Los últimos acontecimientos relacionados con ETA merecen algunos comentarios. Es claro que la conferencia celebrada en San Sebastián ha servido de apoyo a la estrategia etarra, probablemente su única finalidad, porque es inaceptable que el conflicto vasco se presente como una lucha armada entre dos partes que genera víctimas de ambos bandos. El PSE-PSOE debería haberse mantenido al margen en lugar de cometer la felonía de respaldarla con su presencia. Sospecho que su decisión ha obedecido al propósito de asegurar que se produjera el comunicado de ETA que hemos conocido apenas finalizada la conferencia. Ese “cese definitivo de la actividad armada” a un mes de las elecciones generales supone, por una parte, un balón de oxígeno de ETA a la campaña electoral del PSOE –no creo, por cierto, que ello mejore excesivamente sus expectativas electorales- y, por otra, una decisión estratégica para poder en un momento dado argumentar que el nuevo gobierno español presidido por Rajoy no da pasos en la dirección que desean.
No confío demasiado en que el “cese definitivo” de la violencia que se anuncia sea realmente definitivo; pero, aunque hubiera preferido que su comunicado incluyera su disolución, una declaración de arrepentimiento y una petición de perdón por el daño causado, es positivo que ETA se exprese en esos términos. A partir de aquí, podemos preguntarnos qué pasos podrían darse. Lo primero es asegurar la definitiva desaparición de ETA. Nada se puede hablar bajo coacción, y no hay, en efecto, que pagar ningún precio político por poder vivir en libertad. Ahora bien, si realmente ETA desapareciera del escenario vasco, por fin se podría afrontar adecuadamente el conflicto vasco.
Imaginemos que ETA se disuelve y da paso a una organización exclusivamente política, y que tanto ellos como el PNV y otros partidos vascos apuestan por la independencia y logran un apoyo popular mayoritario. Este es el escenario más probable. Si ello acontece, creo que habrá que afrontar abiertamente cuestión. En lo que a mí respecta, no sólo no tengo ningún temor a que esto se produzca, sino que reconozco abiertamente que prefiero la independencia a mantener la situación de privilegio que actualmente disfrutan vascos y navarros con su régimen fiscal. Se debe tener en cuenta el deseo de los vascos, pero sobre todo se debe respetar la soberanía del pueblo español, tal como establece la Constitución. Esto significa que los vascos no pueden decidir su encaje en España sin que nos pronunciemos todos los españoles. Ahora bien, si el deseo mayoritario de los vascos es la independencia, creo que aferrarse a la Constitución para impedirlo sería un grave error, pese a que ese deseo sea un disparate. Sería necesario precisar cómo debe manifestarse esa voluntad de independencia: ámbito de decisión –provincias vascas o conjunto de la comunidad-, formulación de la/s pregunta/s a los ciudadanos, porcentaje de respuesta para adoptar una decisión, etc. Lo prioritario, no obstante, insisto en ello, es confirmar el fin del terrorismo y dar paso a una normalización de la convivencia por un período de tiempo lo suficientemente amplio antes de abordar, si los ciudadanos vascos a través de sus representantes insisten en ello, la posible independencia.