El dilema de España

Los seres humanos muchas veces solemos justificar nuestros fracasos culpando de ellos a otros o a las circunstancias. También sucede lo mismo en el caso de las naciones, y en España de una manera singular. Está extendida la opinión de que España se vio envuelta en una serie de calamidades que la rezagaron con relación a las naciones más desarrolladas de Europa: tras la Guerra Civil padecimos una dictadura que nos lastró, y con la llegada de la democracia y la incorporación a las instituciones europeas íbamos a recuperar el terreno perdido. Pero, al margen de que dicha creencia dista bastante de la verdad, llega un momento en que a las personas y también a las naciones se les acaban las excusas. Eso está sucediendo en estos momentos con España. Hace más de treinta años que murió Franco y llevamos más de veinte años en la Unión Europea. No hay excusa que justifique muchos de los problemas que en España siguen sin resolverse. Y no me refiero a la crisis económica, sino a cuestiones más elementales como, por ejemplo, la educación, el pilar sobre el que se asienta el futuro de cualquier sociedad. No sólo no hemos sido capaces de mejorar la educación en estos treinta y cinco años, sino que el desastre es completo. Sin paliativos. Y así podría continuar citando ejemplos.

Hace tiempo que vengo comentando que estamos en una nueva fase política que demanda renunciar a los esquemas característicos de los últimos treinta años. Nuestra democracia se halla en una crisis profunda porque podemos contemplar el pasado reciente con cierta perspectiva y es innegable la constatación de grandes fracasos imposibles de imputar a otros o a las circunstancias. Aquellos que pensaban que la propia dinámica de la democracia acabaría con nuestros problemas se equivocaban y ahora observan desencantados la realidad. Por ello no hay más remedio –lo cual por cierto es muy positivo- de asumir la responsabilidad de decidir colectivamente nuestro futuro, de repensar España planteando nuevas metas, nuevos objetivos. No hay más excusas: o se opta por la solución del avestruz convirtiendo en rutina nuestras miserias, o interpretamos la realidad presente con creatividad, patriotismo y altura de miras.

No hay esperanza con Rajoy

Hace unos meses, en el marco de una polémica entre varias comunidades autónomas, Rajoy explicó a los españoles cómo debían resolverse este tipo de problemas. Según el barbicano opositor a presidente del gobierno, en estos casos los presidentes autonómicos deben ocuparse de defender los intereses de sus respectivas comunidades autónomas, y es el presidente del gobierno quien debe velar por los intereses generales. Se me cayó el alma a los pies cuando lo escuché por primera vez; a la segunda, me di cuenta de que no hay esperanza para España en el PP. A lo mejor los estrategas políticos consideran que es una respuesta inteligente, ya que evita posicionarse en contra de alguno de sus barones y descarga en Zapatero toda la responsabilidad; pero denota una visión confederal de España que firmarían gustosamente los nacionalistas. Parece que para Rajoy las disputas entre comunidades autónomas son equiparables a las negociaciones que se llevan a cabo en la Unión Europea, o a una disputa judicial en la que cada parte sólo se ocupa de la defensa de sus intereses y es el juez el único que debe actuar siguiendo criterios de justicia y, por tanto, de imparcialidad.

Comprendo que el presidente de Murcia, por ejemplo, se preocupe por las cuestiones que afectan directamente a su región. Sucede, sin embargo, que una nación se caracteriza por ser un proyecto compartido en aras al logro del bien común. Eso afecta al núcleo mismo del concepto de “interés” en una nación. En efecto, una cosa es defender tus intereses en una negociación entre extraños, y otra muy distinta es no comprender que es conceptualmente imposible en el marco de la vida nacional que exista un interés particular fundado en el sacrificio de tus compatriotas. Con otras palabras, jamás puede ser bueno para Valencia contar con recursos hídricos si ello supone la ruina para Cataluña y/o para Castilla-La Mancha. Los presidentes de todas las comunidades autónomas deben ser españoles ante todo, y eso significa que tienen la obligación de determinar los intereses de sus respectivas comunidades desde una búsqueda compartida del bien común. Ignorar esto y solventar la papeleta apelando a una visión particularista demuestra la miope visión de España del barbicano opositor.

Hacia la prohibición de los toros en Cataluña

Me sorprendería que los nacionalistas catalanes, con la excusa de impedir el maltrato a los animales, desaprovecharan la oportunidad de acabar con uno de los principales símbolos de España. Creo, pues, que la fiesta nacional tiene sus días contados en Cataluña. Y nuevamente les digo lo mismo que con los referéndums: no me preocupa lo más mínimo. Allá se las apañen los catalanes si desean profundizar en su decadencia cultural prohibiendo una manifestación artística extraordinaria, única en el mundo. A lo que hay que añadir los perjuicios económicos que acarrearía su prohibición. ¿Maltrato animal? Si yo pudiera elegir en qué animal reencarnarme probablemente elegiría ser un toro bravo. Esta sensiblería hacia el sufrimiento del toro en la lidia resulta ridícula a la vista de tantos y tantos ejemplos no de maltrato, sino de crueldad con los animales que sí deberían prohibirse.

Vergonzosa campaña de La Sexta y Wyoming contra Hermann Tertsch

Estoy realmente atónito ante la vileza de la campaña de La Sexta contra Hermann Tersch, que he podido conocer a través de You Tube. No sólo es que Wyoming lo criticara cobardemente manipulando sus palabras, y digo cobardemente porque es de cobardes atacar a alguien con la excusa de que se trata de un programa de humor, sino que se mofan abiertamente de la agresión brutal sufrida por Tersch. Jamás había visto algo así en una televisión española. Debería actuarse inmediatamente contra los responsables de esa cadena, al margen de la condena moral de los protagonistas de esos programas y de los asistentes en calidad de público que les ríen las supuestas gracias.

Observen la malintencionada manipulación de Wyoming con ocasión de las palabras de Tersch en: http://www.youtube.com/watch?v=BFh8s8UySkw . ¿Qué fácil es criticar con la excusa del humor, eh Wyoming? Sencillamente vergonzoso.

Y atención a estas viles mofas de la agresión:

http://www.youtube.com/watch?v=tRPeItzhOss

http://www.youtube.com/watch?v=1qfXxBqRbQM

¿El franquismo totalitario?

La Real Academia Española está estudiando si define el comunismo como un movimiento totalitario. Que lo es está fuera de duda, otra cosa es que su inclusión en la definición sea relevante. Pero lo que me ha llamado la atención es que el “franquismo” sí que esté relacionado con el totalitarismo. Concretamente el diccionario lo define así: “Movimiento político y social de tendencia totalitaria, iniciado en España durante la Guerra Civil de 1936-1939, en torno al general Franco, y desarrollado durante los años que ocupó la jefatura del Estado”. No se habla claramente de régimen totalitario, sino de “tendencia totalitaria”. ¿Y qué es el totalitarismo? Según la Real Academia, aquel “régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos”. De la definición yo destacaría como rasgo esencial del totalitarismo la primera parte, no la segunda, aunque es claro que para ese férreo control de la sociedad es necesario dominar los resortes del poder, lo cual es propio de las dictaduras. Si el franquismo tuvo una tendencia totalitaria en sus comienzos, pronto desapareció. Es cierto que reinaba una absoluta falta de libertad política, pero el franquismo permitió un ámbito notable de libertad en el terreno cultural. Quien desee mayor concreción sólo tiene que leer el artículo “la vegetación del páramo”, en el que Julián Marías refuta el tópico de que durante el franquismo España fue un páramo cultural. Absolutamente falso e incompatible con todo intento de presentar el franquismo como un régimen totalitario.

El editorial de los medios catalanes

Supongo que a la vista de los últimos acontecimientos -en especial el bochornoso editorial de los medios catalanes- muchos tendrán que admitir que teníamos razón quienes pusimos de relieve la gravedad de todo lo que representaba el proceso de aprobación del Estatuto de Cataluña. Hoy podemos ver con toda claridad el daño que el gobierno de Zapatero ha hecho a las bases institucionales de la convivencia quebrando el indispensable consenso en materia de aprobación de estatutos, y colaborando al acoso y derribo del Tribunal Constitucional (si no le da la razón), el único intérprete institucional autorizado de la Constitución. El PP no reacciona para evitar hacerse antipático a los votantes catalanes y a CiU, y los ciudadanos españoles observamos atónitos como nuestra Constitución es pisoteada por cuatro políticos incapaces de darse cuenta de que su "obra" no ha recibido ni el apoyo del 50% del electorado catalán. La cosa pinta mal, y la única solución es reafirmar las bases de nuestra convivencia apoyando a los partidos que inequívocamente apuestan por frenar al nacionalismo. Ese partido es UPyD, un partido que nace respondiendo a una necesidad del presente, el único partido genuinamente post-transicional.

Un artículo que publiqué en 2006

En 2006 colaboré habitualmente en el pediódico "Las Provincias". Por aquel entonces ya estaba en pleno apogeo el debate sobre el Estatuto de Cataluña, cuestión de capital importancia pese a que muchos trataran de camuflarlo. Reproduzco en el blog un artículo de entonces en el que apuntaba la difícil situación que se iba a encontrar el Tribunal Constitucional.

"La interpretación despótica de la democracia

Hace tiempo que en Europa enterramos a Rousseau y con él la democracia directa. Desde el principio se pensó que la democracia directa no sólo presentaba dificultades evidentes para su puesta en práctica, sino que era incompatible con la estabilidad que demandaba la burguesía emergente del siglo XIX. Hoy, pese a que las nuevas tecnologías en buena medida podrían realizar la utopía rousseauniana, subsisten poderosas razones contra la democracia directa.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando los representantes del pueblo olvidan su condición y se atreven a afirmar que sus iniciativas se identifican con las del pueblo? Semejante osadía han cometido gran parte de los políticos catalanes al aprobar ese proyecto de estatuto claramente inconstitucional y, sobre todo, profundamente ingrato y desleal con el resto de los españoles. No me refiero a los representantes de ERC y CiU, pues los programas rupturistas de estos partidos, especialmente en el caso del primero, dejan claro que votar a estos partidos implica apoyar iniciativas que vulneran la Constitución española. Pero ¿qué sucede con los votantes del PSC y, por supuesto, con los cientos de miles que no acuden a las urnas? ¿Realmente ese documento lo aprueba el noventa por ciento de los catalanes como desvergonzadamente proclaman estos políticos indignos del puesto que ocupan? Maragall ha realizado una interpretación despótica de la democracia, pero lo grave es que, si Rodríguez Zapatero logra que el PSOE apruebe el texto en el Congreso de los Diputados –no olvidemos que una reforma estatutaria se aprueba por mayoría absoluta, es decir, que no hacen falta los votos del PP-, la fechoría alcanzaría unas proporciones gigantescas y el calificativo más apropiado sería el de alta traición política. Si es más que discutible que Maragall puede afirmar que su electorado respalda ese texto, qué decir del votante socialista del resto de España.

Pero, se me podría objetar, ¿acaso la democracia no ampara la posibilidad de tomar las decisiones que uno cree oportunas cuando ocupa legítimamente el poder, dado que el pueblo se pronunciará en las próximas elecciones? Como se desprende de mis primeras palabras, la crítica a la interpretación despótica de la democracia no implica recuperar la democracia directa. Es necesario entender que existe una diferencia cualitativa entre tomar decisiones impopulares, aunque plenamente democráticas, por ejemplo, la decisión de Aznar de apoyar políticamente la guerra de Iraq, y adoptar decisiones que pueden llegar a desintegrar la nación y socavar los cimientos del Estado. La propuesta de un proyecto tan difícilmente compatible con la Constitución exigía, en el caso del PSC, haberse presentado a su electorado dejando bien claro que se estaba dispuesto a apoyar un estatuto como el que se acaba de mandar al Congreso, y exige, en el caso del PSOE, no aprobar dicha propuesta sin un consenso cualificado que incluya al PP o sin un pronunciamiento explícito del conjunto de los españoles.

El engendro estatutario pretende blindar determinadas competencias autonómicas frente al Estado. Desgraciadamente, no hay sistema político capaz de blindarnos frente a las tentaciones despóticas de quienes ejercen el poder. La experiencia demuestra que el déspota siempre busca el flanco débil del sistema para tratar de imponer su voluntad. En este caso, el flanco débil consiste en que nuestra Constitución no requiere una mayoría cualificada para proceder a la reforma de un estatuto de autonomía. En caso de aprobarse el estatuto por parte del PSOE y sus socios nacionalistas, el futuro de España estaría en manos del Tribunal Constitucional.

Quisiera llamar la atención sobre la curiosa escena que sin duda se produciría si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional los pilares esenciales del proyecto de estatuto. La sentencia del Tribunal Constitucional sería inmediatamente tachada de antidemocrática, dado que doce magistrados estarían impidiendo la entrada en vigor de una norma que, según se diría, tiene el respaldo ampliamente mayoritario del parlamento de Cataluña y de la mayoría necesaria del parlamento español. Así, los representantes políticos interpretan despóticamente la democracia hasta esgrimirla como fuerza capaz de imponerse al Derecho que, si seguimos la tesis que estamos escuchando estos días, no debería servir de “excusa”. Desde luego, si en el PSOE no impera el sentido común nos vemos abocados a esta situación.

Como decía, no hay Constitución que nos blinde frente a las tentaciones despóticas, la falta de sentido común y de patriotismo que hoy en día impera en el gobierno de España. Sin embargo, las dos medidas que, por fin, aunque muy tarde, ha propuesto Rajoy –reformar la Constitución para blindar las competencias del Estado y reformar la ley electoral- son imprescindibles para que España pueda librarse de la tiranía nacionalista.

El art. 150.2, que permite la cesión a las comunidades autónomas de materias de competencia estatal, ha impedido poner coto a las exigencias del nacionalismo catalán y vasco. Por lo tanto, vista la deslealtad mostrada por los nacionalistas, los partidos de ámbito nacional deberían reaccionar mandado al nacionalismo un claro mensaje: la deslealtad tiene un precio y ya toca pagarlo. No es posible que los nacionalistas reciban la impresión de que poner en jaque al Estado sale gratis. Por otra parte, es inconcebible una ley electoral que permite que partidos nacionalistas accedan al parlamento nacional. A mi juicio, sólo partidos con implantación en toda España están en condiciones reales de gobernar para el bien común. No es este el lugar para detallar cómo podría producirse dicha reforma y las dudas de constitucionalidad que podría suscitar, pero su necesidad queda fuera de toda duda.

En definitiva, estamos en un momento crucial de nuestra historia. Yo también pienso, como Rodríguez Zapatero, que el proyecto de estatuto catalán es principalmente una oportunidad. En efecto, es una oportunidad para que España despierte y se libre definitivamente de sus complejos y del despotismo nacionalista".