Muchas de las normas que nuestros políticos aprueban en España se caracterizan por estar abiertas al pasteleo. Términos deliberadamente ambiguos, cláusulas vagas o declaraciones de principios que dejan un margen amplísimo para la interpretación dominan el panorama legislativo. La interpretación de las normas siempre es necesaria, pero esta moda que comento, lejos de dejar prácticamente cerrada la cuestión u orientada en un determinado sentido, hace que quede permanentemente abierta.
Como no podía ser de otro modo, la constitucionalización del “déficit cero” lleva camino de sumarse a esta tendencia. Ya empiezan a escucharse declaraciones (Elena Salgado) como que habrá excepciones para que el gobierno pueda tener margen de actuación en circunstancias especialmente difíciles, etc. Es decir, salvamos la cara aparentemente hacia el exterior, y luego aprovechamos la red que nos tejemos en forma de cláusulas abiertas para en un momento dado incurrir en déficit. Si la oposición no está de acuerdo cuando ello suceda recurrirá al Tribunal Constitucional y así tendremos una nueva crisis política a resolver por los doce magistrados. Volverán los cálculos sobre los bloques, las mayorías en el Tribunal y todo lo que ya sabemos. ¡Qué listos somos!
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