Antonio García-Trevijano se pasó media vida defendiendo que en España la Transición no trajo la democracia, sino un régimen parlamentario de partidos estatales que presentan listas que los ciudadanos legitiman con su voto. Según él, eso no es una verdadera representación, porque los ciudadanos no eligen a sus representantes, sino que se limitan a dar su aprobación a unas listas de personas que eligen los partidos y que, por tanto, responden y actúan según los dictados del partido ignorando por completo a los ciudadanos que, en teoría, representan. Sostenía Trevijano que la democracia requiere mecanismos que garanticen la representación política y separación de poderes. Sin representación y sin una auténtica separación de poderes era evidente, en su opinión, que España no es una democracia (la prolongación del ejecutivo en el legislativo es patente), aunque pudiera parecerlo por la existencia de un régimen parlamentario y de libertades públicas.
Podría debatirse si no es exagerado negar que en España el
pueblo no está representado por los parlamentarios electos, pero es indudable
que sin separación de poderes no hay auténtica democracia, que es lo que ayer
sostuvo Díaz Ayuso con toda la razón. Resulta esencial que el poder judicial
sea independiente, y con él también es clave preservar la independencia del Tribunal
Constitucional. El acuerdo entre el PSOE y Junts de ayer es gravísimo por
muchas razones, pero quizá la principal sea la amenaza que representa a la
independencia del poder judicial. Por una parte, la ley de amnistía deja patente
que el parlamento puede consagrar la impunidad de algunos ciudadanos
sustrayéndolos a la acción de la justicia. Pero, si ello no era por sí mismo suficientemente
grave, la apertura a examinar si ha existido una utilización de la justicia con
intencionalidad política supone permitir que el legislativo fiscalice la
actuación de los jueces al margen de los tribunales: un ataque directo a la
independencia de los jueces y por ende a la democracia. Por eso les venía
advirtiendo de que se estaba gestando una dictadura parlamentaria. La
existencia de libertades públicas sólo representa una garantía para los
ciudadanos si hay jueces independientes y si es independiente el Tribunal
Constitucional.
El acuerdo entre el PSOE y Junts es, sin ningún género de
dudas, un ataque directo a la democracia como forma de gobierno y, al mismo
tiempo, una agresión a la nación española como proyecto de convivencia fundado
en la unidad e igualdad entre españoles y del que, quizá, nos podíamos sentir
orgullosos. ¿Qué orgullo podemos sentir si se admite que el independentismo ha
sido injustamente perseguido por sus ideas? ¿Qué nación puede sostenerse sobre
el privilegio de unas regiones frente a otras ahora que también Cataluña va a recaudar
sus tributos en la línea del cupo vasco? ¿Cómo España puede admitir que en las
decisiones sobre su organización política intervenga un “mediador”
internacional? La humillación a la nación y el ataque a la democracia que ha consumado
ayer el PSOE serán recordados. El tirano desea a toda costa asegurarse la investidura
para luego cambiar el registro y utilizar otro lenguaje, es decir, aspira a
devolverle el golpe a Puigdemont, a zafarse de lo firmado aguantando en el
poder como sea, ya saben “manual de resistencia”. Todo esto lo logrará durante
un tiempo, el que le permita la reacción ciudadana apoyada por la acción de las
instituciones con el Rey a la cabeza, si es consciente de la gravedad de lo que
está sucediendo y se anima a liderar la resistencia como cabeza de la nación.
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