Obispos en campaña
"Las decenas de miles de personas que respondieron ayer a la convocatoria del Arzobispado de Madrid en defensa de la familia cristiana recibieron los mensajes que ya se han convertido en una obsesión para la jerarquía católica española. En opinión de los representantes del episcopado que intervinieron en la plaza de Colón, el Gobierno socialista trabaja para destruir la familia, mediante leyes como la que regula el matrimonio entre homosexuales, el divorcio exprés, la Educación para la Ciudadanía o el aborto. Consideran que tales leyes son inicuas y, según el cardenal de Madrid, Rouco Varela, "una marcha atrás en los derechos humanos" y, por supuesto, niegan que exista otra familia que la heterosexual.
Todas las obsesiones generan una atmósfera malsana, porque excluyen la reflexión y la autocrítica. A pesar de las graníticas acusaciones lanzadas ayer por los oradores episcopales, las leyes sobre el divorcio, el matrimonio homosexual o el aborto responden a la necesidad de regular situaciones que se producen en una sociedad abierta y democrática. La insistencia en que sólo existe un tipo de familia reconocible y defendible es un comportamiento teocrático y que demuestra bien poco respeto a la independencia del poder civil o laico frente a las férreas posiciones de una confesión religiosa, muy respetables siempre que no traten de imponerse a todos.
Los obispos convocantes orientarían mejor sus esfuerzos si en lugar de cultivar la manía persecutoria analizasen las causas por las que su discurso religioso tiene cada vez menos crédito. Nadie ataca a la familia en España, y su crisis, de existir, se debería a la estrechez de miras con que sus defensores se han empeñado en negar que la sociedad acepta otras formas de convivencia basadas en principios de afectividad y respeto que la propia Iglesia dice defender. Mal Gobierno sería el que asfixiara esas otras expresiones de convivencia.
El encuentro de ayer tuvo las características de un acto político. La obsesión persecutoria, la repetición de mensajes poco articulados, como el de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad o la ofuscada acusación al Gobierno de todos los males que aquejan a la Iglesia, confirman que fue un mitin electoral encubierto. Resulta chocante tanta contumacia contra un Gobierno, el de Zapatero, que ha adoptado medidas que tienen un impacto directo en la protección de la familia, cuando no en su fomento. Algunas, como la Ley de Dependencia o la iniciativa para universalizar la educación de 0 a 3 años, afectan de forma positiva en el bienestar de los hogares. El exabrupto del cardenal de Valencia, García-Gasco, de que el laicismo conduce a la disolución de la democracia ratifica la criticable calidad política de la convocatoria. Al contrario, la democracia se disuelve cuando quienes deben respetarla, como los obispos, irrumpen sin miramientos en tareas que no les corresponden".
Valoración crítica
A la luz de este editorial, es evidente que la concentración del domingo a favor de la familia y en contra de las medidas gubernamentales que la perjudican ha sido un rotundo éxito. Llama poderosamente la atención que ante un acto de semejante envergadura los argumentos del editorialista sean tan sumamente débiles.
En todo el artículo destaca la falta de respeto al ejercicio del derecho a la libre expresión por parte de los manifestantes. La defensa reiterada y plenamente democrática de unas ideas por parte de la Iglesia es calificada de “obsesión”. Añadiéndose más adelante que “todas las obsesiones generan una atmósfera malsana, porque excluyen la reflexión y la autocrítica”. Desde luego, pretender hacer creer a los lectores a estas alturas del siglo XXI que la Iglesia ni ha reflexionado ni ha hecho autocrítica en su posición en torno a la familia es alucinante. Una ojeada a las lúcidas y meditadas reflexiones sobre la familia presentes en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia retrata a quien desliza semejante acusación.
La Iglesia critica algunas leyes promovidas por el gobierno socialista como, por ejemplo, la ley que regula el matrimonio entre homosexuales o la ley del divorcio “express”. El editorialista sostiene que tales leyes obedecen a la necesidad de “regular situaciones que se producen en una sociedad abierta y democrática”. Se podría inferir que el gobierno no pretende juzgar moralmente la conducta de sus ciudadanos, sino que actúa neutralmente constatando que existe una determinada realidad social que hay que regular. Supongamos que el gobierno es neutral, ¿acaso no tiene derecho la Iglesia para calificar moralmente la regulación gubernamental? En modo alguno su supuesta neutralidad exime al gobierno de críticas. Pero ¿acaso el gobierno de una nación debe ser neutral a la hora de gobernar buscando el bien común? Precisamente debe trabajar a favor del bien común, no del mal común. Una sociedad abierta y democrática exige que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos con independencia de su concepción del bien, pero eso no significa que el gobierno no tenga un proyecto político que defienda una determinada concepción del bien común. Dicho esto, ¿existe la necesidad de regular el matrimonio homosexual y el divorcio express? Los homosexuales tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. La Iglesia únicamente sostiene que las uniones homosexuales no son un matrimonio. Esta postura no implica restringir el derecho al matrimonio de los homosexuales. Tienen derecho a contraer matrimonio, sólo que dicho derecho, como sucede con cualquier persona, se ejerce uniéndose a una persona de sexo diferente con la que no existan vínculos de consanguinidad próximos. La Iglesia piensa, en mi opinión acertadamente, que llamar matrimonio a uniones de personas del mismo sexo desnaturaliza, pervierte la esencia de esta institución basada en la ley natural.
En cuanto al divorcio express el razonamiento del editorialista podría traducirse diciendo que dado que cada día se divorcia más gente, el gobierno se limita a facilitar los trámites. ¿Eso es neutralidad? Eso es banalizar el matrimonio que, por si el gobierno no se ha enterado, es la base sobre la que se asienta la familia. ¡Cómo no va a estar preocupada la Iglesia o cualquier persona con dos dedos de frente! Pero -se replicará- el gobierno no fuerza a nadie a divorciarse y también deja libertad a las personas para que elijan el sexo de su cónyuge a la hora de casarse. Parece que ni el gobierno ni el editorialista quieren darse cuenta de que la protección de determinadas instituciones sociales exige restringir determinados comportamientos.
Como decía al principio, la absoluta falta de respeto a la libre expresión de la Iglesia es constante en toda la editorial. El siguiente texto es suficientemente ilustrativo: “La insistencia en que sólo existe un tipo de familia reconocible y defendible es un comportamiento teocrático y que demuestra bien poco respeto a la independencia del poder civil o laico frente a las férreas posiciones de una confesión religiosa, muy respetables siempre que no traten de imponerse a todos”. Es alucinante que el editorialista interprete que respetar el poder político se traduzca en guardar silencio ante aquellas medidas que nos parezcan criticables. Ese silencio es la traducción práctica del relativismo moral. Sin duda ese es el camino que conduce a una sociedad de borregos en la que todo vale porque todo es relativo.
En el siguiente párrafo el artículo ya roza el ridículo. Nada menos que se sugiere a los obispos que analicen “las causas por las que su discurso religioso tiene cada vez menos crédito”, justo cuando han convocado a un millón y medio de personas en defensa de la familia. Sin duda, una genuina huida hacia delante del editorialista.
Y el último párrafo ya es de traca. Todo lo que sea reunirse para criticar determinadas medidas promovidas por el gobierno es un acto con fines políticos, es decir, electoralistas, pues no en vano lo califica nada menos que de “mitin electoral encubierto”. Y posteriormente mezcla churras con merinas destacando determinadas medidas sociales a favor de la familia. Sin duda esto de vivir adscritos a la facción política en cuestión impide a estos plumillas ver con claridad. En su ofuscación, piensan que si uno es del PSOE tiene que apoyar todo lo que haga el gobierno, mientras que lo contrario si es del PP. De ahí que en este maniqueísmo pierdan comba ante instituciones como la Iglesia que no están adscritas a ningún partido.
"Las decenas de miles de personas que respondieron ayer a la convocatoria del Arzobispado de Madrid en defensa de la familia cristiana recibieron los mensajes que ya se han convertido en una obsesión para la jerarquía católica española. En opinión de los representantes del episcopado que intervinieron en la plaza de Colón, el Gobierno socialista trabaja para destruir la familia, mediante leyes como la que regula el matrimonio entre homosexuales, el divorcio exprés, la Educación para la Ciudadanía o el aborto. Consideran que tales leyes son inicuas y, según el cardenal de Madrid, Rouco Varela, "una marcha atrás en los derechos humanos" y, por supuesto, niegan que exista otra familia que la heterosexual.
Todas las obsesiones generan una atmósfera malsana, porque excluyen la reflexión y la autocrítica. A pesar de las graníticas acusaciones lanzadas ayer por los oradores episcopales, las leyes sobre el divorcio, el matrimonio homosexual o el aborto responden a la necesidad de regular situaciones que se producen en una sociedad abierta y democrática. La insistencia en que sólo existe un tipo de familia reconocible y defendible es un comportamiento teocrático y que demuestra bien poco respeto a la independencia del poder civil o laico frente a las férreas posiciones de una confesión religiosa, muy respetables siempre que no traten de imponerse a todos.
Los obispos convocantes orientarían mejor sus esfuerzos si en lugar de cultivar la manía persecutoria analizasen las causas por las que su discurso religioso tiene cada vez menos crédito. Nadie ataca a la familia en España, y su crisis, de existir, se debería a la estrechez de miras con que sus defensores se han empeñado en negar que la sociedad acepta otras formas de convivencia basadas en principios de afectividad y respeto que la propia Iglesia dice defender. Mal Gobierno sería el que asfixiara esas otras expresiones de convivencia.
El encuentro de ayer tuvo las características de un acto político. La obsesión persecutoria, la repetición de mensajes poco articulados, como el de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad o la ofuscada acusación al Gobierno de todos los males que aquejan a la Iglesia, confirman que fue un mitin electoral encubierto. Resulta chocante tanta contumacia contra un Gobierno, el de Zapatero, que ha adoptado medidas que tienen un impacto directo en la protección de la familia, cuando no en su fomento. Algunas, como la Ley de Dependencia o la iniciativa para universalizar la educación de 0 a 3 años, afectan de forma positiva en el bienestar de los hogares. El exabrupto del cardenal de Valencia, García-Gasco, de que el laicismo conduce a la disolución de la democracia ratifica la criticable calidad política de la convocatoria. Al contrario, la democracia se disuelve cuando quienes deben respetarla, como los obispos, irrumpen sin miramientos en tareas que no les corresponden".
Valoración crítica
A la luz de este editorial, es evidente que la concentración del domingo a favor de la familia y en contra de las medidas gubernamentales que la perjudican ha sido un rotundo éxito. Llama poderosamente la atención que ante un acto de semejante envergadura los argumentos del editorialista sean tan sumamente débiles.
En todo el artículo destaca la falta de respeto al ejercicio del derecho a la libre expresión por parte de los manifestantes. La defensa reiterada y plenamente democrática de unas ideas por parte de la Iglesia es calificada de “obsesión”. Añadiéndose más adelante que “todas las obsesiones generan una atmósfera malsana, porque excluyen la reflexión y la autocrítica”. Desde luego, pretender hacer creer a los lectores a estas alturas del siglo XXI que la Iglesia ni ha reflexionado ni ha hecho autocrítica en su posición en torno a la familia es alucinante. Una ojeada a las lúcidas y meditadas reflexiones sobre la familia presentes en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia retrata a quien desliza semejante acusación.
La Iglesia critica algunas leyes promovidas por el gobierno socialista como, por ejemplo, la ley que regula el matrimonio entre homosexuales o la ley del divorcio “express”. El editorialista sostiene que tales leyes obedecen a la necesidad de “regular situaciones que se producen en una sociedad abierta y democrática”. Se podría inferir que el gobierno no pretende juzgar moralmente la conducta de sus ciudadanos, sino que actúa neutralmente constatando que existe una determinada realidad social que hay que regular. Supongamos que el gobierno es neutral, ¿acaso no tiene derecho la Iglesia para calificar moralmente la regulación gubernamental? En modo alguno su supuesta neutralidad exime al gobierno de críticas. Pero ¿acaso el gobierno de una nación debe ser neutral a la hora de gobernar buscando el bien común? Precisamente debe trabajar a favor del bien común, no del mal común. Una sociedad abierta y democrática exige que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos con independencia de su concepción del bien, pero eso no significa que el gobierno no tenga un proyecto político que defienda una determinada concepción del bien común. Dicho esto, ¿existe la necesidad de regular el matrimonio homosexual y el divorcio express? Los homosexuales tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. La Iglesia únicamente sostiene que las uniones homosexuales no son un matrimonio. Esta postura no implica restringir el derecho al matrimonio de los homosexuales. Tienen derecho a contraer matrimonio, sólo que dicho derecho, como sucede con cualquier persona, se ejerce uniéndose a una persona de sexo diferente con la que no existan vínculos de consanguinidad próximos. La Iglesia piensa, en mi opinión acertadamente, que llamar matrimonio a uniones de personas del mismo sexo desnaturaliza, pervierte la esencia de esta institución basada en la ley natural.
En cuanto al divorcio express el razonamiento del editorialista podría traducirse diciendo que dado que cada día se divorcia más gente, el gobierno se limita a facilitar los trámites. ¿Eso es neutralidad? Eso es banalizar el matrimonio que, por si el gobierno no se ha enterado, es la base sobre la que se asienta la familia. ¡Cómo no va a estar preocupada la Iglesia o cualquier persona con dos dedos de frente! Pero -se replicará- el gobierno no fuerza a nadie a divorciarse y también deja libertad a las personas para que elijan el sexo de su cónyuge a la hora de casarse. Parece que ni el gobierno ni el editorialista quieren darse cuenta de que la protección de determinadas instituciones sociales exige restringir determinados comportamientos.
Como decía al principio, la absoluta falta de respeto a la libre expresión de la Iglesia es constante en toda la editorial. El siguiente texto es suficientemente ilustrativo: “La insistencia en que sólo existe un tipo de familia reconocible y defendible es un comportamiento teocrático y que demuestra bien poco respeto a la independencia del poder civil o laico frente a las férreas posiciones de una confesión religiosa, muy respetables siempre que no traten de imponerse a todos”. Es alucinante que el editorialista interprete que respetar el poder político se traduzca en guardar silencio ante aquellas medidas que nos parezcan criticables. Ese silencio es la traducción práctica del relativismo moral. Sin duda ese es el camino que conduce a una sociedad de borregos en la que todo vale porque todo es relativo.
En el siguiente párrafo el artículo ya roza el ridículo. Nada menos que se sugiere a los obispos que analicen “las causas por las que su discurso religioso tiene cada vez menos crédito”, justo cuando han convocado a un millón y medio de personas en defensa de la familia. Sin duda, una genuina huida hacia delante del editorialista.
Y el último párrafo ya es de traca. Todo lo que sea reunirse para criticar determinadas medidas promovidas por el gobierno es un acto con fines políticos, es decir, electoralistas, pues no en vano lo califica nada menos que de “mitin electoral encubierto”. Y posteriormente mezcla churras con merinas destacando determinadas medidas sociales a favor de la familia. Sin duda esto de vivir adscritos a la facción política en cuestión impide a estos plumillas ver con claridad. En su ofuscación, piensan que si uno es del PSOE tiene que apoyar todo lo que haga el gobierno, mientras que lo contrario si es del PP. De ahí que en este maniqueísmo pierdan comba ante instituciones como la Iglesia que no están adscritas a ningún partido.