Con recursos suficientes para sanidad
y educación, casi todo el mundo considerará positivo contar con una
radiotelevisión pública (al margen de si la gestión es privada) valenciana que
preste atención prioritaria a noticias, eventos y tradiciones valencianas, y en
la que el valenciano sea la lengua vehicular. Ese debería haber sido desde el
principio el objetivo de la RTVV: un servicio público que ofreciera contenidos
audiovisuales de calidad utilizando con eficiencia los recursos públicos. Sin
embargo, los políticos, primero del PSPV y luego del PP, la utilizaron para sus fines partidistas, y la calamitosa gestión desarrollada
sobre todo durante el gobierno del PP la ha conducido a un callejón de difícil
salida que los errores cometidos en la tramitación del ERE han convertido en paredón insalvable.
Los trabajadores que se felicitaban del fallo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana debían haber previsto que ello abocaba a la empresa al cierre, y cuando esa misma tarde se conoció la decisión del Consell toda la plantilla se dio
cuenta de que se iban a la calle sin remedio. Sí, sin remedio, por mucho que
los partidos de la oposición aprovechen la ocasión para hacerles creer que hay
alternativas al cierre. Ayer, Enric Morera, de Compromís, en un debate con
Serafín Castellano, Chimo Puig y Marga Sanz no tenía reparos en presentar una
de esas “alternativas”: reclamar al gobierno central el pago de la “deuda
histórica” que se tiene contraída con Valencia, y que, según él, superaría los
10.000 millones de euros. Con ese dinero, sostenía Morera, incluso sólo con los
intereses que corresponderían al año por esa cantidad, el asunto estaría
resuelto. Soy el primero es manifestar mi indignación con la infrafinanciación
que padecemos los valencianos, un verdadero escándalo comparado, por ejemplo,
con comunidades como Cantabria (por referirme a las de régimen común, pues lo
del concierto navarro y el cupo vasco es un atraco bochornoso), y la sociedad
valenciana debería hacer valer sus argumentos desde la lealtad, pero con
seriedad, energía, constancia y coherencia. Ahora bien, pretender dar
esperanzas a los trabajadores esgrimiendo semejante “solución” de los
mundos de yuppie no parece el mejor aval para alguien que aspira a desempeñar
en breve tareas de gobierno. Por otra parte, con la sentencia del TSJ sobre la
mesa, cualquiera puede entender que ahora no es posible sentarse a negociar un
nuevo plan de viabilidad. La gestión calamitosa de la empresa, el chapucero ERE y la sentencia han hundido sin remedio RTVV. Todos los implicados deberían
ser conscientes de su grado de responsabilidad, y no poca tienen unos
sindicatos que han actuado con una escalofriante insensatez al no ser capaces
de medir las consecuencias de sus actos, incluso teniendo razón.
Lamento mucho el cierre de RTVV, y espero que pronto podamos contar con un servicio público austero y eficiente de radiotelevisión pública valenciana, pero Fabra ha acertado plenamente.
Es más, estamos ante una decisión que por primera vez permite ver en él un
líder. El cierre es una demostración de la mala gestión del PP, pero decidir
bien es tomar la mejor decisión posible en función de las circunstancias. Una vez conocido el fallo del TSJ, Fabra podía
haberse visto tentado a recular, explicar y tratar de convencer a Rajoy de que
no podía asumir el coste político del cierre y acto seguido rogarle a Montoro
que, puestos a incumplir el objetivo de déficit, aprovechara para añadir unos milloncetes
al FLA y fiarlo todo al cambio en el modelo de financiación. Ha estado muy
lúcido al negarse a seguir ese camino. La prioridad de Fabra ha sido tomar la mejor decisión posible y
no justificar las vergüenzas de gobiernos anteriores, por mucho que pertenezcan
a su partido. El acierto se ha visto aumentado con la reacción de la oposición.
Bien está, faltaría más, que aprovechen para criticar duramente la gestión
del PP en este tema y de paso en todos aquellos que estimen conveniente. Bien
está también que demanden una radiotelevisión pública de calidad, y que se
afanen en anunciar que no dudarán en destinar a ello dinero público. Pero es una torpeza grave y absolutamente innecesaria criticar la decisión del cierre cuando realmente no hay alternativa sensata.
Por congraciarse con los trabajadores de RTVV, que además no lo merecen, porque
han demostrado un comportamiento incompatible con la deontología profesional
exigible a un periodista durante muchos años –incluyo los del gobierno Lerma-,
han quedado en evidencia frente al conjunto de los ciudadanos valencianos,
muchos de los cuales pueden empezar a pensar que Fabra, a pesar de que no es
precisamente Cicerón, igual es más sensato que una oposición que reclamando una rectificación de la decisión adoptada parece incapaz de
darse cuenta de que no nos podemos permitir una televisión pública de 1.600
trabajadores.