Creo que la campaña que estamos viviendo a favor de Garzón es la mayor siembra de discordia entre españoles que se ha producido en los últimos treinta y cinco años. Algo verdaderamente gravísimo basado en falsedades y sectarismo. Que hay algo más que indicios de prevaricación en la actuación de Garzón es evidente para todo aquel jurista que se haya tomado la molestia de leer su auto y el brillantísimo recurso que interpuso el fiscal al mismo. También merece una valoración altamente positiva el impecable auto del juez Varela.
El acto de juzgar exige juicios de valor, pero en modo alguno esos juicios pueden traducirse en arbitrariedad, que es exactamente lo que sucede cuando se realizan interpretaciones contrarias a la jurisprudencia y al sentido común como, por ejemplo, el intento garzonil de pretender calificar las “desapariciones” como si se tratara de un delito de detención ilegal. Y así podríamos seguir, aunque quizá lo más grave, como destaca acertadamente el juez Varela, es la forma en que Garzón ha pretendido obviar la existencia de las leyes de amnistía aprobadas durante la transición, que como es sabido fueron el resultado de un gran consenso nacional. Como dice el fiscal en el recurso que presentó al auto de Garzón, todo intento de trazar una analogía entre la amnistía española y las leyes de punto final de las dictaduras del cono sur americano es un auténtico disparate.
La defensa de Garzón ha sido la excusa para que salgan a pasear reivindicaciones esperpénticas como las que reclaman el fin de la impunidad de los crímenes franquistas. Y es un esperpento porque no se puede ignorar en primer lugar la citada amnistía (afirmar que fue impuesta por los herederos del régimen es sencillamente falso); en segundo lugar, porque se trata de ajusticiamientos que tuvieron lugar en su inmensa mayoría hace casi ¡setenta años!; en tercer lugar porque no se puede obviar que fueron cometidos tras una Guerra Civil en la que el bando republicano fue también gravemente criminal; y en cuarto lugar porque ninguno de los dirigentes franquistas de aquella época (los años cuarenta) está vivo. Estamos ante una aberración sectaria que le viene de perlas a Zetapé para movilizar a su electorado, al que poco le importa la concordia entre españoles si puede seguir instalado en el poder.
Finalmente, me parece lamentable que buena parte de la opinión pública (por ejemplo, mi amigo Melquíades) esté siendo víctima fácil de la distorsionada y falaz presentación de los hechos que están realizando los medios de izquierda y los defensores de Garzón. Es fácil dejarse seducir por consignas que presentan a Garzón como un adalid de una causa justa e ignoran con irresponsabilidad criminal que la sociedad española hace más de treinta años decidió no utilizar el pasado como arma política de confrontación.
El acto de juzgar exige juicios de valor, pero en modo alguno esos juicios pueden traducirse en arbitrariedad, que es exactamente lo que sucede cuando se realizan interpretaciones contrarias a la jurisprudencia y al sentido común como, por ejemplo, el intento garzonil de pretender calificar las “desapariciones” como si se tratara de un delito de detención ilegal. Y así podríamos seguir, aunque quizá lo más grave, como destaca acertadamente el juez Varela, es la forma en que Garzón ha pretendido obviar la existencia de las leyes de amnistía aprobadas durante la transición, que como es sabido fueron el resultado de un gran consenso nacional. Como dice el fiscal en el recurso que presentó al auto de Garzón, todo intento de trazar una analogía entre la amnistía española y las leyes de punto final de las dictaduras del cono sur americano es un auténtico disparate.
La defensa de Garzón ha sido la excusa para que salgan a pasear reivindicaciones esperpénticas como las que reclaman el fin de la impunidad de los crímenes franquistas. Y es un esperpento porque no se puede ignorar en primer lugar la citada amnistía (afirmar que fue impuesta por los herederos del régimen es sencillamente falso); en segundo lugar, porque se trata de ajusticiamientos que tuvieron lugar en su inmensa mayoría hace casi ¡setenta años!; en tercer lugar porque no se puede obviar que fueron cometidos tras una Guerra Civil en la que el bando republicano fue también gravemente criminal; y en cuarto lugar porque ninguno de los dirigentes franquistas de aquella época (los años cuarenta) está vivo. Estamos ante una aberración sectaria que le viene de perlas a Zetapé para movilizar a su electorado, al que poco le importa la concordia entre españoles si puede seguir instalado en el poder.
Finalmente, me parece lamentable que buena parte de la opinión pública (por ejemplo, mi amigo Melquíades) esté siendo víctima fácil de la distorsionada y falaz presentación de los hechos que están realizando los medios de izquierda y los defensores de Garzón. Es fácil dejarse seducir por consignas que presentan a Garzón como un adalid de una causa justa e ignoran con irresponsabilidad criminal que la sociedad española hace más de treinta años decidió no utilizar el pasado como arma política de confrontación.