En esto consiste la democracia constitucional

Los líderes del PSOE y de Podemos, inmersos en la dinámica partidista de la lucha por el poder y haciendo gala de una manifiesta irresponsabilidad, insisten en que la decisión de suspender la tramitación de una ley que adoptó anoche el Tribunal Constitucional supone un “atropello” o un “golpe” contra la democracia. En realidad, se suspende la tramitación en lo que se refiere a la modificación de la LOPJ y de la LOTC, tal y como se puede leer en el punto 6º de la parte dispositiva del Auto (publicada por el propio Tribunal):

"6º Suspender cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introducidos en la “Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”, que derivan de las enmiendas núms. 61 y 62, presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, e introducidas en el texto de la referida Proposición de Ley Orgánica, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022, y que se corresponden con las disposiciones transitorias cuarta y quinta y con la disposición final primera y segunda apartado 4".

Aunque lo acaten (¡menos mal!), el PSOE y Podemos no conciben que el Tribunal Constitucional adopte unas medidas cautelares para evitar posibles consecuencias lesivas para los derechos fundamentales de los parlamentarios recurrentes. Insisten una y otra vez en que se debería haber permitido la tramitación legislativa y, posteriormente, resolver el recurso de amparo. Al margen de otras consideraciones, lo más importante es que olvidan que el constitucionalismo se fundamenta en la limitación del poder político en atención al respeto que merecen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, el poder legislativo, aunque logre conformar mayorías para aprobar leyes, no está por encima de tales derechos, que constituyen el fundamento de la democracia constitucional. La historia ha demostrado que el poder legislativo no es el mejor garante de tales derechos, y dicha tarea se ha conferido, en último término, al Tribunal Constitucional. Cuando este órgano declara la inconstitucionalidad de las leyes o, como ha sucedido hoy, paraliza la tramitación de una ley alegando que el procedimiento seguido puede vulnerar derechos fundamentales, es posible que la mayoría parlamentaria que impulsa dicha ley lo interprete como un ataque a la democracia. Eso es lo que están haciendo el PSOE y Podemos. Así no sólo muestran su talante demagógico (la comparecencia de Félix Bolaños plagada de tergiversaciones ha sido una vergüenza), sino su profunda falta de respeto a lo que representa la democracia constitucional. El Tribunal Constitucional sirve precisamente para lo que ha hecho hoy: frenar al poder legislativo cuando desvirtúa los procedimientos en fraude de ley, poniendo así en riesgo algún derecho fundamental. Pero la grandeza de la democracia constitucional, lo que verdaderamente le otorga la fuerza de la razón, su carácter “deliberativo” como hoy se acostumbra a decir, es que los que creemos en ella estamos deseosos de leer los argumentos que recoja el Auto del Tribunal Constitucional. Mientras que los parlamentarios obedecen gregariamente las directrices de los líderes de los partidos, el Tribunal Constitucional -incluso admitiendo que esté politizado- debe argumentar, convencer. De ahí que si los argumentos que esgrime para paralizar la tramitación no me convencen, lo criticaré. Y si los votos particulares que se anuncian ofrecen buenas razones, no dudaré en reconocerlas.