Intolerable presión a los magistrados del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional de España comenzó a desempeñar su labor a comienzos del año 1981. Desde entonces ha dictado numerosas resoluciones, algunas muy controvertidas, como es natural dada la función que le atribuye la Constitución. Si se examina su jurisprudencia a lo largo de estos cuarenta años, diría que el nivel jurídico alcanzado es bastante elevado. Para que siga desempeñando adecuadamente sus tareas es necesario que los Magistrados del Tribunal Constitucional tengan no sólo la debida formación, sino la independencia de criterio propia de los hombres y mujeres que saben honrarse a sí mismos y a las instituciones a las que sirven. Además, los Magistrados deben hallar auxilio en la doctrina científica, que debe examinar su jurisprudencia con sentido crítico, pero con el fin de mejorarla, ejerciendo sus tareas desde el respeto a la verdad y a la justicia, y buscando también servir a la nación.  

Hoy, en este mismo momento, los Magistrados de esta institución clave en el funcionamiento de nuestra democracia constitucional están siendo sometidos a una presión intolerable por parte de los partidos del Gobierno, el PSOE y Podemos. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la petición de unas medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, debido al irregular cauce que está siguiendo el Parlamento para la aprobación de unas medidas legislativas que, entre otros extremos, afectan al nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal no va a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las medidas, sino sobre el procedimiento que se está siguiendo. En algunos medios de comunicación se citan declaraciones de líderes políticos que afirman que el Tribunal va a dar un golpe a la democracia. Políticos de Podemos hablan de no acatar la decisión que se adopte e instan al PSOE a sumarse a la desobediencia. No estoy perplejo porque se veía venir que apostaban por deslegitimar al Tribunal Constitucional con la referencia al “mandato caducado” de algunos de sus Magistrados. La irresponsabilidad es absoluta y la necesidad de líderes capaces de dignificar las instituciones es mayor que nunca. No tengo ni idea de lo que pasará, pero creo que lo mejor que podría suceder es que el Tribunal Constitucional dictara una resolución por unanimidad, perfectamente motivada y estimando el recurso del PP.