Sobre las protestas ante el problema de la vivienda

Las protestas por la dificultad de acceder a una vivienda en España se han intensificado por la repercusión mediática del desahucio de Maricarmen. Cualquier persona entiende el sufrimiento de alguien que llega a una edad provecta y se ve obligado a abandonar la vivienda en la que ha vivido gran parte de su vida. Lo mismo se siente al escuchar todos estos casos dramáticos de propietarios que ven cómo un “inquiokupa” disfruta de su vivienda mientras ellos no tienen donde vivir. Sin embargo, no he visto ninguna manifestación multitudinaria que proteste por los problemas gravísimos que también padecen algunos propietarios. Un problema de tanta envergadura no debe ser abordado de forma demagógica y mucho menos ser esgrimido como arma arrojadiza para obtener rédito electoral, que es precisamente lo que se está haciendo. Digo esto porque, además de comprobar que las movilizaciones tienen un claro sesgo de parte, hasta ahora jamás había visto una campaña publicitaria en la que un gobierno presumiera de las bondades de una ley -la ley de vivienda- y trasladara el mensaje de que los responsables de que no se aplique son las comunidades autónomas. Al culpabilizar a otras administraciones es imposible hacer autocrítica.

Pocos días antes de que se aprobara la ley de vivienda, expuse en el blog mi opinión crítica con esta norma e hice un pronóstico sobre lo que sucedería tras su entrada en vigor. Creo que la situación actual confirma aquel diagnóstico que por otra parte coincidía con el de muchos expertos. El problema de la vivienda no se puede resolver fácilmente a corto plazo, pero las medidas más aconsejables para resolverlo pasan por aumentar la oferta. En este sentido, quizá lo más importante sea otorgar seguridad jurídica: todo propietario debe tener la certeza de que su propiedad será respetada, y que no tendrá que soportar impagos por dilatados periodos de tiempo hasta recuperar su vivienda. Por otra parte, hay que prohibir los alquileres turísticos en aquellos lugares donde limiten la oferta residencial, y controlar que los de temporada no se realizan en fraude de ley. Los turistas que quieran venir a España tienen muchas posibilidades: hotel, casa rural, camping o apartamentos de temporada. También es importante que aquellos propietarios que alquilen a personas con mayor vulnerabilidad reciban los máximos incentivos fiscales y tengan la seguridad de que podrán recuperar su propiedad en caso de impago. Por tanto, no debe aprobarse una medida general que prohíba los desahucios de personas vulnerables, porque no debe recaer sobre un propietario la responsabilidad de la política social. En un caso como el de Maricarmen, suponiendo que el propietario tiene justo título para recuperar su vivienda, son los poderes públicos quienes deben proporcionar a esta señora una vivienda social. Para atender a estos fines deben ir nuestros impuestos. Finalmente, hay que impulsar vivienda pública y facilitar los trámites para que la iniciativa privada pueda poner en marcha promociones.

Por lo que se empieza a ver, no vamos en esa dirección. Seguimos instalados en la división, en una polarización que se extiende cada vez más por la sociedad. Enfrentar a propietarios e inquilinos es una verdadera insensatez. El legislador debe ajustar sus relaciones, facilitarlas para que ambos se beneficien de un marco adecuado de derechos y obligaciones. La extrema izquierda -Sumar y Podemos- se está posicionando claramente del lado de los inquilinos por considerarlos la parte más débil desde el punto de vista económico. Es verdad que en la mayor parte de ocasiones el inquilino presenta un mayor riesgo de verse en una situación de necesidad, pero el error consiste en pretender hacer recaer sobre el propietario la responsabilidad de solucionar esa situación, con independencia de que tampoco nos vendría nada mal recuperar la vigencia social de las obras de misericordia cristiana.