¿Qué se pretende con la nueva ley de vivienda?

Todos los expertos en el mercado inmobiliario están advirtiendo de los nefastos efectos que tendrá la nueva ley de vivienda para propietarios, pero también para inquilinos a medio y largo plazo, especialmente aquellos con menor poder adquisitivo. La inseguridad jurídica que rodea la adquisición de una propiedad puede paralizar la inversión en vivienda y, por tanto, comprometer al sector de la construcción y de las reformas. Parece que se juzgue moralmente a los propietarios y se les considere aves de rapiña, mientras que los inquilinos serían siempre unos honrados trabajadores que sólo quieren una vivienda digna por la que pagan cantidades desorbitadas. El trazo grueso nunca sirve y menos en este terreno. El derecho a la propiedad privada y la economía de mercado debe respetarse escrupulosamente en la regulación del mercado de la vivienda. La regulación es necesaria, en efecto, y debe orientarse a evitar abusos y a lograr que el funcionamiento del mercado sea lo más eficiente para satisfacer el derecho a la vivienda -que es un principio rector de la política económica y no un derecho "stricto sensu", pese a su denominación- a precios asequibles.

Declarar zonas tensionadas, limitar los precios y dificultar los desahucios, como los expertos advierten, hará que muchos propietarios no encuentren aliciente en mantener su propiedad o prefieran no contratar un alquiler de larga temporada y dejar su vivienda cerrada asumiendo el coste. En las zonas turísticas muchos propietarios van a pensar que les puede compensar un alquiler vacacional o turístico en lugar de uno de larga temporada, máxime si se declaran como zonas tensionadas. En esas zonas tensionadas la oferta puede verse dramáticamente limitada y, por tanto, aunque el precio esté limitado, no habrá vivienda disponible si el Estado no la construye. Si una zona tensionada tiene interés turístico y, finalmente, las comunidades autónomas también limitan el alquiler turístico, la única salida para el propietario será el vacacional o la venta. Pero, claro, los inmuebles en estas condiciones cada vez pueden ser menos atractivos como inversión, luego el precio de la vivienda podría caer. ¿Es esto lo que se pretende? ¿Se pretende hundir el mercado del alquiler para que caiga el precio de la vivienda y todos los españoles se conviertan en propietarios de una única vivienda? Quizá, porque no veo otra explicación posible a tan descomunal disparate. Sin embargo, ¿imaginamos a los bancos dar hipotecas a personas que no ofrezcan suficientes garantías? No lo creo. Además, si se hunde el precio de la vivienda se hundirá también el sector de la construcción y, si no se construye, es muy difícil que baje el precio de la vivienda, porque las viviendas se deterioran y cada vez habrá menos oferta. Y todo ello al margen de las consecuencias que tendría para la economía y, por tanto, para el empleo y para los ingresos públicos.

La política más sensata para hacer posible el derecho a una vivienda digna para todos aquellos que carecen de recursos para comprar y se ven obligados a alquilar consiste en favorecer la oferta y una libre competencia que ayude a bajar los precios. Resulta imprescindible la seguridad jurídica para el propietario: el respeto a lo pactado y la protección frente a daños en su vivienda y ocupaciones. Sólo con esa medida muchos propietarios se animarían a alquilar. A partir de ahí hay que decidir varias cosas. Hay ciudades y barrios muy atractivos en los que mucha gente quiere vivir y otras personas visitar. Todo no es posible y corresponde a los poderes públicos realizar una regulación inteligente. Puede optarse por dejar que nuestras ciudades más atractivas se conviertan en parques temáticos urbanos que proporcionen ingresos no poniendo ninguna traba a los alquileres turísticos e impidiendo de facto que los vecinos vivan allí, o tratar de lograr un equilibrio limitando las licencias. Por otra parte, el precio de la vivienda y del alquiler no es igual en todas las ciudades. Hay que estar dispuesto a desplazarse para buscar vivienda en otras ciudades y barrios. Así funciona la economía de mercado. Uno no puede tenerlo todo. De ahí que los políticos de la España vaciada deberían ver en el desorbitado precio de la vivienda y del alquiler una oportunidad para hacer atractivas sus ciudades y pueblos. Deberían trasladar el mensaje de que sus regiones ofrecen la oportunidad de empezar una nueva vida. Y, finalmente, el Estado debe construir viviendas de protección oficial para colectivos vulnerables. La extrema izquierda quizá piense que es más sencillo perseguir a los propietarios. Creo que, aparte de una injusticia y un error, esta medida no va a tener los efectos que suponen en el electorado. Mucho me temo que se les vuelva en contra. Veremos si estas elecciones municipales y autonómicas ya le muestran a la extrema izquierda el camino de salida, pero venderán muy cara su derrota. Da miedo pensar en todo lo que van a hacer hasta final de año para seguir en el poder.