La supresión del delito de sedición que va a poner en marcha Pedro Sánchez responde exclusivamente a su objetivo de seguir en el poder al precio que sea. La medida no requiere más análisis: se cede a la presión de los independentistas confiando en que estos respalden a Sánchez en el Parlamento, moderen sus reivindicaciones y el problema catalán se solvente aprobando un nuevo Estatuto que reciba el plácet del Tribunal Constitucional. Lo más contrario a gobernar buscando el bien común: se legisla pensando en lo que conviene a unos cuantos individuos y se maquina para lograr una mayoría en el Tribunal Constitucional que facilite el plan pactado en la “mesa de diálogo”. Es posible que Sánchez se salga con la suya provisionalmente. Una vez deje la presidencia será el momento de recomponer el desaguisado y dejar al PSOE en el diván para que reflexione sobre cuáles son sus proyectos para España. ¿Alzará la voz alguien en el PSOE para criticar a Sánchez? Lo dudo.
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