Si se toman la molestia de leer el acuerdo al que han
llegado el PSOE y ERC podrán comprobar que la Constitución no se menciona en
ninguna ocasión. Todo lo más, se utiliza una vez el término “constitucional” en
una frase que posteriormente transcribiré porque tiene enorme importancia para
mostrar la gravísima traición del PSOE a la Constitución. Ambas formaciones
están de acuerdo en que en Cataluña se vive un conflicto político que tiene su
causa más próxima en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que
declaró inconstitucionales algunos artículos del Estatuto de 2006. Y afirman:
“Esto llevó el debate a una situación de conflicto en el que convivían distintas legitimidades que operaron en direcciones opuestas: una legitimidad parlamentaria y popular con una voluntad manifiesta concretada en ese texto y una legitimidad institucional y constitucional, ambas imprescindibles en una democracia avanzada y en un Estado de Derecho”.
Como se observa, el PSOE acepta que existe una legitimidad “parlamentaria
y popular” que se ve constreñida por una legitimidad “institucional y
constitucional”. Se dice que ambas son imprescindibles en una democracia
avanzada, es decir, se admite la existencia de un choque de legitimidades, lo
cual es inaceptable. En nuestro Estado constitucional de Derecho la
Constitución es obra del constituyente, del titular de la soberanía, es decir,
del pueblo español. La legitimidad “parlamentaria” sólo es tal en la medida en
que los parlamentos actúan en el marco de la Constitución. Si no es así, tal
actuación es ilegítima.
El resto de acuerdos son absolutamente vergonzosos para un
partido supuestamente nacional (nadie lo puede creer ya), pero pueden maquillarse con interpretaciones que logren
encajar en la nunca mentada Constitución. Ahora bien, no hay forma de maquillar
este choque de legitimidades. Como ven, vamos a un terreno en el que se
pretende fortalecer al poder legislativo como representante de la voluntad
popular y garante de la democracia. Ese poder es capaz de sustraer al poder
judicial la posibilidad de juzgar conductas delictivas y se dispone a consagrar
la impunidad de los golpistas. Ahora ya no es necesario arremeter contra el
Tribunal Constitucional llamando a sus miembros “golpistas con toga”. La última
reforma ha dejado expedito el camino para que pasemos de la democracia
constitucional a la “dictadura” parlamentaria, y, si no se remedia, habrá que
disponerse a prescindir de las comillas. La situación era de máxima gravedad,
pero no había nada escrito. Una vez empezamos a contar con textos, nadie puede
llamarse a engaño.
No hay comentarios:
Publicar un comentario