Valladolid multa a los mendigos

El Ayuntamiento de Valladolid, corazón de la católica Castilla, ha aprobado una ordenanza de protección ciudadana en la que la mendicidad se castiga con 750 euros de multa. Si, además, se acosa o utilizan coacciones la multa puede ascender hasta los 1.500 euros. Escuché la noticia esta mañana en la radio y experimenté un sentimiento de tristeza e indignación. Al margen de que en España hoy muchas personas no están exentas de tener que mendigar, me parece obsceno que se pueda multar a quien la necesidad le lleva a pedir. Es cierto que hay instituciones de caridad que se ocupan de que nadie muera de hambre, pero hay necesidades que estas instituciones no pueden cubrir. ¿Acaso un parado que no puede pagar la hipoteca no tiene derecho a mendigar para evitar un deshaucio y quedarse en la calle? ¡Prohibir la mendicidad! Me he quedado atónito. ¿Acaso piensa el Ayuntamiento de Valladolid que la gente mendiga por gusto? La mendicidad no se debe prohibir. Atrevámonos a mirar a la cara a los mendigos y a decirles que no hay limosna para ellos. Atrevámonos a enfrentarnos no con ellos, sino con nuestra conciencia, que ahí no hay multa que valga. 

¿Están justificadas las movilizaciones ciudadanas contra los recortes?

Las movilizaciones en contra de los recortes que se han producido en algunas comunidades autónomas, concretamente Valencia y Cataluña, plantean el debate de si los ciudadanos deberíamos asumir resignados que la salida de la crisis exige sacrificios que incluyen una sustancial rebaja del Estado del bienestar o, por el contrario, debemos salir a la calle a protestar por la gestión de los políticos que nos ha conducido a esta situación. Quienes creen que es el momento de salir a la calle a mostrar la indignación ciudadana implícitamente están diciendo que los ciudadanos son víctimas de los políticos y probablemente también del gran capital, de los bancos, es decir, no asumen ninguna responsabilidad. Quienes creen que es el momento de apechugar es posible que consideren que los políticos son nuestros representantes y, por tanto, debemos asumir nuestra responsabilidad por haberlos elegido, y también nuestra responsabilidad por haber contribuido a la crisis con un endeudamiento privado excesivo del que no sería justo responsabilizar únicamente a los “tentadores” bancos.

Quizá podríamos examinar mejor la cuestión si aclaramos los conceptos de culpa y responsabilidad. Se trata de una distinción muy importante a la que contribuyó en su día de manera brillante Hannah Arendt, al examinar la culpa o responsabilidad que cabía atribuir al pueblo alemán por los crímenes cometidos durante el nazismo. Decía Arendt que si todos los alemanes eran culpables, nadie lo era. En efecto, esta certera afirmación puede abrirnos el camino para diferenciar entre culpa y responsabilidad. Culpable de una mala acción es aquel que directamente contribuye a su realización, mientras que responsable es todo aquel que, pese a no contribuir directamente a ella, bien la ha facilitado, bien ha omitido realizar acciones que cabría haberle exigido hacer y que podrían haber evitado el mal. Así, por ejemplo, culpables de los crímenes nazis fueron todos aquellos contribuyeron directamente el Holocausto, pero el pueblo alemán fue responsable, y también lo fueron aquellas naciones y, concretamente, aquellos políticos que alabaron el nazismo y la figura de Hitler. La responsabilidad puede incluso atribuirse de manera objetiva, es decir, sin que ni siquiera se haya llevado a cabo una acción u omisión que facilite la mala acción que cometen los culpables, pero esto nos desvía de la cuestión. Para terminar con las aclaraciones conceptuales, conviene observar que cuando alguien que es culpable o responsable de una mala acción sufre al mismo tiempo las consecuencias de la misma nunca puede ser considerado víctima, pues no es inocente. Por ello, por ejemplo, es inaceptable que los etarras se presenten como víctimas del conflicto vasco.

¿Somos los ciudadanos culpables o responsables de la situación en la que nos hallamos? No hay que minusvalorar la importancia del derecho al voto que asiste a los ciudadanos. Los valencianos podríamos haber mandado al señor Camps a su casa en 2011 tras la nefasta gestión que había llevado a cabo en la Comunidad Valenciana. ¿Acaso no sabíamos que la situación era tan grave? Como con los alemanes durante el nazismo, se nos podría responder que el que no sabía es porque no quería saber, así que por ese lado no hay excusa. Pero también se podría alegar que la alternativa política a Camps no era convincente. Sobre esto no hay mucho que decir, porque no se puede saber si PSPV, Comprimís o EU lo hubieran hecho mejor. De todas formas, pese a la importancia que tiene el voto, éste sirve para elegir a los que gobiernan, que son quienes gestionan directamente la cosa pública y, por tanto, los únicos a los que se puede culpar en sentido estricto de la situación económica y financiera de los asuntos públicos. Podrá haber otros culpables, pero los políticos sin duda lo son.

Los ciudadanos, al haberles encaramado al poder, pero también al haber permitido borreguilmente una acción de gobierno que nos llevaba a la ruina somos sin duda responsables. La pregunta es si dicha responsabilidad, que impide que nos presentemos como víctimas de los políticos, hace que las manifestaciones carezcan de justificación. La respuesta, en mi opinión, debe ser negativa por dos motivos. En primer lugar, porque todos aquellos que han votado en contra de los culpables no sólo tienen derecho a manifestarse –que obviamente a todos nos asiste desde una perspectiva puramente formal y legalista-, sino plena justificación moral, pues pueden lícitamente considerarse a sí mismos víctimas de los políticos y de la gran mayoría de ciudadanos que les ha otorgado su confianza. En segundo lugar, porque es perfectamente lícito y lógico que quien asume una responsabilidad pida cuentas a los culpables. Sin duda éstos intentarán descargar su culpa tratando de convertir al responsable en cómplice –esto es precisamente lo que intentan los políticos con su llamada a arrimar el hombro, a los sacrificios, etc.-, es decir, en culpable, pero es muy importante que los ciudadanos, asumiendo que quizá no haya más remedio que sacrificarse, no se dejen engañar, pidan cuentas a los culpables y aprendan la lección más importante: ser responsable implica ejercer responsablemente las obligaciones que como ciudadanos tenemos. 

Rajoy acierta elevando el objetivo de déficit

Estoy muy contento con la demostración de sensatez que ha dado Rajoy situando el objetivo de déficit en el 5,8% para 2012. Es lo razonable en un contexto de fuerte recesión económica. Cuando un gobierno no vacila en sus decisiones y demuestra que tiene unos objetivos claros lo lógico es que los mercados reaccionen bien, porque ello genera confianza. La tendencia a la falta de decisión que se ha reprochado a Rajoy en muchas ocasiones no se ha trasladado a su gobierno. Cuestión distinta es que determinadas medidas puedan ser discutibles o abiertamente criticables. Desde luego, la elevación del déficit público para 2012 y el esfuerzo por centrarse en reducir el déficit estructural no lo es. A pesar de todo, alcanzar el 5,8% va ser una tarea muy complicada en una economía deprimida. Si la reforma del sistema financiero no logra que fluya el crédito y la Unión Europea no adopta políticas de estímulo al crecimiento, todo esfuerzo será insuficiente y 2013 será otro año difícil. 

El poleo

El sábado por la tarde fui con mi amigo Óscar a tomar un café en Valencia. Serían las 18.30 y el local estaba vacío. Él pidió una coca-cola cero y yo un poleo menta. Llegó el momento de pagar y por el poleo me pidieron 1.20 euros. Como empleado público cabreado por ser cada día más pobre, me he impuesto una espartana política de gastos personales, casi podría decirse que estoy en una permanente una huelga de consumo, así que no sé cuáles son los precios habituales. A mí me pareció que 1.20 por un poleo es un precio desorbitado, y mucho más en los tiempos que corren. No adelanten un sentimiento de vergüenza ajena prematuro: pagué religiosamente, pero, eso sí, protesté por el precio. Le dije a la empleada que estaba en la barra que me parecía carísimo. Y eso es lo que les quería sugerir con este post. Si algo les parece caro, no se callen, háganselo saber al vendedor y, si es posible, no vuelvan por ahí. Por otra parte, es una imprudencia no ajustar los precios. Ganar un cliente cuesta mucho, pero perderlo es cuestión de un momento.

¿Devaluación interna?

Parece ser que la reforma laboral, al permitir que se bajen los salarios, abre la puerta a una devaluación interna con el fin de mejorar nuestra competitividad y favorecer el crecimiento económico. Creo que las declaraciones de De Guindos en Estados Unidos van en esa línea: ya que no podemos devaluar moneda, las devaluaciones tienen que ser internas, tal como advirtió Paul Krugman en 2008, si mal no recuerdo. Lo clavó. Que los salarios han bajado –en el sector público es evidente- y pueden seguir bajando no admite duda. Otra cosa es en qué medida los precios bajarán en la misma proporción. Es indudable que con el consumo absolutamente congelado los precios deberían no sólo moderarse, sino incluso bajar; pero nos encontramos con un elevadísimo coste de la energía que a mi juicio dificulta enormemente este proceso. En la Comunidad Valenciana el litro de gasolina 95 este viernes estaba a 1.48 euros, y de electricidad, gas y agua para qué vamos a hablar. Simplemente escuchen de qué habla la gente. En resumen, creo que los salarios bajarán y que los precios se mantendrán y, en consecuencia, seremos mucho más pobres.

La reforma laboral

Ya estoy aquí de nuevo, y parece obligado decir algo sobre la reforma laboral, que esta sí lo es, no como la que puso en marcha el PSOE (véanse las entradas que dediqué a la misma). Como me recomienda un amigo profesor de Derecho del Trabajo, lo prudente es leerla con detenimiento antes de opinar. Tiene razón, pero alguna cosita sí se puede decir. La reforma pretende evitar la destrucción de tejido productivo, y para ello no sólo se permite al empresario renegociar muchas cosas, sino también despedir más barato y ampliando las razones de la procedencia del despido. El empresario puede plantearle más alternativas al trabajador antes de optar por el despido –esta es la razón por la que el PP señala que favorece el empleo-, pero también es cierto que el empresario puede despedir más barato con el fin de ahorrar costes en situaciones difíciles –esta es la razón por la que se critica que se están recortando derechos sociales, lo cual es cierto-.

En mi opinión, era fundamental lograr un modelo de relaciones laborales que fuera lo suficientemente flexible para preservar el tejido productivo, y en este sentido la reforma tiene muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo pienso que la situación de los trabajadores se torna excesivamente precaria. Se dice que esta reforma sigue la estela de otros países europeos. Es cierto, pero no nos engañemos, la cultura empresarial española desgraciadamente nos muestra que hay infinidad de empresarios que hacen lo posible por chupar a sus trabajadores hasta la última gota de sangre. Si pueden, prefieren que trabajen en negro. Si no hacen más horas de las estipuladas les miran mal e incluso les marginan. Los salarios en las pequeñas y medianas empresas son bajos o muy bajos, y las ayudas sociales y las medidas para compatibilizar la vida laboral y familiar suelen brillar por su ausencia. Eso no sucede, por ejemplo, ni en Alemania, Holanda, Austria o Suecia. Por esta razón, creo que la reforma debía haber buscado un mayor equilibrio no abaratando tanto el despido, porque veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades en el caso de despido objetivo es una cantidad escasísima. Está claro que el gobierno ha allanado el camino para la puesta en marcha de ERES, sobre todo en empresas públicas, que van a suponer un aumento del paro.

Por último, hay que decir que las acusaciones de la oposición con relación a que el gobierno del PP ha mentido a los españoles son completamente ciertas. Yo mismo escuché a varios dirigentes del PP en la campaña electoral decir que la reforma que pensaba el PP tenía como objetivo favorecer la contratación, no abaratar el despido (se lo escuché a González Pons). No es de recibo ocultar algo así, máxime cuando una vez más pienso que los ciudadanos podrían haberlo comprendido. No hacía falta entrar en detalles, pero sí admitir que la reforma podría modificar el coste del despido, o sencillamente que se estaba abierto a todo.

Aquí está la prueba: http://www.20minutos.es/noticia/1308293/0/videoteca/evidencia-pp/abaratar-despido/

Me tomo un descanso

Estimados lectores:

Voy a dejar de publicar. Espero que esta pausa sea lo más breve posible.

Un saludo,

Tomás