Rajoy y Núñez Feijoo se empeñan en amargarnos las uvas

Núñez Feijoo y Rajoy han dado un ejemplo en las últimas horas del tipo de alternativa que representa el PP frente al nefasto Zapatero.

Comencemos por el gran jefe (líder es otro cantar). Parece ser que Rajoy aceptará que se incluya en el Estatuto de Castilla-La Mancha el límite de los 6000 hectómetros cúbicos, que supone en la práctica la imposibilidad de trasvasar agua del Tajo al Segura. En su día ya se cometió la estupidez de incluir en la declaración de derechos sin derechos (sí, estupefacto lector, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la STC 247/2007, de 12 de diciembre, fundamento jurídico 15º) del Estatuto valenciano –sobre el que los valencianos seguimos sin haber podido pronunciarnos en referéndum para nuestro bochorno-, el llamado derecho de los valencianos (y valencianas, ya ven modas estúpidas que copian todos los politiquillos) al agua y al trasvase desde cuencas excedentarias a cuencas deficitarias. Era un brindis al sol que sólo servía para decirle a los de Aragón y Cataluña que nosotros meamos más lejos, y para venderlo bien envuelto a votantes que compran cualquier mercancía, pero todo puro embeleco sin ninguna repercusión práctica. Ahora los de Castilla-La Mancha también quieren que su Estatuto diga algo sobre el agua, tal como hicimos los valencianos, con la diferencia de que parece que ellos están dispuestos a concretar el asunto. No creo que lo hagan porque sería flagrantemente inconstitucional, pero sirve para que el que todavía no se haya enterado se dé cuenta del papelón que está haciendo con este asunto el PP rajoyesco. Y además era absolutamente innecesario, porque el PP sólo tenía que remitirse al plan hidrológico nacional y santas pascuas.

Hablemos ahora del gran Núñez Feijoo que llegó a la poltrona prometiendo acabar con la falta de libertad de los padres para elegir la lengua en la que quieren que se eduque a sus hijos. En la línea pepera de aplicar políticas impropias de un partido que defiende la libertad (fíjense en lo que sucede en Valencia con el valenciano, requisito imprescindible para ser muchas cosas, incluso para los de Orihuela ¡manda huevos el tema!), coquetea con la idea de equilibrar proporcionadamente el castellano y el gallego, e introduce el inglés en la enseñanza más que nada, me parece, para guardar las apariencias y demostrar cierta preocupación por la calidad educativa. No parece entender este buen hombre que no se trata de equilibrar lenguas, sino de respetar derechos de los ciudadanos, y eso no admite equilibrio.

Estos dirigentes del PP tienen obstruido hasta el don de la oportunidad y se empeñan en amargarnos las uvas, pero no lo van a conseguir. ¡Feliz año nuevo, queridos lectores!

El problema de los smart phones

Estoy convencido de que el iphone y, en general, los smartphones son un gran invento. Sin embargo, hay varias razones por las que no me decido a adquirir uno de estos ingenios. En primer lugar, el hecho de que en un mismo aparato tengas teléfono, internet, email, agenda, radio, etc., es muy útil, pero al mismo tiempo convierte su pérdida en una tragedia, sobre todo por su precio (según he visto difícilmente bajan de 400 euros si se adquieren libres). Yo prefiero, puestos a perder, quedarme sin un teléfono que fácilmente puedo reponer. ¿Se imaginan que se desliza del bolsillo, o que te lo olvidas en no se qué sitio, o sencillamente que se te cae y se rompe? Demasiado valioso, claro que siempre habrá gente que piense que eso no es dinero, pero para mí sí es una cantidad apreciable. En definitiva, amago con la compra, pero no termino de decidirme. A ver si bajan un poquito de precio y entonces doy el paso, si no me encuentro con que los reyes se han acordado de mí.

Respeto a la ley y equidad

El comentario de Franki (agradezco la felicitación y a su vez felicito el año, ya que la Navidad ha pasado) al post de la sentencia de la señora Carrascosa hace referencia a una cuestión que merece atención. Acertadamente se destaca en el comentario como digno de encomio que en EE.UU las leyes se cumplen, y yo comparto absolutamente esta opinión. Hace pocos meses escribí sobre la importancia que tiene hacer cumplir las sentencias en el post “Sentencias incumplidas, ciudadanos desamparados”. Lo mismo digo con relación al cumplimiento de las leyes: muchos problemas surgen no por falta de una legislación adecuada, sino por la pertinaz falta de voluntad de las correspondientes instituciones para darles cumplimiento.

Dicho esto, quisiera reflexionar brevemente sobre el respeto a la ley y la importancia de la equidad. Lo primero que hay que decir es que no es acertado identificar el derecho con la ley, en contra de lo que habitualmente piensa mucha gente –juristas incluidos-. La ley es un instrumento -sin duda de extraordinaria importancia- al servicio del derecho (lamentablemente no puedo extenderme sobre esta cuestión en este blog). Hecha esta precisión, hay que decir que mediante la ley el legislador trata de regular situaciones con el fin de ordenar correctamente la convivencia social, pero la ley siempre llega tarde, es decir, la realidad puede presentar matices que el legislador no supo o no pudo prever. Esta circunstancia es de especial importancia porque permite comprender por qué en algunos casos la aplicación estricta de una ley puede acarrear una grave injusticia. La equidad supone una desviación de la ley, motivada por razones de justicia, con el fin de dar respuesta a esas peculiaridades del caso concreto que le ley no ha contemplado correctamente. Nuestro Código Civil establece en su art. 3.2 que “la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”. Supongo que a algún lector le inquietará esta irrupción de la equidad. ¿Cuándo estamos ante una desviación de la ley o ante su clara y flagrante vulneración? ¿En qué casos es pertinente que se produzca esa desviación? En este terreno no hay certezas. Hay que atender a cada caso, estudiar la argumentación del juez y valorarla críticamente.

Al margen de los problemas que presenta la propia institución de la equidad, lo que a mi juicio dificulta su puesta en práctica de una manera natural es el progresivo desprestigio de la administración de justicia. Si los ciudadanos tienen la sensación de que la justicia actúa siguiendo criterios políticos o favoreciendo a los poderosos, es lógico que demanden una aplicación estricta e implacable de la ley, pues pueden pensar que la equidad en realidad camufle ventajas para algunos. Ahí quería llegar: hay que ser capaz de conjugar tomarse en serio las leyes, evitar que en modo alguno se piense que nadie está por encima de ellas, con el necesario respeto a la justicia que demanda cada caso concreto y que requiere el indispensable juego de la equidad. Para lograr este objetivo es capital dignificar las instituciones relacionadas con la administración de justicia, algo en lo que España lastimosamente también ha fracasado después de más de treinta años de democracia.

La injusticia se ceba con María José Carrascosa

Aunque no puedo decir que me sorprenda, estoy escandalizado con la condena a 14 años de prisión que se le ha impuesto en Estados Unidos a María José Carrascosa, la valenciana que tras separarse de su esposo norteamericano se trajo a España de manera irregular a su hija. Posteriormente, siguiendo los dictados de la justicia estadounidense, regresó allí, huyó de la justicia, fue detenida y ahora condenada. No pretendo justificar su conducta. Simplemente me parece completamente desproporcionada esa pena, y me parecen fuera de lugar los comentarios del juez al comunicarle la sentencia, y la imagen esposada que se ha difundido en algunos medios, como si fuera una criminal peligrosa. De cumplirse, es prácticamente el tiempo de condena que se cumple en España por un homicidio. Mientras la justicia de ese país ofrezca estas aberrantes muestras de falta de racionalidad, Estados Unidos no podrá formar parte de las naciones más civilizadas del mundo.

El dilema de España

Los seres humanos muchas veces solemos justificar nuestros fracasos culpando de ellos a otros o a las circunstancias. También sucede lo mismo en el caso de las naciones, y en España de una manera singular. Está extendida la opinión de que España se vio envuelta en una serie de calamidades que la rezagaron con relación a las naciones más desarrolladas de Europa: tras la Guerra Civil padecimos una dictadura que nos lastró, y con la llegada de la democracia y la incorporación a las instituciones europeas íbamos a recuperar el terreno perdido. Pero, al margen de que dicha creencia dista bastante de la verdad, llega un momento en que a las personas y también a las naciones se les acaban las excusas. Eso está sucediendo en estos momentos con España. Hace más de treinta años que murió Franco y llevamos más de veinte años en la Unión Europea. No hay excusa que justifique muchos de los problemas que en España siguen sin resolverse. Y no me refiero a la crisis económica, sino a cuestiones más elementales como, por ejemplo, la educación, el pilar sobre el que se asienta el futuro de cualquier sociedad. No sólo no hemos sido capaces de mejorar la educación en estos treinta y cinco años, sino que el desastre es completo. Sin paliativos. Y así podría continuar citando ejemplos.

Hace tiempo que vengo comentando que estamos en una nueva fase política que demanda renunciar a los esquemas característicos de los últimos treinta años. Nuestra democracia se halla en una crisis profunda porque podemos contemplar el pasado reciente con cierta perspectiva y es innegable la constatación de grandes fracasos imposibles de imputar a otros o a las circunstancias. Aquellos que pensaban que la propia dinámica de la democracia acabaría con nuestros problemas se equivocaban y ahora observan desencantados la realidad. Por ello no hay más remedio –lo cual por cierto es muy positivo- de asumir la responsabilidad de decidir colectivamente nuestro futuro, de repensar España planteando nuevas metas, nuevos objetivos. No hay más excusas: o se opta por la solución del avestruz convirtiendo en rutina nuestras miserias, o interpretamos la realidad presente con creatividad, patriotismo y altura de miras.

No hay esperanza con Rajoy

Hace unos meses, en el marco de una polémica entre varias comunidades autónomas, Rajoy explicó a los españoles cómo debían resolverse este tipo de problemas. Según el barbicano opositor a presidente del gobierno, en estos casos los presidentes autonómicos deben ocuparse de defender los intereses de sus respectivas comunidades autónomas, y es el presidente del gobierno quien debe velar por los intereses generales. Se me cayó el alma a los pies cuando lo escuché por primera vez; a la segunda, me di cuenta de que no hay esperanza para España en el PP. A lo mejor los estrategas políticos consideran que es una respuesta inteligente, ya que evita posicionarse en contra de alguno de sus barones y descarga en Zapatero toda la responsabilidad; pero denota una visión confederal de España que firmarían gustosamente los nacionalistas. Parece que para Rajoy las disputas entre comunidades autónomas son equiparables a las negociaciones que se llevan a cabo en la Unión Europea, o a una disputa judicial en la que cada parte sólo se ocupa de la defensa de sus intereses y es el juez el único que debe actuar siguiendo criterios de justicia y, por tanto, de imparcialidad.

Comprendo que el presidente de Murcia, por ejemplo, se preocupe por las cuestiones que afectan directamente a su región. Sucede, sin embargo, que una nación se caracteriza por ser un proyecto compartido en aras al logro del bien común. Eso afecta al núcleo mismo del concepto de “interés” en una nación. En efecto, una cosa es defender tus intereses en una negociación entre extraños, y otra muy distinta es no comprender que es conceptualmente imposible en el marco de la vida nacional que exista un interés particular fundado en el sacrificio de tus compatriotas. Con otras palabras, jamás puede ser bueno para Valencia contar con recursos hídricos si ello supone la ruina para Cataluña y/o para Castilla-La Mancha. Los presidentes de todas las comunidades autónomas deben ser españoles ante todo, y eso significa que tienen la obligación de determinar los intereses de sus respectivas comunidades desde una búsqueda compartida del bien común. Ignorar esto y solventar la papeleta apelando a una visión particularista demuestra la miope visión de España del barbicano opositor.

Hacia la prohibición de los toros en Cataluña

Me sorprendería que los nacionalistas catalanes, con la excusa de impedir el maltrato a los animales, desaprovecharan la oportunidad de acabar con uno de los principales símbolos de España. Creo, pues, que la fiesta nacional tiene sus días contados en Cataluña. Y nuevamente les digo lo mismo que con los referéndums: no me preocupa lo más mínimo. Allá se las apañen los catalanes si desean profundizar en su decadencia cultural prohibiendo una manifestación artística extraordinaria, única en el mundo. A lo que hay que añadir los perjuicios económicos que acarrearía su prohibición. ¿Maltrato animal? Si yo pudiera elegir en qué animal reencarnarme probablemente elegiría ser un toro bravo. Esta sensiblería hacia el sufrimiento del toro en la lidia resulta ridícula a la vista de tantos y tantos ejemplos no de maltrato, sino de crueldad con los animales que sí deberían prohibirse.