¿Un gobierno económico europeo?

La crisis de deuda soberana que se ha producido este mes, y que cualquier día puede volver a desencadenarse (si el BCE no lo remedia artificialmente), ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate de si conviene contar con un gobierno económico europeo como medida indispensable para salvar el euro. La cosa en teoría es bien sencilla: los Estados de la zona euro deberían ceder soberanía a ese gobierno económico, que tendría competencias para tomar decisiones económicas por encima de los gobiernos nacionales.

Al margen de que, como ya comenté en su día (véase la entrada “¿Cuántos euros vale la democracia”?), ese gobierno económico supone la paulatina sustitución de la democracia por la tecnocracia, me parece inaudito que se hable de “cesión de soberanía”. La soberanía, que es el poder propio de las naciones políticas (suele hablarse también de “naciones culturales”), es por definición inalienable. Esto significa que es imposible un acto soberano de cesión de soberanía, a no ser que se trate de la pérdida de un territorio. Es cierto que la Unión Europea tiene competencia en muchas materias, y que las decisiones de Bruselas se imponen a los Estados. Sí, pero esas decisiones comunitarias no reflejan la pérdida de soberanía de los Estados miembros, sino que son consecuencia de decisiones soberanas que los Estados asumen porque, aunque en un momento dado no les gusten, desean seguir perteneciendo a la Unión. ¿Acaso no se trataría de algo parecido cuando se habla de este gobierno económico? En efecto, pero la trascendencia de las decisiones en este terreno hace poco creíble el éxito de las decisiones de Bruselas. Si la opinión pública de un Estado miembro está absolutamente en contra de una decisión, apuesto a que la presión que ejercerá sobre el gobierno de su nación será lo suficientemente fuerte como para demostrar que esas supuestas cesiones de soberanía se quedan en agua de borrajas.

Los partidarios del gobierno económico europeo cuentan con que el avance en las políticas económicas comunes haga prácticamente inviable lo que en teoría es posible, es decir, la marcha atrás. Aunque un Estado pueda decidir en uso de su soberanía no aceptar las decisiones de Bruselas, se pretende que la alternativa sea el abismo, como ahora sucede cuando nos planteamos la salida del euro para combatir la crisis. Pero no parece que las alternativas que quepa plantear a ese gobierno europeo sean tan trascendentales como la alternativa a seguir o abandonar la moneda única.

Quizá lo más importante cuando se plantea la cuestión del gobierno económico europeo es darse cuenta de que basa en la confianza en que la estabilidad presupuestaria y las políticas fiscales comunes nos situarán en una situación de fortaleza frente a posibles crisis económicas. Ahora bien, ¿y si no es así?, ¿y si, como suele suceder en las economías de mercado, volvemos a vernos inmersos en una crisis? Entonces nos hallaríamos en una situación particularmente dramática, porque observaríamos con rostro de lelo que toman decisiones por nosotros y por nuestro bien, y ni siquiera así somos capaces de encontrar trabajo y de vivir como los alemanes.