Españoles de primera y de segunda categoría

Esta tarde, cuando me desplazaba en tren de cercanías entre Elche y Orihuela, no he podido evitar pensar, como en tantas otras ocasiones, que en España existe una gran desigualdad entre los ciudadanos en función de la comunidad autónoma en la que viven. Estoy seguro de que una línea de cercanías como la que discurre entre Alicante y Murcia no tiene paragón en lugares como Madrid, Cataluña o el País Vasco. Trenes de gasóleo, trayectos largos e impuntuales, una sola vía, escasa frecuencia de trenes y saturación de pasajeros. En fin, una verdadera mierda de conexión entre ciudades que sumadas superan el millón de habitantes. La Comunidad Valenciana, especialmente la provincia de Alicante, está siendo maltratada por el gobierno central. Un ejemplo es esta línea de Renfe que parece tener olvidada el Ministerio de Fomento.

Los argumentos de la sentencia sobre la enseñanza de religión

Bueno, ya he estudiado la sentencia y debo decir que su fundamentación me parece impecable. Por otra parte, la unanimidad de los Magistrados respalda más si cabe la decisión. Resumiré los argumentos centrales y citaré el párrafo más importante para facilitar su comprensión (la sentencia ocupa 30 folios y para los legos en la materia su lectura puede resultar pesada).
1.- El Estado es aconfesional, pero tiene la obligación de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, dada la vinculación a los derechos fundamentales que pesa sobre los poderes públicos. Por esta razón, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede, el Estado cumple con esa labor prestacional facilitando la enseñanza de la religión católica en centros públicos, aunque la elección de la asignatura por parte de los alumnos es libre. De este modo, el Estado hace posible que los padres que así lo deseen formen a sus hijos de acuerdo con sus convicciones católicas.
2.- La aconfesionalidad del Estado exige que éste se mantenga neutral a la hora de decidir los contenidos de la enseñanza de la religión católica, que corresponde fijar a la Iglesia católica. Asimismo, la Iglesia decide quienes son personas idóneas para impartir esta materia. A partir de esa competencia lícita que le corresponde, su contratación por parte del Estado debe realizarse respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
3.- En la determinación de la idoneidad la Iglesia no goza de discrecionalidad absoluta para decidir, sino que la idoneidad debe estar justificada en argumentos razonables.
4.- Dado que la finalidad de la enseñanza de religión católica es transmitir la fe, constituye una exigencia razonable que los profesores de esta materia sean creyentes, lo que difícilmente puede ser compatible con una conducta contraria a esas convicciones. Quizá el párrafo más interesante sea el siguiente: “Sin embargo, la condición que deriva de la exigencia de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad no consiste en la mera obligación de abstenerse de actuar en contra del ideario religioso, sino que alcanza, de manera más intensa, a la determinación de la propia capacidad para impartir la doctrina católica, entendida como un conjunto de convicciones religiosas fundadas en la fe. El que el objeto de la enseñanza religiosa lo constituya la transmisión no sólo de unos determinados conocimientos sino de la fe religiosa de quien la transmite, puede, con toda probabilidad, implicar un conjunto de exigencias que desbordan las limitaciones propias de una empresa de tendencia, comenzando por la implícita de que quien pretenda transmitir la fe religiosa profese él mismo dicha fe”.

Sobre la sentencia de los profesores de religión

Mi gran amigo Óscar me pide opinión sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha generado polémica en la opinión pública. Voy a estudiarla y le daré cumplida respuesta en este blog que sólo él y yo leemos; pero anticipo que la clave, en mi opinión, radica en el enfoque que reciba dicha asignatura. Me explico. ¿Es una asignatura confesional?, es decir, ¿tiene como finalidad formar cristianos o simplemente pretende dar a conocer la doctrina católica? Si se trata de lo primero, considero que es lícita y comprensible la exigencia de que sea impartida por católicos practicantes; si sucede lo segundo, podríamos estar ante una medida discriminatoria. Insisto, es importante que los ciudadanos acudamos a las sentencias y revisemos y critiquemos sus argumentos no conformándonos con las respuestas de verdulería que se ofrecen en programas basura.

Una noticia indignante

El telediario de Canal 9 ofreció ayer una noticia verdaderamente indignante aderezada con un epílogo surrealista. El Ebro discurría crecido a su paso por Zaragoza y, según la información, con el caudal acumulado en cuatro días de paso por esa ciudad las necesidades anuales de agua de la Comunidad Valenciana estarían totalmente cubiertas. ¿Es o no indignante que el gobierno de ZP haya derogado sin razón alguna, más allá de la cesión al chantaje de ERC, el trasvase del Ebro? Pues bien, a la indignación hay que añadir el bochorno que provoca escuchar que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Barreda, declare públicamente que no hay ninguna razón que justifique la derogación del trasvase, y que la ministra le ha dado la callada por respuesta cuando, según el propio Barreda, éste se lo ha comentado. Me pregunto cómo es posible que haya valencianos que voten al PSPV conociendo la indigna postura que están adoptando con relación al problema de la falta de agua.

La entrevista a José María García y los argumentarios

Aconsejo que nadie deje de ver la entrevista de Quintero a García censurada por TVE. Está volcada en la web de El Mundo y en ella García ofrece unas pinceladas del paisaje de la lucha por el poder en los medios de comunicación y en la vida política que nos permite hacernos una idea de hasta qué punto está amenazada la libertad. García parece que siempre ha batallado por conservar su libertad; quizá no sea así, pero me da la impresión de que es veraz. Esta actitud contrasta con los pocos hombres públicos que hacen uso de su libertad y antes sucumben a las presiones. Comentaba ayer César Vidal en La Linterna que los partidos políticos facilitan a sus adláteres (ya que hablamos de José María García) mediáticos los llamados “argumentarios”, es decir, las consignas que deben proclamar en sus programas de radio, televisión o dónde sea. ¿Realmente en España vivimos en libertad? Nominalmente puede que sí, pero ser verdaderamente libre tiene un precio que muchos no están dispuestos a pagar.

¿Qué hacer con un tipo como Chaves?

Realmente estamos llegando a situaciones impensables que acentúan la crisis de nuestro sistema democrático. Chaves se muestra tan ufano y declara que el apoyo recibido por el Estatuto andaluz ha sido un éxito. Cito noticia y luego comento:
“El secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, considera un “éxito” el respaldo que ha obtenido el nuevo Estatuto de Andalucía en el referéndum celebrado hoy, pero admitió que no está satisfecho con el nivel de participación, que achacó a la creencia ciudadana de que “el partido estaba ganado de antemano”.
Así lo señaló en la conferencia de prensa celebrada pasadas las 21.00 horas en la sede del PSOE de Andalucía, a la que -a diferencia de otras convocatorias electorales- no se acercaron hoy muchos militantes. “Lo realmente trascendente es que tenemos un nuevo Estatuto respaldado y legitimado por un ’sí’ abrumador”, recalcó Chaves, quien agregó que la decisión que adoptó en 2001 de abordar la reforma fue “acertada” y “la volvería a adoptar otra vez”".
Bueno, pues a mí me parece que los ciudadanos debemos empezar a plantearnos seriamente cómo se debe responder ante políticos que, como Chaves, no dudan en calificar de éxito una convocatoria de participación ciudadana que deja en su casa a más del 60%. Nuestra democracia necesita cambios estructurales básicos. Yo propongo, de momento:
1. Una amplia reforma del sistema electoral que otorgue en el parlamento nacional un peso proporcional a los votantes con que un partido cuente en el conjunto de España.
2. Un sistema electoral con listas abiertas para evitar la tiranía de las facciones dentro de los partidos.
3. Una exigencia de un mínimo porcentaje de participación para declarar válida una convocatoria electoral o un referendum. ¿Qué menos que una participación superior al 60 %?

El estatuto andaluz, deslegitimado

Si los políticos andaluces tuvieran algo de decencia pedirían perdón por dedicarse a tareas absurdas y retirarían ese Estatuto que ni siquiera ha interesado al 40% de los electores. Esta pantomima de las reformas estatutarias está abriendo un abismo entre los políticos y los ciudadanos. Los políticos no se dan cuenta de que corren un grave riesgo con ese distanciamiento que les priva de legitimidad. ¿En nombre de quién actúan? ¿En nombre de qué se está poniendo el país patas arriba? ¡¡¡Un 36,2% de participación!!! Toma del frasco, carrasco.