La situación política actual

El análisis de la situación política actual no es excesivamente complejo. En Cataluña todo sigue igual. El independentismo ha fracasado, pero seguirá haciendo daño, principalmente a los catalanes, pero también al conjunto de España. Saben que la ruptura unilateral no puede tener éxito y confían que los grandes países de la Unión Europea fuercen a España a ofrecer una salida política que pase por un referéndum pactado. Es un camino que los españoles no podemos aceptar sin una previa reforma constitucional que es muy difícil que tenga éxito. Confío en que paulatinamente la realidad muestre a los catalanes que no hay alternativa al autonomismo, y que si persisten en apoyar las opciones rupturistas la decadencia económica de Cataluña se agravará. 

La política nacional viene marcada por la descomposición del PP y el ascenso de Ciudadanos como primera fuerza política nacional. Esperemos que Rivera esté a la altura del desafío que tiene por delante. Un político de una generación que no vivió en la Transición está destinado a galvanizar su obra, a aglutinar en torno a su partido un movimiento de regeneración democrática que sea fiel a ese gran proyecto nacional que se gestó tras la muerte de Franco. Su acierto depende, en buena medida, de que sepa incorporar a personas de suficiente valía, quizá el principal problema de la política española. La decepción que ha supuesto comprobar que Cristina Cifuentes no era más que una política capaz de mentir para atribuirse un Master de mierda, y con muchos trapos ocultos que ocultar, refleja el bajísimo nivel de los políticos. Urge que lleguen a la vida pública personas con talento y honradez. Me parece muy bien el ofrecimiento a Valls que ha realizado Rivera, y su mensaje instando a sus bases a entender que las responsabilidades a las que se va a enfrentar Ciudadanos exigen que amplíe sus equipos con personas bien preparadas.

Por lo demás, la situación económica es estable debido a diversos factores. Por una parte, la economía ha experimentado una reestructuración centrada en un modelo productivo más sano en el que destaca el sector exterior, el desarrollo de las empresas tecnológicas y la apuesta por un turismo de mayor calidad. Por otra parte, la política de tipos de interés bajos o negativos del BCE y su programa de compra de bonos ha ayudado a que se cumplan los objetivos macroeconómicos y fluya el crédito, con la consiguiente reactivación del sector de la construcción, aunque con mucha mayor cautela que hace quince años. Como consecuencia de todo ello el paro está bajando y podría pensarse que todo invita al optimismo y a desechar las negras previsiones que –yo también fui uno de ellos- se hicieron sobre el futuro de España. Sin embargo, no estoy tranquilo. Las clases pasivas aumentan y condicionan gravemente los equilibrios presupuestarios. Nos encaminamos hacia un invierno demográfico que tendrá gravísimas consecuencias sociales, políticas y económicas. Es un problema que sigue sin querer afrontarse, al igual que otros muchos que preocupan a la sociedad, pero que siguen ausentes de la agenda política. De ello me ocuparé en próximas entradas.

Tendré que votar a Ciudadanos

Ya había escrito contra el cupo vasco hace años, pero estos últimos días el asunto ha vuelto a estar de actualidad tras su aprobación por el Congreso de los Diputados con el voto en contra de Ciudadanos y Compromís. Los expertos en la materia afirman que el País Vasco aporta muchísimo menos de lo que debería aportar y, en consecuencia, sus ciudadanos reciben un trato privilegiado con relación al resto de ciudadanos españoles. En una tertulia radiofónica, Ignasi Guardans y Juan Manuel de Prada justificaban el cupo aduciendo que no todas las regiones españolas se incorporaron a la nación de la misma forma y por ello deben respetarse esas peculiaridades. Guardans, además, añadía que la presión fiscal en el País Vasco es superior a la del resto de España, y insistía en el celo con que en dicha comunidad se articulan los procesos de inspección tributaria. 

El origen tradicional de una determinada institución o práctica social no la legitima si es contraria a los valores de la Constitución. De lo contrario carecerían de sentido, por ejemplo, las críticas a la necesidad de reformar la Constitución para consagrar la igualdad del hombre y la mujer en la sucesión a la Corona. Es cierto que la desigualdad consagrada en la Constitución permite ese contrasentido, al igual que no puede negarse que la Disposición Adicional Primera "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales". Pero el argumento de Juan Manuel de Prada consistía en aludir a su origen tradicional como resultado de un pacto que habría que respetar, aunque dichos derechos históricos sean fuente de injusticia y falta de solidaridad. El  Tribunal Constitucional ha declarado que no pueden pervivir instituciones que sean contrarias a los valores constitucionales, por lo que si la fuente de dicha injusticia proviene de los derechos históricos no cabe duda de que resultan altamente discutibles

Podría argüirse que el problema no es el cupo, sino la cantidad en la que se concreta. Perfecto. Vayamos ahí, porque indudablemente lo más adecuado sería tratar de cohonestar la pervivencia de los llamados "derechos históricos" con la justicia, igualdad y solidaridad entre españoles. Aquí la crítica es bien clara: el cálculo del cupo es el resultado de la posición de fuerza del PNV frente a la necesidad del PP de aprobar los presupuestos. El PP podría responder que no tiene otra opción, habida cuenta de que no cuenta con el apoyo del PSOE. No me convence el argumento: no debe aceptar ese chantaje, y, como lo ha aceptado, yo, como valenciano que me siento discriminado, no veo otra opción que votar a un partido como Ciudadanos que finalmente se ha decidido a hacer frente a esta situación inaceptable y votar en contra.

El manido argumento de la sentencia del Estatut

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido el argumento que con más insistencia han utilizado los independentistas para justificar su política. Se ha llegado a afirmar por Javier Pérez Royo (autor de cabecera para podemitas e independentistas) que esa sentencia fue un “golpe de Estado” contra Cataluña. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos preceptos del Estatuto de 2006 -que ya había sido aprobado por las Cortes Generales y votado en referéndum por los catalanes- y, puesto que el PP planteó el recurso que dio origen a dicha sentencia, en última instancia sería este partido el responsable del “golpe” y el causante de que no se haya resuelto el problema catalán. Se trata de un argumento que simplifica y desdibuja la realidad con la intención clara de señalar al PP como principal responsable de lo que hoy sucede en Cataluña, y de insistir en que el Tribunal Constitucional es una prolongación de los partidos políticos y está desacreditado como órgano imparcial.

Los Estatutos de Autonomía forman parte del denominado “bloque de constitucionalidad”. Por consiguiente, parece razonable que, más allá de los requisitos que establece la Constitución para proceder a su reforma y aprobación, se haga lo posible por lograr el mayor consenso posible antes de tramitar su reforma. Sin duda, debería contarse con el apoyo de los dos principales partidos nacionales, el PP y el PSOE, cuya importancia a nivel nacional era todavía mayor en 2006. Apelo a su memoria o a google para que recuerden que la reforma del Estatuto catalán se impulsó por Zapatero de espaldas al PP. Nunca se buscó ningún tipo de acuerdo con este partido y Zapatero sacó adelante el nuevo Estatut con el apoyo de CiU, pues ERC abogaba por la abstención. Conviene recordar esto porque es trascendental. Es decir, el PSOE y los independentistas pretendían no sólo marginar al PP de la reforma de un estatuto que forma parte del “bloque de constitucionalidad”, sino que además pretendían que el PP no recurriera ante el Tribunal Constitucional aquellos preceptos que le parecían inconstitucionales. ¿No les parece que eso es mucho pedir? ¿Cómo creen que habría reaccionado el PSOE en una situación similar? Obviamente, nunca debió tramitarse dicha reforma sin contar con el apoyo del PP. Al margen de ello, la ausencia de un recurso previo de inconstitucionalidad impidió que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la reforma aprobada por las Cortes Generales antes de que se votara por los catalanes, lo cual es un despropósito, sin duda. Pero la culpa de ello no recae ni única ni principalmente en el PP, y tampoco en el Tribunal Constitucional. A mi juicio la principal responsabilidad recae el sectarismo del PSOE, que decidió hacer un cordón sanitario para aislar políticamente al PP.

Fracaso estrepitoso del independentismo

No me equivoqué, lectores. El fracaso del independentismo está siendo estrepitoso. No tocan fondo en su descenso al abismo del ridículo. ¡Y qué decir de Podemos! Ahí tienen a payasos zarrapastrosos como Miguel Urban o Dante Fachín defendiendo una República fantasma. Excelente carta de presentación como alternativa política a Rajoy, ¿verdad, Iglesias? 

La hora del 155

He leído el documento aprobado por el Consejo de Ministros, y las medidas que propone el Presidente, consensuadas con PSOE y Ciudadanos, me parecen muy acertadas. No había más remedio. Llega ahora el momento de abrir el paraguas y soportar la críticas de demagogos que acusan al gobierno de la Nación de dar un golpe de Estado: el mundo al revés, la entronización de la mentira. El victimismo del independentismo resonará, como es lógico, pero confío en que el 155 se imponga sin derramamiento de sangre. Su efectividad puede lograrse controlando el dinero y advirtiendo a los funcionarios de la Generalitat de las sanciones a las que se exponen. Espero que pronto las aguas vuelvan a su cauce y España salga fortalecida. Yo creo que así será.

Rajoy, urge defender la democracia y la Constitución por todos los medios

Puigdemont responde a Rajoy que, si se aplica el art. 155, él autorizará al Parlament a votar la independencia. Consuma, pues, el desafío. Han llegado hasta el final con las consecuencias ruinosas que están a la vista de todo el mundo. El análisis de la respuesta que debe dar Rajoy no puede ser más sencillo: hay que adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar el interés general, que para eso está el art. 155. Los golpistas cuentan como arma con la movilización de los dos millones de personas que les apoyan. Hay que neutralizarlos con inteligencia. La batalla se va a librar en la calle y en la opinión pública. No creo que los independentistas sean capaces de mantener la presión en la calle durante mucho tiempo, porque realmente su deseo es impostado, no hay una situación de opresión real, todo es una burda mentira. España vencerá si nos mantenemos firmes y unidos. 

Y a los equidistantes e ignorantes les aconsejo que lean esta carta escrita por Josep Tarradellas en 1981, cuando ya no era Presidente de la Generalidad. Fíjense cómo era fácil prever cuáles serían las consecuencias de una política sectaria basada en la mentira, y felonamente tolerada por los gobiernos de España.

http://www.larazon.es/documents/10165/0/video_content_7328413_20171018230031.pdf

¿Es adecuado plantear ahora una reforma constitucional?

El acuerdo entre el PP y el PSOE, anunciado por Sánchez, de abrir un debate sobre la reforma constitucional podría interpretarse como una cesión al chantaje de los independentistas. Teniendo en cuenta la desbandada de empresas que huyen de Cataluña y el temblor de piernas de Puigdemont, parecería que se está ante una buena ocasión para aplicar el 155 sin contemplaciones, convocar elecciones autonómicas y comprobar si se les dobla la mano a los independentistas y se acaba con la "deslealtad inadmisible" a la que se refirió el Rey. Solo entonces -se continuaría interpretando- se podría estudiar si se debe plantear la reforma constitucional. No ahora. Sin embargo, creo que Rajoy y Sánchez han acertado. Ese debate político no paraliza la aplicación del art. 155, y mucho menos los procesos judiciales que se han abierto y se van a abrir contra los independentistas. Por otra parte, es una vía constitucionalmente admisible y, si sirve para calmar los ánimos, bienvenida sea, porque cualquier propuesta de reforma constitucional que afecte al modelo territorial deberá ser aprobada por el conjunto de los españoles en referéndum. Mediante esta decisión creo que por primera vez el gobierno toma la iniciativa y cada vez se ve más clara la derrota de los independentistas. Dicho esto, se plantea la gran objeción: una reforma constitucional implica un nuevo pacto de convivencia. La pregunta es clara: ¿qué se puede pactar con unas fuerzas políticas incapaces de ser leales a la propia Constitución que protege su autogobierno y que les ha permitido alcanzar el poder? Cualquier reforma debe hacerse pensando en el bien común de toda España y jamás en contentar a los independentistas.