Es un paradoja que nuestra democracia comenzara su andadura con una ley de amnistía que reconocía la injusticia de algunas conductas consideradas delictivas en el régimen de Franco, y que pueda acabar si el Tribunal Constitucional es capaz de declarar que una ley de amnistía no es contraria a la Constitución. Si el máximo garante de la Constitución admite que el poder legislativo puede decretar una impunidad que excede de sus competencias, consagrará el secuestro de la soberanía que corresponde al pueblo español, y la corrupción del régimen habrá llegado a tal nivel de degradación que el Estado se convertirá en una amenaza para los ciudadanos. La gente no es consciente de lo que está en juego. Que Yolanda Díaz sea capaz de reunirse con Puigdemont para negociar la investidura nos da la pista de que están valorando la posibilidad de una amnistía, aunque eso signifique destrozar nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia. La izquierda está actuando de una forma absolutamente irresponsable, como ya se sabía que iba a hacer. No hay ningún jurista serio en España que pueda avalar la constitucionalidad de la amnistía o de la autodeterminación. Sólo Puigdemont y los suyos pueden afirmar que ambas tienen cabida en ella. Si los golpistas y los traidores tienen éxito una de las consecuencias inevitables será el absoluto descrédito del Estado de Derecho. Los ciudadanos van a pensar que el Derecho es lo que ordena el que manda y punto. Lo mismo que le decía Trasímaco a Sócrates en “La República”.
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