La enésima reforma universitaria

Cualquier gobierno español que se precie no puede dejar de afirmar con toda gravedad que la Universidad española necesita una reforma. Como tocaba, eso ha hecho hoy el ministro Wert, quien ha anunciado que una comisión de expertos trabajará para formular propuestas al respecto. ¿Acaso no es verdad que se necesitan cambios? Naturalmente. Eso sí, convendría empezar por lo “sencillo”: me conformo con que sólo accedan a la Universidad los estudiantes que verdaderamente están en condiciones de cursar estudios universitarios, y con que a los profesores se nos evalúe rigurosamente la calidad de nuestra docencia y de nuestra investigación. Sobre esto último, en mi opinión, urge prestar atención al contenido de las investigaciones y no principalmente a esos indicios formales y cuantitativos que están degradando nuestro nivel científico. A partir de ahí, lo que quieran: mejoras en planes de estudio, metodologías docentes participativas, internacionalización, prácticas en empresas, racionalización del mapa de titulaciones, etc.

Como ven, no me opongo a las reformas. Sin embargo, cuando en menos de catorce años se atisba una nueva reforma en el horizonte uno ya empieza a cansarse. Les ahorraré la narración del periplo vivido desde la Ley de Reforma Universitaria hasta la actual Ley de Universidades, y me limitaré a recordar el lector que hace menos de tres años la Universidad española se puso patas arriba para acometer la reestructuración completa de los planes de estudio con el fin de adaptarse a la peculiar interpretación que el gobierno socialista de entonces hizo del Espacio Europeo de Educación Superior a través de un Real Decreto. Se pretendía cambiar no sólo la duración y el contenido de los nuevos títulos, que ahora iban a ser Grados y Masters, sino también el acceso a la Universidad y las metodologías docentes. Además, era la ocasión perfecta para, si se quería, cambiar el mapa de titulaciones. Se trataba, pues, de un cambio radical en el que muchos nos embarcamos con escaso o nulo entusiasmo. Esto último da igual. Lo importante es que se puso mucho esfuerzo y una colosal burocracia para culminar el tránsito a Bolonia. Apenas hemos comenzado a funcionar, ¡ni tres años han pasado!, y los políticos, como era de esperar, vuelven a afirmar que la Universidad necesita una reforma. Esto me recuerda a cuando en la película de Garci “Tiovivo c. 1950” un personaje comenta a una actriz argentina y a su acompañante que “el cine español no está en crisis por la sencilla razón de que siempre ha estado en crisis”. Yo diría que a la Universidad le pasa lo mismo.

En fin, tengan claro que aquí lo de situar a las Universidades españolas en las primeras posiciones del ranking mundial es lo de menos. Se trata de ahorrar dinero a través de las medidas que se les antojen. Que no nos vengan ahora con que si el abandono de los estudios es muy elevado o que si el nivel de desempleados con estudios universitarios es muy alto. Si verdaderamente se toma en serio el “plan Bolonia” habría que evaluar sus efectos mucho más adelante. Si uno trabaja en la Universidad no debe dejarse marear por estas reformas porque se volvería majareta. Así que a trabajar bien y a dejarse de rankings.

Al borde del abismo

Ni los presupuestos de 2012, que Montoro ha calificado como los más austeros de la democracia, ni el anuncio del pasado fin de semana de un ajuste de 10.000 millones de euros en sanidad y educación han hecho que la prima de riesgo española deje de subir. Estamos al borde de la quiebra y, por tanto, de ser rescatados en unas condiciones que garantizan un grave estallido social y una crisis política sin precedentes. ¿Por qué? La causa próxima, a mi juicio, se halla en el tremendo error del gobierno de retrasar la aprobación de los presupuestos por razones partidistas. Con ello se ha perdido tiempo y, sobre todo, credibilidad. De ir marcando la iniciativa se ha pasado a ir a remolque, ofreciendo nuevas razones para que se confíe en la solvencia de España. Ahora tenemos reforma de la sanidad en dos semanas. ¿Se acuerdan de lo que les decía del copago (o como lo quieran llamar) que viene? Estaba cantado, porque sólo así, es decir, reduciendo la base del Estado social se podía cumplir con el objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas.

Pero la causa última de esta crisis es otra, y llevo refiriéndome a ello desde hace tiempo. Claro que hacen falta reformas en España. Naturalmente que sí. Algunas de ellas son previas a “tocar” sanidad y educación, como la supresión de las diputaciones, la fusión de ayuntamientos, la reducción de empresas públicas, etc. Mucho se debe reformar en España, empezando por la mentalidad y los valores cívicos que predominan en nuestra sociedad. Leí que los mercados, conocido el presupuesto, esperaban todavía más reformas y que ello explicaba el aumento de la prima de riesgo. Tratar de conocer las razones de los mercados no es cosa fácil. Sólo hay una razón que sin duda les mueve: conseguir la más alta rentabilidad posible, lo cual pasa, naturalmente, porque les devolvamos lo prestado con los correspondientes intereses. Pero dejemos en paz a los mercados. ¿Creen que a Alemania, a Francia, a nuestros “socios” europeos les preocupa la situación de la sanidad o de la educación española? Lo que desean es que no quebremos para que no dejemos de pagar las deudas que con ellos tenemos contraídas, así como para que compremos los productos que nos venden. Son rigurosamente “socios”, se mueven por interés propio. Igual de socios son los mercados que nos prestan, que los países que nos van a rescatar. Unos y otros actúan movidos por interés.  

La crisis internacional que estamos viviendo tiene muchas razones, pero en el caso de España a una pésima gestión del gobierno socialista se ha unido el corsé letal que para nuestra economía está representando el euro y la interpretación que de la unión monetaria está haciendo Alemania. El euro es imposible, está condenado al fracaso porque es la moneda de naciones que miran básicamente por sus propios intereses, y cuyas economías divergen en exceso. ¿Qué hacer? ¿Hay alternativa a la vía ortodoxa que reclama que sigamos recortando y reformando para evitar la quiebra y luego comenzar a crecer? La cosa está difícil, pero quizá España tiene el tamaño suficiente para plantear un órdago. Pienso en voz alta: Los ajustes y reformas están bien hasta cierto punto, pero no se nos puede pedir algo que no es razonable porque compromete las bases de nuestro Estado social y las del crecimiento económico. Ante eso hay que plantarse, lo cual puede suponer la quiebra y el rescate. ¿Podemos pactar las condiciones del rescate? Se dice que no. Que los “socios” nos exigirían un ajuste infinitamente más duro que el que tendríamos que hacer para satisfacer a los mercados. Esto es cierto a no ser que España acuda a esa cita con un gobierno de unidad nacional dispuesto a regresar a la peseta y a transitar la vía Argentina si las condiciones del rescate no son asumibles. ¿Sería posible ese gran acuerdo nacional? Yo creo que sí. Ni siquiera a los partidos nacionalistas les interesa el escenario de un rescate leonino. Por eso digo que España quizá debe empezar a plantearse si la solución exige un órdago, porque si España cae yo creo que euro está muerto. Naturalmente, todo sería más fácil si los mercados dieran tregua y pudiéramos evitar el rescate, pero soy de los que piensa que el euro es un lastre no sólo para superar esta crisis de deuda, sino para favorecer el crecimiento de nuestra economía. Ojalá se empiece a tomar en serio la ruptura ordenada de la zona euro. La economía y la democracia saldrían ganando.

Mi impresión: la huelga ha fracasado estrepitosamente

En el trayecto que va desde mi casa a la Universidad, en Elche, comercios, talleres, bares, supermercados, etc., todos, absolutamente todos los negocios privados estaban abiertos. Sólo he detectado la huelga en un instituto de secundaria. Mi impresión, pues, es que la huelga ha sido un rotundo fracaso de los sindicatos. Y es lógico que sea así porque la huelga como medida de protesta me parece un medio periclitado que los sindicatos deberían dejar de utilizar. Y, además, en la actual situación económica no es beneficiosa para España. Creo que pueden ser mucho más efectivas medidas tales como manifestaciones masivas o llamadas puntuales a “huelgas de consumo” de determinados productos, sectores o lo que sea menester.

No me alegra este sonoro fracaso porque, como sostuve en otra entrada del blog, considero que la reforma laboral, aunque buena y necesaria para flexibilizar las relaciones laborales, desprotege al trabajador hasta límites intolerables con la extensión de las causas del despido objetivo y su abaratamiento. Con este fracaso, los sindicatos fortalecen la posición del gobierno y de la patronal, algo que los líderes sindicales deberían haber pensado detenidamente.

La lección andaluza

No quise escribirlo, pero me olía que el PP no alcanzaría la mayoría absoluta en Andalucía. No esperaba, sin embargo, que quedara tan lejos de lograrla. El PP ha evitado a toda costa dar a conocer explícitamente el hachazo que viene, y que en parte se hará público el próximo viernes, para ganar las elecciones andaluzas. En balde. Ni siquiera la corrupción socialista, todo un escándalo, ha servido al PP para gobernar. Los ciudadanos andaluces tienen miedo a unas reformas que saben que probablemente irían en la línea de Cataluña o de la Comunidad Valenciana, eso sin contar con el clientelismo político, que siempre desempeña un importante papel en estas elecciones. Se dice que las reformas son necesarias. Algunas, sin duda, lo son, porque hay que optimizar el uso de los recursos públicos; pero los ciudadanos probablemente están viendo que el PP está aplicando unas políticas merkelianas en las que pagan el pato los trabajadores, la clase media más humilde que cada vez tiene más difícil llegar a fin de mes y que, si tiene trabajo, puede perderlo cualquier día de estos con una posición mucho más débil debido a la reforma laboral. Y todo esto, por mucho que le digan a la gente que es necesario, le toca las pelotas, hablando pronto y claro. Y todavía se las toca más si se les toma por tontos y se las intentan ocultar hasta el día después de las elecciones. La solución a esta crisis no es fácil, pero quizá se podía haber optado por ensayar otras medidas que no fustigaran a los más débiles. Los andaluces no han querido decirle que OK al recorte que se oteaba en el horizonte y le han complicado el objetivo de cuadrar las cuentas a Montoro. Menudo lío si Andalucía no cumple con el 1,5% de déficit.

Lo que viene a partir de las elecciones andaluzas y asturianas

Que el gobierno oculte a los ciudadanos las políticas que contienen los presupuestos generales del Estado para 2012 es una vergüenza que ya se está convirtiendo en costumbre. Esperaremos a que andaluces y asturianos voten para enterarnos con precisión de qué se nos viene encima, además de la subida de la luz y de la gasolina que ya conocemos. Por cierto, la situación política puede ser interesante si la gobernabilidad de Andalucía depende de UPyD. Veremos si Rajoy sigue renunciando a apoyarse en UPyD y mantiene su idilio con CiU.

A lo que iba. A partir del 25 de marzo espero lo siguiente:

- Supresión y fusión de empresas públicas con ERES y despidos masivos de trabajadores públicos en todas las administraciones del Estado.

- Tijeretazo brutal en las partidas de los ministerios. Adiós a subvenciones y gastos superfluos.

- No creo que mejore la financiación de las comunidades autónomas. Todo lo más se mantendrá en algunos casos y en otras bajará.

- Imagino que se camuflará el nombre de “copago”, pero se pactará la imposición de tasas o lo que sea en la sanidad para obtener ingresos que ayuden a cumplir con el objetivo de déficit en las comunidades autónomas, y, sobre todo, para desalentar el uso excesivo de la sanidad por parte de algunos ciudadanos.

- Subida de impuestos especiales como alcohol y tabaco.

- No me extrañaría un recorte del 2% en alguna paga extraordinaria de empleados públicos, pero no estoy seguro de que el gobierno se atreva.

- Fuerte aumento de las tasas universitarias (no sé si esto se contempla en los presupuestos generales del Estado, pero en los autonómicos seguro que sí).

- Fusión de ayuntamientos.

- Eliminación de instituciones duplicadas (defensores del pueblo autonómicos, etc.).

Yo diría que esto es lo principal. ¿Será suficiente? Lo dudo, porque los ingresos se van a desplomar.

Valladolid multa a los mendigos

El Ayuntamiento de Valladolid, corazón de la católica Castilla, ha aprobado una ordenanza de protección ciudadana en la que la mendicidad se castiga con 750 euros de multa. Si, además, se acosa o utilizan coacciones la multa puede ascender hasta los 1.500 euros. Escuché la noticia esta mañana en la radio y experimenté un sentimiento de tristeza e indignación. Al margen de que en España hoy muchas personas no están exentas de tener que mendigar, me parece obsceno que se pueda multar a quien la necesidad le lleva a pedir. Es cierto que hay instituciones de caridad que se ocupan de que nadie muera de hambre, pero hay necesidades que estas instituciones no pueden cubrir. ¿Acaso un parado que no puede pagar la hipoteca no tiene derecho a mendigar para evitar un deshaucio y quedarse en la calle? ¡Prohibir la mendicidad! Me he quedado atónito. ¿Acaso piensa el Ayuntamiento de Valladolid que la gente mendiga por gusto? La mendicidad no se debe prohibir. Atrevámonos a mirar a la cara a los mendigos y a decirles que no hay limosna para ellos. Atrevámonos a enfrentarnos no con ellos, sino con nuestra conciencia, que ahí no hay multa que valga. 

¿Están justificadas las movilizaciones ciudadanas contra los recortes?

Las movilizaciones en contra de los recortes que se han producido en algunas comunidades autónomas, concretamente Valencia y Cataluña, plantean el debate de si los ciudadanos deberíamos asumir resignados que la salida de la crisis exige sacrificios que incluyen una sustancial rebaja del Estado del bienestar o, por el contrario, debemos salir a la calle a protestar por la gestión de los políticos que nos ha conducido a esta situación. Quienes creen que es el momento de salir a la calle a mostrar la indignación ciudadana implícitamente están diciendo que los ciudadanos son víctimas de los políticos y probablemente también del gran capital, de los bancos, es decir, no asumen ninguna responsabilidad. Quienes creen que es el momento de apechugar es posible que consideren que los políticos son nuestros representantes y, por tanto, debemos asumir nuestra responsabilidad por haberlos elegido, y también nuestra responsabilidad por haber contribuido a la crisis con un endeudamiento privado excesivo del que no sería justo responsabilizar únicamente a los “tentadores” bancos.

Quizá podríamos examinar mejor la cuestión si aclaramos los conceptos de culpa y responsabilidad. Se trata de una distinción muy importante a la que contribuyó en su día de manera brillante Hannah Arendt, al examinar la culpa o responsabilidad que cabía atribuir al pueblo alemán por los crímenes cometidos durante el nazismo. Decía Arendt que si todos los alemanes eran culpables, nadie lo era. En efecto, esta certera afirmación puede abrirnos el camino para diferenciar entre culpa y responsabilidad. Culpable de una mala acción es aquel que directamente contribuye a su realización, mientras que responsable es todo aquel que, pese a no contribuir directamente a ella, bien la ha facilitado, bien ha omitido realizar acciones que cabría haberle exigido hacer y que podrían haber evitado el mal. Así, por ejemplo, culpables de los crímenes nazis fueron todos aquellos contribuyeron directamente el Holocausto, pero el pueblo alemán fue responsable, y también lo fueron aquellas naciones y, concretamente, aquellos políticos que alabaron el nazismo y la figura de Hitler. La responsabilidad puede incluso atribuirse de manera objetiva, es decir, sin que ni siquiera se haya llevado a cabo una acción u omisión que facilite la mala acción que cometen los culpables, pero esto nos desvía de la cuestión. Para terminar con las aclaraciones conceptuales, conviene observar que cuando alguien que es culpable o responsable de una mala acción sufre al mismo tiempo las consecuencias de la misma nunca puede ser considerado víctima, pues no es inocente. Por ello, por ejemplo, es inaceptable que los etarras se presenten como víctimas del conflicto vasco.

¿Somos los ciudadanos culpables o responsables de la situación en la que nos hallamos? No hay que minusvalorar la importancia del derecho al voto que asiste a los ciudadanos. Los valencianos podríamos haber mandado al señor Camps a su casa en 2011 tras la nefasta gestión que había llevado a cabo en la Comunidad Valenciana. ¿Acaso no sabíamos que la situación era tan grave? Como con los alemanes durante el nazismo, se nos podría responder que el que no sabía es porque no quería saber, así que por ese lado no hay excusa. Pero también se podría alegar que la alternativa política a Camps no era convincente. Sobre esto no hay mucho que decir, porque no se puede saber si PSPV, Comprimís o EU lo hubieran hecho mejor. De todas formas, pese a la importancia que tiene el voto, éste sirve para elegir a los que gobiernan, que son quienes gestionan directamente la cosa pública y, por tanto, los únicos a los que se puede culpar en sentido estricto de la situación económica y financiera de los asuntos públicos. Podrá haber otros culpables, pero los políticos sin duda lo son.

Los ciudadanos, al haberles encaramado al poder, pero también al haber permitido borreguilmente una acción de gobierno que nos llevaba a la ruina somos sin duda responsables. La pregunta es si dicha responsabilidad, que impide que nos presentemos como víctimas de los políticos, hace que las manifestaciones carezcan de justificación. La respuesta, en mi opinión, debe ser negativa por dos motivos. En primer lugar, porque todos aquellos que han votado en contra de los culpables no sólo tienen derecho a manifestarse –que obviamente a todos nos asiste desde una perspectiva puramente formal y legalista-, sino plena justificación moral, pues pueden lícitamente considerarse a sí mismos víctimas de los políticos y de la gran mayoría de ciudadanos que les ha otorgado su confianza. En segundo lugar, porque es perfectamente lícito y lógico que quien asume una responsabilidad pida cuentas a los culpables. Sin duda éstos intentarán descargar su culpa tratando de convertir al responsable en cómplice –esto es precisamente lo que intentan los políticos con su llamada a arrimar el hombro, a los sacrificios, etc.-, es decir, en culpable, pero es muy importante que los ciudadanos, asumiendo que quizá no haya más remedio que sacrificarse, no se dejen engañar, pidan cuentas a los culpables y aprendan la lección más importante: ser responsable implica ejercer responsablemente las obligaciones que como ciudadanos tenemos.