Las protestas por la dificultad de acceder a una vivienda en España se han intensificado por la repercusión mediática del desahucio de Maricarmen. Cualquier persona entiende el sufrimiento de alguien que llega a una edad avanzada y se ve obligado a abandonar la vivienda en la que ha vivido gran parte de su vida. También indignan estos casos dramáticos de propietarios que ven cómo un “inquiokupa” disfruta de su vivienda mientras ellos no tienen donde vivir. Sin embargo, nadie se manifiesta por los propietarios que injustamente no pueden recuperar su inmueble. Un problema de tanta envergadura no debe ser abordado con demagogia y mucho menos ser esgrimido como arma arrojadiza para obtener rédito electoral, que es precisamente lo que se está haciendo. Digo esto porque, además de comprobar que las movilizaciones tienen un claro sesgo de parte, hasta ahora jamás había visto una campaña publicitaria en la que un gobierno presumiera de las bondades de una ley -la ley de vivienda- y trasladara el mensaje de que los responsables de que no se aplique son las comunidades autónomas. Al culpabilizar a otras administraciones es imposible hacer autocrítica, más necesaria que nunca.
Pocos días antes de que se aprobara la ley de vivienda,
expuse en el blog mi opinión crítica con esta norma e hice un pronóstico sobre
lo que sucedería tras su entrada en vigor. Creo que la situación actual confirma aquel diagnóstico que por otra parte coincidía con el de muchos expertos. El problema de
la vivienda no se puede resolver fácilmente a corto plazo, pero las medidas más aconsejables para resolverlo pasan por aumentar la oferta, justo lo que ha hundido esta catastrófica ley. Para aumentar la oferta lo más importante es otorgar seguridad jurídica: todo
propietario debe tener la certeza de que su propiedad será respetada, y que no tendrá que
soportar impagos por dilatados periodos de tiempo hasta recuperar su vivienda. Si no es así, ¿quién va a arriesgarse a alquilar sin suficientes garantías? Teniendo esto claro, lo siguiente es prohibir los alquileres turísticos en aquellos lugares donde limiten la oferta residencial, y controlar que los de
temporada no se realizan en fraude de ley. Los turistas que quieran venir a
España tienen muchas posibilidades: hotel, casa rural, camping o apartamentos de temporada. También es importante que aquellos propietarios
que alquilen a personas con mayor vulnerabilidad reciban los máximos incentivos fiscales y tengan la seguridad de que podrán recuperar su
propiedad en caso de impago. Por tanto, no debe aprobarse una medida general que prohíba los desahucios de personas vulnerables, porque no
debe recaer sobre un propietario la responsabilidad de la política social. En
un caso como el de Maricarmen, suponiendo que el propietario tiene justo
título para recuperar su vivienda, son los poderes públicos quienes deben
proporcionar a esta señora una vivienda social. Para atender a estos fines
deben ir nuestros impuestos. Finalmente, hay que impulsar vivienda pública y facilitar
los trámites para que la iniciativa privada pueda poner en marcha promociones.
Por lo que se empieza a ver, no vamos en esa dirección.
Seguimos instalados en la división, en una polarización que se extiende cada vez más por la sociedad. Enfrentar a propietarios e inquilinos es una verdadera insensatez.
El legislador debe ajustar sus relaciones, facilitarlas para que ambos se beneficien
de un marco adecuado de derechos y
obligaciones. La extrema izquierda -Sumar y Podemos- se está posicionando claramente del lado de
los inquilinos por considerarlos la parte más débil desde el punto de vista
económico. Es verdad que en la mayor parte de ocasiones el inquilino presenta
un mayor riesgo de verse en una situación de necesidad, pero el error consiste
en hacer recaer sobre el propietario el coste de solucionar
esa situación. El gobierno, una vez más, deriva la responsabilidad a otras administraciones, lo cual es una constante en su forma de actuar. Entonces para qué tenemos un ministerio de la vivienda. ¿Acaso no se puede impulsar un plan nacional de vivienda social? Los más de ocho años de Sánchez en el poder dejan patente que ha agravado el problema. Otra razón más para que rinda cuentas en las urnas.