Parecía que en esta legislatura se iba a discutir la conveniencia de modificar la ley electoral, principalmente con el fin de evitar la sobrerrepresentación de los grandes partidos –PP y PSOE- y de los partidos nacionalistas frente a los pequeños partidos de ámbito nacional (IU y UPyD). De momento no parece que haya demasiado interés en entrar a fondo sobre este asunto y plantear alternativas a la situación actual. Al menos el asunto brilla por su ausencia en los medios de comunicación, oscurecido por la crisis que padecemos y por otros asuntos más actuales como el auto de Garzón (por cierto, ya he leído la mitad del mismo). No obstante, alguna contribución al debate ha existido y he podido tener acceso a ella. Me permitirán, no obstante, que guarde el anonimato respecto al autor del trabajo y al título y lugar de publicación del mismo.
El autor parte de dos premisas inobjetables. El sistema electoral debe contribuir a facilitar la formación de gobiernos estables y a que la composición del parlamento refleje lo más fielmente posible la voluntad expresada por los ciudadanos a través de su voto. Esto último hace referencia a la búsqueda de una fórmula adecuada para lograr que cada partido tenga un número de representantes proporcional al número de apoyos con los que cuenta por parte del electorado. Es evidente que en este punto nuestro sistema hace aguas. Nadie puede negarlo, y se trata de buscar la mejor manera de remediarlo. Pero el autor del estudio al que me estoy refiriendo comienza afirmando que hay que reconocer que nuestro sistema electoral ha tenido la virtud de proporcionar gobiernos estables.
Me parece que no es posible dejar pasar esta afirmación sin someterla a severa crítica, y más a la luz de lo que acabamos de ver que ayer sucedió en el congreso de los diputados. Si se entiende que un gobierno es estable porque agota la legislatura, habrá que decir que ciertamente el sistema electoral español proporciona gobiernos estables porque desde 1982 casi siempre se han agotado las legislaturas debido a que los partidos que ganaron sin obtener mayoría absoluta han tenido un apoyo parlamentario suficiente. Esto es exactamente lo que el autor destaca y valora positivamente. Pero, ¿cuál ha sido el precio de esa estabilidad? La estabilidad se ha logrado con el apoyo de partidos nacionalistas que han condicionado dicho apoyo al logro de ventajas para sus comunidades autónomas. Sin ir más lejos, ayer el PSOE logró sacar adelante sus los presupuestos generales del Estado con el apoyo del PNV y del BNG. ¿Cuál fue el precio que se ha pagado por esa estabilidad? El PNV se ha apresurado a destacar que tendrán competencias en investigación, y el BNG se jacta de que estos presupuestos contemplan la mayor inversión del Estado en Galicia de toda la historia. Queridos lectores, así no vamos a ninguna parte. La estabilidad de un gobierno basada en el chantaje y, por tanto, en la desigualdad entre regiones no contribuye al bien común. Y si no se gobierna buscando el bien común tarde o temprano la sociedad termina desestabilizándose. Con otras palabras, la estabilidad del gobierno no puede lograrse a base de desestabilizar los fundamentos en los que se basa la cohesión nacional.
El sistema electoral debe permitir la formación de gobiernos estables capaces de ejercer su tarea buscando alcanzar el bien común. En la medida en que los grandes partidos dependen de los nacionalistas para formar gobierno no podemos dar por buena dicha estabilidad y pensar que la única tarea pendiente es mejorar la proporcionalidad de la representación que obtienen los partidos. Entonces, se me dirá, ¿qué hacemos borramos del mapa a los partidos nacionalistas? ¡Cómo respeta usted la democracia! Creo que hay que arbitrar un sistema en el que al congreso de los diputados sólo tengan acceso los partidos de implantación nacional, de tal forma que el gobierno sólo esté condicionado por acuerdos sobre programas de gobierno, es decir, sobre cuestiones de carácter ideológico, y no sobre ventajas de determinadas regiones. Los partidos de ámbito territorial siempre tienen la posibilidad de presentarse a las elecciones autonómicas y municipales, y además podría estudiarse la transformación del senado para hacer de ella una cámara de representación territorial, aunque habría que precisar sus funciones. En definitiva, al parlamento nacional sólo deberían acceder partidos con implantación real a nivel nacional. ¿Cómo se puede lograr que esto sea así? Quizá exigiendo una barrera electoral consistente en haber obtenido diputados en provincias de al menos cuatro comunidades autónomas diferentes.
El autor parte de dos premisas inobjetables. El sistema electoral debe contribuir a facilitar la formación de gobiernos estables y a que la composición del parlamento refleje lo más fielmente posible la voluntad expresada por los ciudadanos a través de su voto. Esto último hace referencia a la búsqueda de una fórmula adecuada para lograr que cada partido tenga un número de representantes proporcional al número de apoyos con los que cuenta por parte del electorado. Es evidente que en este punto nuestro sistema hace aguas. Nadie puede negarlo, y se trata de buscar la mejor manera de remediarlo. Pero el autor del estudio al que me estoy refiriendo comienza afirmando que hay que reconocer que nuestro sistema electoral ha tenido la virtud de proporcionar gobiernos estables.
Me parece que no es posible dejar pasar esta afirmación sin someterla a severa crítica, y más a la luz de lo que acabamos de ver que ayer sucedió en el congreso de los diputados. Si se entiende que un gobierno es estable porque agota la legislatura, habrá que decir que ciertamente el sistema electoral español proporciona gobiernos estables porque desde 1982 casi siempre se han agotado las legislaturas debido a que los partidos que ganaron sin obtener mayoría absoluta han tenido un apoyo parlamentario suficiente. Esto es exactamente lo que el autor destaca y valora positivamente. Pero, ¿cuál ha sido el precio de esa estabilidad? La estabilidad se ha logrado con el apoyo de partidos nacionalistas que han condicionado dicho apoyo al logro de ventajas para sus comunidades autónomas. Sin ir más lejos, ayer el PSOE logró sacar adelante sus los presupuestos generales del Estado con el apoyo del PNV y del BNG. ¿Cuál fue el precio que se ha pagado por esa estabilidad? El PNV se ha apresurado a destacar que tendrán competencias en investigación, y el BNG se jacta de que estos presupuestos contemplan la mayor inversión del Estado en Galicia de toda la historia. Queridos lectores, así no vamos a ninguna parte. La estabilidad de un gobierno basada en el chantaje y, por tanto, en la desigualdad entre regiones no contribuye al bien común. Y si no se gobierna buscando el bien común tarde o temprano la sociedad termina desestabilizándose. Con otras palabras, la estabilidad del gobierno no puede lograrse a base de desestabilizar los fundamentos en los que se basa la cohesión nacional.
El sistema electoral debe permitir la formación de gobiernos estables capaces de ejercer su tarea buscando alcanzar el bien común. En la medida en que los grandes partidos dependen de los nacionalistas para formar gobierno no podemos dar por buena dicha estabilidad y pensar que la única tarea pendiente es mejorar la proporcionalidad de la representación que obtienen los partidos. Entonces, se me dirá, ¿qué hacemos borramos del mapa a los partidos nacionalistas? ¡Cómo respeta usted la democracia! Creo que hay que arbitrar un sistema en el que al congreso de los diputados sólo tengan acceso los partidos de implantación nacional, de tal forma que el gobierno sólo esté condicionado por acuerdos sobre programas de gobierno, es decir, sobre cuestiones de carácter ideológico, y no sobre ventajas de determinadas regiones. Los partidos de ámbito territorial siempre tienen la posibilidad de presentarse a las elecciones autonómicas y municipales, y además podría estudiarse la transformación del senado para hacer de ella una cámara de representación territorial, aunque habría que precisar sus funciones. En definitiva, al parlamento nacional sólo deberían acceder partidos con implantación real a nivel nacional. ¿Cómo se puede lograr que esto sea así? Quizá exigiendo una barrera electoral consistente en haber obtenido diputados en provincias de al menos cuatro comunidades autónomas diferentes.
2 comentarios:
¿es viable una circunscripción única?
Exigiría modificar la Constitución. El principal argumento que se esgrime contra la circunscripción única es que aleja todavía más al elector de su representante. Si la circunscripción es provincial se presume que el diputado debe "dejarse ver" más por la provincia de la que es diputado y estar más preocupado por sus problemas. ¿Le convence?
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