CiU tiene razón, pero...

Además de todo lo que ya he comentado con relación a la reforma constitucional, hay que añadir que tienen razón los nacionalistas de CiU cuando afirman que esta reforma supone la ruptura del pacto constitucional. Efectivamente, con sus prisas, PP y PSOE han reparado exclusivamente en la fuerza numérica de la suma de sus escaños, en que son los dos partidos mayoritarios, y han olvidado que la Constitución fue pactada también con grupos minoritarios (comunistas, nacionalistas catalanes y Alianza Popular). Ello sucede porque se olvida que la base de la Constitución es la concordia, que supone el acuerdo básico de todos o de prácticamente todos en lo esencial, y por ello presupone un amplísimo consenso. Cuando las minorías quedan fuera puede seguir existiendo un consenso amplio, pero se resiente la concordia.

Pero lo que debería también recordar CiU es que la ruptura de la concordia –gravísima por cierto- se produjo hace exactamente cinco años, al aprobarse el estatuto de autonomía de Cataluña sin los votos del PP. Cierto que la Constitución no exigía contar con sus votos, pero nunca hasta ese momento se había alterado el bloque de constitucionalidad en contra de uno de los grandes partidos. Con esta reforma PP y PSOE tienen también los números a su favor, pero CiU les reprocha que hay temas que van más allá de la aritmética parlamentaria. Sí, tienen razón, pero no lo es menos que están probando su propia medicina.

Miguel Ríos

En octubre de 1982, mi hermana me regaló para mi cumpleaños los dos cassettes del concierto en directo Rock & Ríos del gran Miguel Ríos. Todavía recuerdo de memoria las letras de todas las canciones que sonaron en ese concierto. Es natural, me pasé varios veranos haciendo como que tocaba la guitarra con mi raqueta de madera Dunlop mientras sonaba la música del rockero granadino. Hoy parece imposible pensar en artistas o grupos españoles capaces de dar una gira veraniega como la de Miguel Ríos con Rock&Ríos o El Rock de una Noche de Verano. Ayer me acordé de este gran cantante porque mientras conducía sonó “Maneras de vivir”, incluida en ese concierto maravilloso.

El nuevo art. 135 y una preguntita

Transcribo el texto del nuevo art. 135 de la Constitución que se propone y formulo la siguiente pregunta: ¿Qué sucederá si no hay mayoría suficiente para aprobar la Ley Orgánica que constituye el instrumento decisivo para la eficacia de este nuevo precepto? ¿Volverán en ese caso a intranquilizarse los mercados y dejaremos de ser considerados una nación seria? Lo importante es ser sensatos en lugar de esforzarse en dar la apariencia de serlo. Por cierto, interesante la prioridad absoluta que se otorga al pago de la deuda. Muy coherente con nuestro sistema de prelación de deudas en caso de insolvencia (ironía). Parece lógico que la prioridad del gasto se dirija a dar respuesta a las situaciones de mayor necesidad de la población como pago de pensiones, prestaciones por incapacidad, etc. En fin, se lo digo muy en serio, esto ya da auténtico asco. Hace dos días gastando el dinero a espuertas con el dichoso plan E y ahora modificándonos la Constitución de matute y con nocturnidad. 

“Art. 135

1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros.

Una ley orgánica será la que fije el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su producto interior bruto, mientras que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las comunidades habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Disposición adicional única
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
2. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Disposición final única
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España”.

Política de diseño

En un Estado de Derecho las medidas políticas suelen adoptarse a través de normas jurídicas cuya finalidad es organizar correctamente la convivencia para lograr el bien común. Las normas, por tanto, responden al objetivo de solucionar problemas reales. Aunque en la entrada referida al “truquillo” del “déficit cero” ya aludí a las nuevas modas legislativas que se desvían de este objetivo, conviene profundizar en la reflexión porque en realidad estamos ante algo más que una nueva manera de legislar. Asistimos a una nueva manera de entender la política que suelo denominar -siguiendo la terminología de mi amigo Pedro Serna- “política de diseño”, en atención a que para el político lo importante no es tanto la realidad, sino la apariencia, la impresión que se ofrece a la opinión pública, a otros países o a instituciones internacionales. La “política de diseño” que nos invade es la entronización del marketing en la actividad pública por excelencia, la política. Las medidas legislativas se aprueban en función de dos criterios: que se vendan bien ante la opinión pública o ante quien interese, y que permita a los políticos que la aprueban lo que verdaderamente quieren, eso sí, de forma soterrada. Evidentemente, la realidad siempre se abre paso e incluso diseñadores políticos como Zapatero se ven forzados a aplicar recortes contra su voluntad. Pero mientras cuele, pues se intenta. Ya lo ven, los políticos de diseño de los dos partidos que manosean sin pudor nuestra democracia reforman la Constitución por nuestro bien y arguyendo que eso es lo que demanda Europa. Hace poco escribía que esto del gobierno económico europeo amenazaba nuestra democracia. Más pronto lo digo y antes lo vemos.

El truquillo de lo del "déficit cero"

Muchas de las normas que nuestros políticos aprueban en España se caracterizan por estar abiertas al pasteleo. Términos deliberadamente ambiguos, cláusulas vagas o declaraciones de principios que dejan un margen amplísimo para la interpretación dominan el panorama legislativo. La interpretación de las normas siempre es necesaria, pero esta moda que comento, lejos de dejar prácticamente cerrada la cuestión u orientada en un determinado sentido, hace que quede permanentemente abierta.

Como no podía ser de otro modo, la constitucionalización del “déficit cero” lleva camino de sumarse a esta tendencia. Ya empiezan a escucharse declaraciones (Elena Salgado) como que habrá excepciones para que el gobierno pueda tener margen de actuación en circunstancias especialmente difíciles, etc. Es decir, salvamos la cara aparentemente hacia el exterior, y luego aprovechamos la red que nos tejemos en forma de cláusulas abiertas para en un momento dado incurrir en déficit. Si la oposición no está de acuerdo cuando ello suceda recurrirá al Tribunal Constitucional y así tendremos una nueva crisis política a resolver por los doce magistrados. Volverán los cálculos sobre los bloques, las mayorías en el Tribunal y todo lo que ya sabemos. ¡Qué listos somos!

Los políticos quieren protegernos de ellos mismos

La sensatez aconseja no gastar por norma más de lo que se ingresa, porque ese es el camino seguro que conduce a la bancarrota. ¿Principio tan elemental de la acción política necesita plasmarse en la Constitución y garantizarse a través de los oportunos mecanismos? Evidentemente, se trata de mostrar al mundo (financiero) que los españoles nos blindamos frente a políticos manirrotos. Qué quieren que les diga, a mí me resulta muy triste tener que adoptar semejante medida, por mucho que tenga efectos beneficiosos de cara al futuro. La mejor garantía es mostrar que los españoles estamos dispuestos a mejorar nuestra democracia, a elegir a políticos capaces y castigar a los irresponsables. Nuestra Constitución exige otras reformas con mayor urgencia. Quizá por ello, y porque los políticos tienen la intención de aprobar la reforma sin el respaldo de un referéndum popular, hay noticias de que el malestar popular empieza a extenderse en la red. Creo que habría que explicar adecuadamente las razones de la reforma y someterla a referéndum popular. ¿Se atreverán?

¿Un gobierno económico europeo?

La crisis de deuda soberana que se ha producido este mes, y que cualquier día puede volver a desencadenarse (si el BCE no lo remedia artificialmente), ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate de si conviene contar con un gobierno económico europeo como medida indispensable para salvar el euro. La cosa en teoría es bien sencilla: los Estados de la zona euro deberían ceder soberanía a ese gobierno económico, que tendría competencias para tomar decisiones económicas por encima de los gobiernos nacionales.

Al margen de que, como ya comenté en su día (véase la entrada “¿Cuántos euros vale la democracia”?), ese gobierno económico supone la paulatina sustitución de la democracia por la tecnocracia, me parece inaudito que se hable de “cesión de soberanía”. La soberanía, que es el poder propio de las naciones políticas (suele hablarse también de “naciones culturales”), es por definición inalienable. Esto significa que es imposible un acto soberano de cesión de soberanía, a no ser que se trate de la pérdida de un territorio. Es cierto que la Unión Europea tiene competencia en muchas materias, y que las decisiones de Bruselas se imponen a los Estados. Sí, pero esas decisiones comunitarias no reflejan la pérdida de soberanía de los Estados miembros, sino que son consecuencia de decisiones soberanas que los Estados asumen porque, aunque en un momento dado no les gusten, desean seguir perteneciendo a la Unión. ¿Acaso no se trataría de algo parecido cuando se habla de este gobierno económico? En efecto, pero la trascendencia de las decisiones en este terreno hace poco creíble el éxito de las decisiones de Bruselas. Si la opinión pública de un Estado miembro está absolutamente en contra de una decisión, apuesto a que la presión que ejercerá sobre el gobierno de su nación será lo suficientemente fuerte como para demostrar que esas supuestas cesiones de soberanía se quedan en agua de borrajas.

Los partidarios del gobierno económico europeo cuentan con que el avance en las políticas económicas comunes haga prácticamente inviable lo que en teoría es posible, es decir, la marcha atrás. Aunque un Estado pueda decidir en uso de su soberanía no aceptar las decisiones de Bruselas, se pretende que la alternativa sea el abismo, como ahora sucede cuando nos planteamos la salida del euro para combatir la crisis. Pero no parece que las alternativas que quepa plantear a ese gobierno europeo sean tan trascendentales como la alternativa a seguir o abandonar la moneda única.

Quizá lo más importante cuando se plantea la cuestión del gobierno económico europeo es darse cuenta de que basa en la confianza en que la estabilidad presupuestaria y las políticas fiscales comunes nos situarán en una situación de fortaleza frente a posibles crisis económicas. Ahora bien, ¿y si no es así?, ¿y si, como suele suceder en las economías de mercado, volvemos a vernos inmersos en una crisis? Entonces nos hallaríamos en una situación particularmente dramática, porque observaríamos con rostro de lelo que toman decisiones por nosotros y por nuestro bien, y ni siquiera así somos capaces de encontrar trabajo y de vivir como los alemanes.