Es totalmente comprensible la indignación ciudadana al saber que los etarras van a poder presentarse a las elecciones. Supongo que, salvo algún tonto como yo, poca gente se habrá leído la sentencia del Tribunal Constitucional que estima su recurso de amparo. ¿Y para qué? El Tribunal Constitucional ha dejado su prestigio en el camino tras el bochornoso espectáculo ofrecido con los prolegómenos y la sentencia del Estatuto de Cataluña. Como advertí en su momento, si ya entonces estaba bajo sospecha, debido principalmente a la evidencia de que no ha permanecido ajeno a las influencias de la lucha partidista, con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña se jugaba definitivamente, más que su prestigio, su credibilidad.
En la polémica sobre la ilegalización de Bildu el Tribunal Constitucional tiene razón. Léanse los fundamentos 9 y 10 de la sentencia, en los que se recuerda la doctrina constitucional respecto a los requisitos que deben darse para ilegalizar un partido o, como es el caso, una agrupación de electores, y luego observen la impecable aplicación de dicha doctrina al caso concreto en el fundamento jurídico 11, con citas literales de la sentencia del Tribunal Supremo que sorprenderían a más de uno. Pero lo verdaderamente grave es que ya da igual que el Tribunal Constitucional tenga razón. Nadie confía, ni se preocupa por la argumentación jurídica de la sentencia. Los etarras creen que no han sido sus argumentos jurídicos los que han propiciado la estimación de su recurso, sino que están convencidos de que ha sido una decisión política, porque en España, dicen, no hay separación de poderes. El problema es que el resto de los españoles pensemos lo mismo. Provoca escalofríos escribir algo así, porque estoy reconociendo que la política, o, mejor dicho, la lucha partidista, ha sepultado al Derecho, y naturalmente si en un Estado de Derecho el Derecho carece de importancia difícilmente se puede seguir diciendo que vivimos en un Estado de Derecho.

