La primera página del Real Decreto sobre vivienda, aprobado por el gobierno ayer y publicado hoy en el BOE, merece ser reproducida para que cualquier ciudadano de bien sepa en manos de quiénes estamos. Supongo que finalmente no se aprobará esta norma; quizá Sánchez cuenta con ello y sólo desea desviar la atención de Ceuta, culpabilizar a otros del problema de la vivienda, y agitar la calle. En todo caso, si el sectarismo y la mentira deben ser combatidos siempre, verlos plasmados en una ley que debe buscar el bien común es muy preocupante. Hay muchos colegas que me confiesan su pesimismo ante la situación que estamos viviendo, y los entiendo perfectamente. Todavía no me he rendido, pero textos como el que voy a reproducir me recuerdan la zozobra con la que muchos de nuestros antepasados contemplarían atónitos la degradación de la política que nos condujo al abismo.
Lean, por favor. La negrita es mía:
“Durante las últimas
décadas, España ha sufrido diferentes crisis en materia de acceso a la vivienda
que han afectado a distintas generaciones. Si bien todas ellas han sido de
diferente naturaleza y origen, coinciden, sin embargo, en su efecto: la restricción
del derecho a la vivienda en condiciones dignas y adecuadas para amplios
sectores de la población y, en particular, para las clases medias y
trabajadoras. La crisis actual es poliédrica y multicausal, pero no se
entiende sin retrotraerse a la anterior crisis inmobiliaria, la del año 2011.
Y que cumple con todas las características para ser catalogada como una
emergencia habitacional. Tampoco se puede obviar su claro impacto en la
sociedad, siendo el problema de la vivienda una de las principales
preocupaciones ciudadanas, tal y como recogen los estudios del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Tampoco su impacto económico, con potenciales
efectos adversos sobre el bienestar, la movilidad laboral y la evolución, por
consiguiente, de la economía en el medio y largo plazo. Esta situación implica
una clara demanda social a favor de la regulación para garantizar el derecho y
que tiene como elemento de inflexión el triste y dramático y desahucio de Mari
Carmen Abascal. Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer
vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada
procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido
seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a
pesar de no tener una alternativa habitacional digna. Esta mujer es el símbolo
de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado
cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la
vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por
parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización.
Sin duda, este caso confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias
que permiten que situaciones así se produzcan y que es urgente subsanar
legalmente”.
Primer apunte. ¡Nada menos que Maricarmen Abascal es víctima de las leyes de
Franco! Parece increíble afirmar algo semejante cuando es precisamente esa legislación la que le ha permitido seguir en su
vivienda durante muchísimos años. Si hubiera podido subrogarse válidamente en
el contrato de sus padres, un alquiler de renta antigua, seguiría en esa casa.
Segundo apunte. Señalan que la crisis de la vivienda es
poliédrica y multicausal, pero que no se entiende sin retrotraerse a la crisis
inmobiliaria que sitúan en 2011. La gran crisis de las hipotecas subprime, que tuvo
su origen en Estados Unidos, se empezó a sentir en España en 2008 -recuerden el debate Solbes v. Pizarro comentado en el blog- y la recesión comenzó en 2009. Fue una crisis económica que paralizó la construcción y provocó que los precios de las casas se
hundieran (pueden comprobarlo en cualquier histórico de precios), y también bajó el
de los alquileres. Uno de los principales expertos en el mercado inmobiliario,
Borja Mateo, pronosticaba que el precio de las viviendas iba a seguir cayendo y
aconsejaba -se comprobó que tenía razón- vender cuanto antes para no perder
dinero e irse a vivir de alquiler. Es decir, la crisis inmobiliaria que comenzó
en 2008 no tiene nada que ver con la actual, pero pretenden vincularla: la sitúan en 2011, precisamente el año de las elecciones generales en que
Rajoy ganó por mayoría absoluta. Es una verdadera indecencia mentir con el
propósito de no asumir la responsabilidad.
Tercer apunte. Hablando de responsabilidad, obsérvese cómo
con una desvergüenza total cargan la responsabilidad en las administraciones “competentes”
que no han dado “cumplida satisfacción a la regulación vigente”. Si fuera
cierto que la responsabilidad es de las comunidades autónomas gobernadas por el
PP, ¿para qué este Decreto? Se está poco menos que admitiendo que la
administración central no puede paliar el problema, ¿no? Es una gigantesca muestra
de demagogia, pero lo más grave es que millones de personas -propietarios e
inquilinos- están sumidos en la máxima incertidumbre, justo lo peor que puede
suceder. El mercado del alquiler estaba herido; si este Decreto saliera
adelante no tengo la menor duda de que muchísimas personas pueden olvidarse de
acceder a una vivienda. Pero creo que no se aprobará, porque el gobierno no
dispone de mayoría para gobernar, como acredita que vayamos a pasar una
legislatura entera sin presupuestos.
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