Las declaraciones de Merkel sobre el fracaso de la sociedad multicultural

La prensa de hoy recoge las declaraciones de Angela Merkel sobre el fracaso de la sociedad multicultural en Alemania. Conviene citar algunas de las frases literales que se le atribuyen: “A principios de los años sesenta nuestro país convocaba a los trabajadores extranjeros para venir a trabajar a Alemania y ahora viven en nuestro país (...) Nos hemos engañado a nosotros mismos. Dijimos: 'No se van a quedar, en algún momento se irán'. Pero esto no es así". “Y, por supuesto, esta perspectiva de una [sociedad] multicultural, de vivir juntos y disfrutar del otro (...) ha fracasado, fracasado totalmente”. Finalmente, Merkel aludió al escaso interés de los inmigrantes por integrarse sentenciando que “quien no aprenda inmediatamente alemán, no es bienvenido”.

Cuando leí el titular esperaba hallar una reflexión seria y profunda sobre un problema de tal calibre, pero la verdad es que lo dicho por Merkel es un cúmulo de contradicciones. Es evidente que el problema al que se refiere Merkel radica en la falta de integración de los extranjeros -fundamentalmente los musulmanes turcos-, pues siguen viviendo según sus costumbres y al margen de los alemanes. Vamos, más o menos lo que hacen los ingleses en la costa del sol. Por ello resulta curioso que Merkel hable del fracaso de la sociedad multicultural y aluda a la resistencia a integrarse de los inmigrantes, ya que una sociedad multicultural es aquella que permite la convivencia de varias culturas en el marco del respeto a unos valores comunes. Si los turcos –o los ingleses en Marbella y Benidorm- respetando la libertad de los demás desean seguir viviendo como musulmanes turcos no se puede decir que la multiculturalidad haya fracasado.

El verdadero problema no es el fracaso de la sociedad multicultural en Alemania, sino el temor a que la sociedad multicultural haga que Alemania pierda su identidad. Y lo mismo temen muchos franceses, holandeses, etc. Por consiguiente, la cuestión es cuánto liberalismo estamos dispuestos a admitir. Hay muchas personas que proclaman su liberalismo a los cuatro vientos, pero cuando esa libertad sirve para que cada vez se construyan más mezquitas en Europa –más de uno se estremecería al conocer el número de mezquitas de Rótterdam, ciudad con alcalde marroquí- se echan a temblar y critican que los musulmanes no se integren. No sé si será el caso de Merkel, pero es el momento de hablar claro y de llamar a las cosas por su nombre. El fundamento de las naciones europeas es mucho más complejo que unos valores democráticos y liberales que actúan como un mínimo común. Muchos se opusieron a que se citaran las raíces cristianas de Europa en el proyecto de Constitución europea, pero lo que es evidente es que no podemos construir nuestra convivencia sobre la base de un respeto a todas las identidades y sensibilidades que respeten ese mínimo común, y más tarde quejarnos de que quizá se pierda nuestra identidad. ¿En qué quedamos? ¿Las naciones europeas tienen o no tienen identidad? Y si la tienen, ¿en qué se funda dicha identidad? Quizá Merkel no se atreva a decirlo, pero lo cierto es muchos alemanes lamentan no sólo ver que los turcos u otros inmigrantes no se esfuerzan por aprender alemán, sino que les preocupa que gente de piel oscura y aspecto extraño colonice los barrios de sus ciudades hasta hacerles pensar que no están en Alemania.

Sí, el multiculturalismo aspiraba a que la pertenencia a una comunidad no tuviera una base étnica, pero lo cierto es que a la gente común esto no le resulta tan sencillo como a intelectuales como Habermas. Pero entérese la señora Merkel y todo el mundo: ya no importa si a los inmigrantes que han llegado a Europa les cuesta integrarse o no. Tampoco tiene sentido reivindicar una identidad de orden étnico. No. Mientras Europa permanezca impasible ante su suicidio demográfico todo esto son discusiones baldías, porque constituye una certeza matemática que necesitaremos inmigrantes. Y países como Alemania no tienen fácil elegir.

"Açó es educació i es per a tu"

Así reza uno de los eslóganes de la campaña de publicidad institucional de la Generalitat Valenciana. El que titula el post lo vi en un colegio recién inaugurado en Elche. En un ambulatorio colgaba otro que decía “Açó es atenció i es per a tu”. Al verlos volví una vez más a reflexionar sobre la idea que expuse en la entrada titulada “la interpretación de lo común” que publiqué hace pocos meses. Es tremendamente significativo que para “vender” obras o servicios públicos se apele al beneficio individual. Muy probablemente el responsable de la campaña publicitaria se da cuenta de que en España la gente percibe mucho más claramente el valor de algo que le afecta individualmente, particularmente, antes que algo de lo que se puede beneficiar por ser común. Dado que para la mayoría lo común se interpreta como una prolongación de lo privado, el publicista acierta –desde el punto de vista del marketing- al mostrar al ciudadano que ese servicio o ese colegio le va a beneficiar personalmente. Ahora bien, no nos engañemos, cuando nos quejamos de que en España muchos servicios y prestaciones públicas distan bastante del nivel de los países más desarrollados, deberíamos darnos cuenta de que, al margen de la mejora de la situación económica, el primer paso es revalorizar el significado de lo común.  

Sobre la huelga general

Me pide el amigo Lanzas un comentario de la huelga general del pasado 29 de septiembre desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Adelante, pues, con el comentario, pero no satisfaré sus deseos completamente, pues prefiero centrarme en la vertiente política que en la jurídica, ya que es evidente que el derecho a la huelga no ampara la coacción, y por consiguiente todas las acciones de este tipo llevadas a cabo por piquetes son inadmisibles.

El pasado viernes Juan Manuel de Prada dedicó su programa “Lágrimas en la lluvia”, que se emite en Intereconomía los viernes a las 22.00, a los sindicatos. La película que sirvió para introducir el tema de debate fue “Las uvas de la ira”, de John Ford, un auténtico peliculón dicho sea de paso. De Prada introdujo el tema de manera correctísima (le aconsejaría que vigilara el tono y los gestos, que resulta un tanto pedante, así como el excesivo recurso a cambiar la cámara que le enfoca), y comparto plenamente sus puntos de vista. Hizo hincapié en la dimensión social del ser humano, que en las relaciones laborales se manifiesta en la agrupación profesional para preservar el correcto desempeño de la profesión y en la defensa de sus intereses, siempre subordinados al bien común. Cuando los sindicatos responden a esos fines y no se ponen al servicio de los partidos políticos, su labor no sólo es lícita, sino absolutamente necesaria. El problema es que en España UGT y CC.OO están absolutamente desprestigiados porque han sido tolerantes hasta la nausea con un gobierno que ha machacado a los trabajadores generando unas cifras de paro que nos han devuelto a los peores tiempos del felipismo. Por ello, cuando han convocado la huelga general mucha gente les ha dado la espalda. “A buenas horas”, ha pensado la mayoría. No obstante, políticamente la huelga ha hecho daño a Zapatero. Hasta hace pocos meses todavía era visto con simpatía por una parte del electorado de izquierdas, pero con el tijeretazo y la reforma laboral Zapatero se ha suicidado políticamente.

Lo importante no es la huelga, sino la reforma laboral que la ha provocado. En su día, cuando apareció el primer borrador de la reforma, publiqué un post indicando por dónde iban los tiros. Es evidente, aunque se quiera camuflar, que la reforma laboral abarata el despido, al extender los supuestos de despido objetivo, y judicializa todavía más las relaciones laborales. En el blog he escrito sobre las medidas estructurales que necesita España para superar la crisis. Entre ellas incluía una reforma laboral, pero ni mucho menos pienso que lo más importante sea el abaratamiento del despido a través de la extensión de las causas de despido objetivo. Es curioso, pero hace dos años Zapatero defendió su ley de economía sostenible afirmando en el Congreso de los Diputados que mucho más importante que una reforma de la legislación laboral es cambiar el tipo de trabajo que se realiza en España. Probablemente le habría escrito el discurso el asesor de turno y había acertado de pleno sin saberlo. En efecto, es prioritario cambiar cuestiones que afectan decisivamente al trabajo sin recortar los derechos de los trabajadores. Además de fomentar una economía que potencie determinados sectores productivos, a mi juicio urge replantear todo lo relativo a fiestas, horario laboral y horario de las vacaciones escolares. Asimismo, es fundamental facilitar el trabajo a tiempo parcial, y otras medidas que podríamos importar de Alemania, como alternativa al despido. En definitiva, era posible y deseable una reforma que beneficiara al empresario sin perjudicar al trabajador. Sin embargo, Zapatero con esta reforma ha abierto la veda a los despidos por causas supuestamente objetivas –que se ventilarán ante el juez-, y en consecuencia ha recortado los derechos de los trabajadores. Ayer mismo el telediario informaba de que una empresa vasca se va a acoger a la reforma laboral para despedir a prácticamente todos sus trabajadores. Ahí lo tienen. La huelga no estaba justificada, estaba justificadísima, pero los sindicatos con su pasividad hasta la fecha perdieron toda credibilidad.

Otra cesión al chantaje del PNV

Una vez más asistimos a la cesión del PSOE zapateril al chantaje del PNV con el fin de aprobar los presupuestos y mantenerse en el poder. Es una vergüenza, algo indigno y bochornoso que pone de manifiesto una vez más el fracaso de un sistema político que deja en manos de partidos antiespañoles la gobernabilidad de la nación. Llueve sobre mojado, lo sé, pero tantas veces como ocurra seguiré denunciándolo.  

Una polémica sobre las políticas de ayuda a la familia

Ayer asistí a la conferencia que impartió una colega, Paloma Durán, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense, en el curso de verano “El futuro del Estado del Bienestar” que se está celebrando en mi Universidad -la Universidad Miguel Hernández de Elche- estos días, y en el que participan, entre otros, Miguel Arias Cañete, José María Fidalgo, Gotzone Mora o Vicente Martínez-Pujalte. La conferencia se centró en las políticas de apoyo a la familia, y la tesis central de Paloma fue que no basta con ayudas económicas puntuales, sino que es necesario examinar primeramente cuál es la situación de las familias, es decir, hacer un diagnóstico para comprender sus principales dificultades, y a partir de ahí actuar de manera coordinada en todos aquellos terrenos que le puedan afectar. Naturalmente es imposible no compartir esta opinión.

El lector del blog conoce mi preocupación por la baja natalidad, problema que como es natural está estrechamente ligado a la familia (aconsejo la lectura de los post dedicados a la soltería publicados en mayo de 2007). Por esta razón, cuando Paloma concluyó su intervención y se abrió un turno de preguntas, pedí la palabra y señalé que sin duda son muy importantes las ayudas a la familia, pero que lo verdaderamente decisivo es que exista el deseo de formar una venciendo cualquier dificultad. Un matrimonio de gitanos o de musulmanes en España se encuentra con las mismas o más dificultades para sacar a sus hijos adelante, pero no renuncia a tener hijos y formar una familia. No me referí a este caso, sino que aludí al fenómeno de los “singles”, esas personas que optan por permanecer solteras para vivir una vida más cómoda, libre de ataduras. Su aumento es inquietante, y mucho más lo es que la sociedad acepte con naturalidad esta forma de entender la vida que es gravísimamente antisocial. Por ello le pregunté a Paloma Durán si en las instituciones en las que ella ha trabajado en defensa de la familia se ha estudiado este fenómeno y cómo se valora. En su respuesta vino a decir que los poderes públicos ante todo deben respetar la libertad individual, así que nada hay que objetar a que alguien desee permanecer soltero. Esta respuesta me sorprendió porque refleja una curiosa manera de entender las políticas públicas, y especialmente la política de protección a la familia.

No se trata de cercenar la libertad de nadie, pero es evidente que toda política pública se orienta a lograr un estado de cosas o un comportamiento ciudadano que en opinión de quien dirige la política en cuestión contribuye al bien común. Me parece absolutamente evidente que la defensa de la familia consiste en promover un estado de cosas y unos comportamientos que favorezcan la institución familiar desde la premisa insoslayable del respeto a la libertad individual. Por ello una política de defensa de la familia no puede ser indiferente ante el creciente número de divorcios, la preferencia por mantenerse soltero y sin compromiso, o el rechazo de la fecundidad que se observa en muchos matrimonios, pues además no se debe olvidar que la protección social de la familia constituye uno de los principios rectores de la política social y económica, tal como establece el art. 39.1 de nuestra Constitución. Habrá que respetar a quienes actúen de ese modo, pues cada cual puede vivir como le plazca, pero una política de defensa de la familia deberá buscar fórmulas para evitar que esos comportamientos radicalmente contrarios a la familia y por extensión al bien común se generalicen. ¿Cómo? Precisamente ese era el debate que yo pretendía abrir cuando formulé mi pregunta.

La difícil papeleta del votante valenciano

Los valencianos nos enfrentamos en las próximas elecciones autonómicas a una situación verdaderamente complicada. El comportamiento del PP frente a los escándalos de corrupción que aparecen en los periódicos es sencillamente vergonzoso e inaceptable. Todo indicio de corrupción debe ser investigado a fondo para depurar responsabilidades. En lugar de actuar así, los dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana optan por decir que todo son mentiras o un montaje. Increíble. Urge una refundación del partido en la Comunidad que borre del mapa a los actuales dirigentes. ¿No se dan cuenta de en qué tesitura están dejando a sus votantes? ¿Cómo se puede seguir apoyando a un partido que diariamente está saliendo en los medios de comunicación por escándalos de corrupción y no actúa en consecuencia? Pero pensar en un gobierno del PSPV en la Comunidad Valenciana realmente produce urticaria. ¿Qué se puede esperar de un partido que no se ha caracterizado precisamente por defender muchas de las justas reivindicaciones de los valencianos, y que todavía mantiene su espíritu pancatalanista, tal como acredita su propia denominación? Camps sabe que no es que el PSPV no sume apoyos, sino que incluso genera rechazo entre buena parte de los valencianos, y juega esa baza ad nauseam. Pues yo desde luego no tengo ninguna intención de ir a votar con pinza en la nariz.

Una reflexión ante el comunicado de ETA

El comunicado de de ETA no debería suscitar demasiado interés a la vista de su contenido y de la trayectoria de esta banda de asesinos. Habría que dedicarles pocas líneas y sencillamente perseverar en la lucha contra la banda terrorista. Sin embargo, la actitud del gobierno de Zapatero en la anterior declaración de cese parcial de la actividad terrorista me hace desconfiar de cuáles sean sus verdaderas intenciones. Creo que sigue habiendo contactos, eso es evidente, y dichos contactos podrían ser interpretados como parte de un proceso negociador, que es la tesis de Mayor Oreja, cuya valentía a la hora de salir a la palestra y decir aquello que ni al gobierno ni a su partido les gustaba escuchar es digna de encomio.

Los artículos de opinión que he leído comentando el comunicado etarra no me han parecido demasiado interesantes, salvo uno. Se titula “El análisis de ETA”, y lo firma en Libertad Digital el GEES (Grupo de Estudios Estratégicos). De su contenido destacaría una idea que comparto plenamente y que puede resumirse en el siguiente texto del citado artículo:

“El análisis histórico que hace ETA es el mismo que ya hizo en 2004, y que plasmó la izquierda abertzale en su Declaración de Anoeta. La llegada de Zapatero al poder en marzo de 2004 supuso el fin del consenso entre las fuerzas nacionales respecto a la unidad de España. Esta ruptura del orden constitucional –cuya máxima expresión es el nuevo estatuto catalán– desde el propio Estado es, para ETA, la demostración final de que treinta años después los hechos han terminado por darle la razón. La argumentación de ETA es lo que no hay que perder de vista, porque constituye la clave de sus relaciones con el Gobierno: para la banda, el Estado está desde 2004 reconociendo que el orden autonómico es un fracaso, y este reconocimiento, impulsado por Zapatero es lo que lleva a éste a sentarse con ETA a diseñar un nuevo orden político en el País Vasco”.

No puedo estar más de acuerdo. Todo el proceso de reforma encubierta de la Constitución que puso en marcha Zapatero con la aprobación del Estatut catalán rompía definitivamente con la Transición, y ello supuso un enorme balón de oxígeno a ETA. Si los acuerdos de la Transición plasmados en la Constitución pasaban a ser una estación en el camino hacia mayores cotas de autogobierno -como ha reconocido Zapatero a través de su política-, se justificaba más que nunca abrir un debate en el que se reconociera incluso el derecho de autodeterminación para acabar con el "conflicto" y poner fin a la violencia. Es capital comprender el vínculo que existe entre el proceso abierto con el Estatuto catalán y la actitud de ETA tratando de abrir una negociación para obtener réditos políticos. Precisamente en 2006, justo después de que ETA declarase el cese de su actividad que estaba esperando Zapatero, un servidor publicó en el periódico Las Provincias un artículo titulado “ETA y el Estatuto catalán” que transcribo hoy aquí para los lectores del blog.

"ETA y el Estatuto catalán

Por Tomás de Domingo Pérez

Lamento tener que presentarme ante ustedes como un aguafiestas, pero no comparto esa sensación de euforia que, según algunos líderes de opinión, debería embargarnos a los españoles ante la declaración de ETA. La alegría que me produce el cese de parte de la actividad terrorista no se traduce en optimismo. Es evidente que la decisión de ETA está ligada a la apertura de un proceso de negociación política con un objetivo sobradamente conocido: el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco como paso previo para lograr la independencia. Ojalá me equivoque, pero tratándose de ETA es muy posible que retome su actividad en cuanto no se acceda a sus pretensiones.

Por lo que respecta a ese proceso que se pretende abrir, no veo inconveniente en que los partidos políticos discutan sobre la autodeterminación o la independencia del País Vasco. En una democracia, un partido político puede hablar de lo que quiera, siempre que no engañe a su electorado y no comprometa decisiones que no le compete adoptar. Si un partido está dispuesto a aceptar el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, que lo exponga y que, dado que esta posibilidad no cabe en nuestra Constitución, proponga su reforma e intente convencer de sus bondades a los españoles, que son quienes deben aprobarla. Lo que resulta una grave irresponsabilidad –por no utilizar términos más gruesos- es introducir reformas estatutarias de más que dudosa constitucionalidad para contentar a los nacionalistas, y dejar que el peso de la decisión final del proceso recaiga sobre el Tribunal Constitucional. Justo lo que acaba de suceder con el Estatuto catalán.

Se ha hablado bastante del reconocimiento de Cataluña como nación que se realiza en el Preámbulo del Estatuto. Concretamente, se establece que “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad”. Obsérvese que las Cortes Generales no afirman que Cataluña sea una nación; se abstienen de realizar tal juicio, y simplemente constatan la declaración del Parlamento catalán. Por lo tanto, la constitucionalidad de la fórmula dependerá de si el Tribunal Constitucional, permítanme la frivolidad, aplica el dicho popular “el que calla, otorga”. Mucho me temo que así sucede, máxime cuando, en el segundo inciso del citado texto, se indica que el concepto de nacionalidad implica el reconocimiento de una realidad nacional, es decir, de una nación.

Esa abstención del juicio sobre la definición de Cataluña como nación debería avergonzar a buena parte de sus señorías. Si los diputados del Parlamento catalán tienen claro que Cataluña es una nación, se supone que mucho más lo deberían tener nuestros representantes en el Parlamento nacional por lo que respecta a España. Por eso, ante una declaración incompatible con la condición nacional de España, las Cortes Generales no pueden obviar la cuestión renunciando a entrar en valoraciones, sino que tienen la obligación de defender la Constitución y, por tanto, la Nación española, que constituye su fundamento.

Pero si este párrafo del Preámbulo, el más comentado en los medios de comunicación, es extremadamente problemático, el que viene a continuación tampoco tiene desperdicio: “En ejercicio del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno, los Parlamentarios catalanes proponen, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados acuerda, las Cortes Generales aprueban y el pueblo de Cataluña ratifica el presente Estatuto”. Se está afirmando que el derecho de Cataluña al autogobierno es nada menos que inalienable. Ciertamente, esta expresión es la misma que figura en el vigente Estatuto catalán de 1979; sin embargo, la consagración de la realidad nacional de Cataluña le otorga una nueva dimensión.

Lo inalienable es aquello que no se puede enajenar. De ahí a hablar de un derecho perpetuo hay un paso; y fíjense ustedes que los dos rasgos tradicionales del poder soberano, en la definición clásica de Bodino, consisten precisamente en su carácter perpetuo y absoluto. Naturalmente, no es baladí, y los nacionalistas son plenamente conscientes de ello, que el derecho inalienable al autogobierno se refiera en el nuevo Estatuto a una nación, pues con ello se dispone del apoyo teórico necesario para reclamar justificadamente el derecho de autodeterminación. La Comisión Constitucional no parece haber reparado –lo que resulta gravísimo- en que los contenidos del Estatuto vigente que se mantienen en el nuevo texto no son constitucionales “per se”, sino que su constitucionalidad depende del resultado de su interpretación conjunta con los nuevos contenidos que se incorporan.

Finalmente, ante la proclamación de la realidad nacional de Cataluña y el reconocimiento de su derecho inalienable al autogobierno no puede sorprender que el nuevo marco político que inaugura el Estatuto incluya, entre otros, los principios de lealtad institucional entre el Estado y la Generalitat catalana, y de bilateralidad. Así lo contempla el art. 3: “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de multilateralidad”.

La papeleta que tiene por delante el Tribunal Constitucional es de órdago y desde luego va a comprometer su prestigio. Es evidente que el proceso que ha culminado con el Estatuto catalán no ha contribuido precisamente a fortalecer la Nación española, por mucho que el Gobierno intente convencer a la opinión pública de lo contrario. Si ETA quiere apuntarse a otro proceso de este estilo no hay que ser un lince para suponer que se debe a que la actual coyuntura política hace posible que en el País Vasco, al igual que en Cataluña, se apruebe un Estatuto, con la aquiescencia de las Cortes Generales, que consagre la nación vasca y su derecho inalienable al autogobierno: el pilar teórico de la autodeterminación. Esto es lo que acaba de aprobar la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados mientras muchos españoles reciben jubilosos el mensaje oficial de que ETA ha abierto una puerta a la esperanza".