Ante el problema catalán

Pese a que resulte indignante ver cómo una minoría pisotea la Constitución y se mofa de la soberanía del pueblo español, el análisis de lo acontecido el domingo en Cataluña no debe ser visceral, sobre todo en lo que respecta a la actuación del Gobierno de Rajoy.

La primera impresión nos lleva a pensar que si el Tribunal Constitucional había suspendido el “proceso participativo” impulsado por la Generalitat catalana, el hecho de que se haya producido menoscaba la credibilidad de las instituciones del Estado de Derecho y deja a Rajoy como un presidente incapaz de mantener incólume el orden público constitucional. Por ello, es lógico que se le critique duramente hasta el punto de llamarle traidor, como hace Santiago Abascal, presidente de Vox. Sí, toda la razón, pero “¿habría sido mejor correrlos a hostias por toda Cataluña mientras la Guardia Civil [o los mossos, venga] quemaba las urnas en una pira ante las cámaras de la CNN?” como se pregunta José García Domínguez. Y es que a veces tener razón nos puede llevar a equivocarnos, sobre todo cuando se abordan problemas políticos.

En el azaroso ejercicio de interpretar las razones del héroe del silencio yo me inclino a pensar que Rajoy, después de sopesar ventajas y costes, llegó a la conclusión de que la imagen de policías cerrando locales, llevándose urnas y -es de suponer- pegando mamporros era mucho más perjudicial que dejar que todo sucediera como finalmente se produjo, porque, al margen de otras consideraciones, ello no le impedía instar la actuación de la fiscalía con posterioridad, como parece que así va a ser. Por otra parte, no cabe descartar, a raíz de las últimas informaciones publicadas, que Rajoy y Mas pactaran lo de ayer: Mas puede “vender” a los suyos que la consulta, pese a todo, se celebró, y que además se produjo gracias a él, que asumió la responsabilidad de lo acontecido. Por su parte, Rajoy puede seguir diciendo, y es verdad, que lo de ayer no fue ni un referéndum ni una consulta con garantías democráticas, tal y como destaca hoy la prensa internacional. No obstante, queda mucho más debilitado Rajoy, pues si su partido tenía como bandera la defensa de la nación española, hoy hasta por ahí hace aguas el PP. Rajoy lo ha permitido y eso, felonía al margen, tiene un coste político altísimo, pues bajo su mandato se ha producido un gravísimo quebrantamiento del Estado de Derecho.

Rajoy debía haber actuado mucho antes para evitar lo del domingo. Debía haber preparado el terreno para que si esta se producía se tuviera la certeza de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuarían sin vacilación. Al no haber tenido ninguna iniciativa política en la lucha contra el independentismo más allá que la mera interposición de recursos ha llegado muy debilitado al pulso final y por eso se ha asustado de esa imagen de correrlos a hostias a la que se refiere García Domínguez. Rajoy no ha comprendido que la defensa del Estado de Derecho exige la defensa de su fundamento, España, la nación española, y que ésta no se logra únicamente a través de medidas jurídicas, sino mediante una iniciativa política que dé respuesta al desafío independentista. ¿Cómo plantar cara políticamente al independentismo? Esta es la gran pregunta. Antes de responder lo que creo que habría que haber hecho y que todavía estamos a tiempo de hacer, diré que lo último que debe hacerse ahora mismo es negociar una reforma constitucional con los independentistas catalanes. En este momento, después de haber actuado de forma manifiestamente ilegal y antidemocrática, jamás. Si la actitud de Rajoy es vergonzosa, ya me dirán cómo calificar las declaraciones de Pedro Sánchez el mismo domingo. Que en pleno desafío a la Constitución el líder del PSOE diga que quiere a los catalanes para liderar el cambio en España es bochornoso, patético, ridículo a más no poder. El PSOE se ha puesto de perfil, como siempre, cuando se trata de defender la España constitucional, optando por una inexistente tercera vía dada la polarización del movimiento independentista. Fíjense que de haber instado a la fiscalía a actuar Rajoy no hubiera estado respaldado por el principal partido de la oposición, ni por supuesto por Podemos, cuyo proyecto político no se basa en modo alguno en la defensa de la nación española. Sólo UPyD y Ciudadanos (por referirme a partidos con presencia parlamentaria y vocación nacional) habrían respaldado a Rajoy, y cada vez es más evidente para algunos que la gran esperanza radica en estos partidos como fuerzas regeneradoras del sistema constitucional del 78. Pero este es otro tema, aunque guarde relación con el que nos ocupa.

Retomemos el asunto. ¿Cómo combatir políticamente el independentismo? Yo me atrevería a dar tres claves.

1. Asumir la realidad regional de España. Hay quienes piensan que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, o que así debería concebirse. Y no les falta razón, pero España es más que eso. La Constitución reconoce el derecho a la autonomía de las “regiones” y “nacionalidades” que la constituyen. El Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente que la autonomía no tiene su origen en supuestos derechos históricos, sino que se fundamenta exclusivamente en la Constitución. Eso es verdad, pero no lo es menos que la Constitución no crea esas regiones, sino que reconoce su existencia, al margen de cómo luego se articulen en comunidades autónomas. Es decir, España se compone no sólo de ciudadanos, sino de sociedades intermedias de inserción, como son las regiones. La autonomía política de las regiones y nacionalidades constituidas en comunidades autónomas significa que son capaces de reflexionar sobre su propia realidad, sobre su “nosotros” regional y pensar en España como proyecto común desde su propia perspectiva valenciana, murciana, andaluza o gallega. Pero esa reflexión puede concretarse en un deseo de independencia más o menos mayoritario, como sucede en Cataluña o el País Vasco. En definitiva, es fundamental darse cuenta de que la autonomía política del Estado de las autonomías abre la puerta al deseo de secesión, por lo que es de capital importancia que España cuente con proyectos nacionales. Si no es así se corre el riesgo de que el “nosotros” regional termine por representar un factor de identidad colectiva más importante que el “nosotros” nacional. Una política tecnocrática que abandone las referencias nacionales es un suicidio. Ni más ni menos que lo que Rajoy hace cuando dice eso de que aquí lo que importa es la economía.

2. Poner un listón visible al independentismo y anunciar las consecuencias. Esta idea me parece esencial. No hay que cerrar nunca las puertas a la posibilidad de que España deje de existir como nación, sobre todo si el deseo de secesión en una región alcanza un grado tal que hace imposible la concordia nacional. En esos casos la secesión puede ser incluso una buena solución para los que permanecen unidos. Cuando hablo de poner un listón visible al independentismo me refiero a dejar claro que pueden tener éxito en sus objetivos si realmente cuentan con una mayoría muy cualificada de personas que apoyan la secesión en dicha región. La verificación de esa mayoría siempre debe producirse a través de mecanismos constitucionalmente legítimos. ¿Y cuál sería esa mayoría? Dado que la independencia implica una redefinición completa del “nosotros”, no estamos hablando de elegir a nuestros representantes parlamentarios para los próximos cuatro años, se trata de una decisión en la que está democráticamente justificado reclamar un pronunciamiento explícito en tal sentido de un amplio porcentaje del cuerpo electoral de esa región. Por eso aquí el nivel de participación es muy relevante. A mi juicio una medida muy adecuada para combatir el independentismo sería lanzar el mensaje de que si los partidos catalanes deciden convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito sobre la independencia a través de un único punto en su programa electoral, tienen todo el derecho a presentárselo así a los ciudadanos. Y acto seguido decirles que si en esas elecciones la participación alcanza el 80% y el apoyo a los partidos favorables a la independencia es de más del 70% el partido X propondrá una reforma constitucional para que todos los españoles puedan votar y hacer efectiva la secesión. Inmediatamente dejaría claras las consecuencias: quien decide marcharse debe saber que se le tratará como a un Estado extranjero y se intentarán lograr las máximas ventajas para quienes permanecemos unidos. Es decir, que los ciudadanos de la región que se separa tengan muy claras las consecuencias de semejante decisión.

3. Respeto a la Constitución. El último punto en la batalla contra el independentismo es un escrupuloso respeto a la Constitución, al Estado de Derecho. Si se ha sentado lo anterior, la defensa de la Constitución se fortalece moralmente porque le has arrebatado al independentismo el argumento de que ellos son quienes defienden la democracia. El independentismo no defiende la democracia, defiende sus objetivos sin importarle que la participación en la votación ilegal del otro día no alcanzara un 40% de participación. Cualquier demócrata estaría avergonzado de pretender romper una nación de siglos de historia con tan escaso apoyo explícito popular. El verdadero demócrata es el que escucha a todo el pueblo y tiene en cuenta que incluso aquellos que no desean participar en unas elecciones forman parte del “nosotros” y no puede decirse que han dado su consentimiento a algo cuando en realidad no lo han hecho. Rajoy podría haber instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad a defender la Constitución y al mismo tiempo haber esgrimido a su favor –reforzadamente- el argumento de la democracia si hubiera tenido la iniciativa política de poner un listón al independentismo en el marco de la Constitución. 

Rajoy no ha hecho absolutamente nada y el resultado ha sido el que conocemos. Todavía estamos a tiempo de combatir el independentismo asumiendo la necesidad de recuperar la iniciativa política en defensa de la nación española. El problema es que el panorama político español no invita precisamente a la esperanza.