación. También se parte de la
suposición de que el propietario es el fuerte y el inquilino el débil, cosa que
no siempre es así. El propietario modesto que alquiló una vivienda por la que
todavía está pagando una hipoteca y que utiliza la renta para tapar agujeros se
encuentra con que la decisión del Gobierno altera lo pactado entre él y su
inquilino al amparo de la ley. ¿Acaso no podía haberse precisado mejor qué
propietarios debían ver congelada la actualización de su renta y quienes no? El
trazo grueso del Gobierno genera injusticias y la consiguiente indignación entre los afectados. La
consecuencia en el caso del alquiler ya se está viendo: cada vez hay más lugares en los que escasea la oferta
de alquiler de larga temporada y el que se ofrece es cada vez más caro. Si el
Gobierno cree que puede machacar al propietario impunemente se equivoca, porque
los propietarios venderán o subirán el precio del alquiler.
Hubiera sido más sencillo y, sobre todo, más justo que el
Gobierno abordara esta situación excepcional rebajando su voracidad recaudatoria
y dejando que los ciudadanos pudieran conservar más dinero en el bolsillo. La
política de recaudar y redistribuir es polémica y compleja. El enfado de los
ciudadanos va en aumento y creo que la erosión del Gobierno es difícilmente
reversible.
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