Siempre había confiado en que la democracia constitucional que nos dimos en 1978 protegiera a España, no del mal gobierno, pero sí de aquellos que deliberadamente aspiran a destruir la unidad nacional, el fundamento político de la Constitución. Hoy vemos que un felón como Pedro Sánchez va a permitir la impunidad de un golpista como Puigdemont, prófugo de la justicia. Además, sin ningún pudor, con una desvergüenza propia de quién toma a los ciudadanos por imbéciles (no se lo podemos reprochar a la vista del resultado electoral), justifica la amnistía en nombre de España. Esto no solo es una humillación sino la prueba más evidente de que el régimen nacido en 1978 no ha servido para proteger a la nación. Si, como todo parece apuntar, el Tribunal Constitucional confirma que está al servicio de los propósitos de Sánchez y consagra la constitucionalidad de la impunidad (me da igual como la llamen), será el momento de plantearse qué reformas políticas son necesarias para proteger a la nación. En su día ya me referí a la del sistema electoral, pero quizá no sea suficiente o hayamos llegado tarde. Son veinte años de degradación política e institucional: Zapatero y Sánchez por acción, y Rajoy por omisión. ¡Qué día más triste para todos los que hemos defendido la Transición y la Constitución de 1978!
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