Estamos llegando a una situación en la que conocer lo fallado por el Tribunal Supremo en una sentencia firme nos deja indiferentes ante la casi absoluta certeza de que lo decidido no se aplicará si el poder político así lo quiere. Semejante situación es desconcertante y descorazonadora. Fíjense que acabamos de saber que el Tribunal Supremo ha estimado en una reciente sentencia que la Generalitat de Catalunya incumple la ley de política lingüística. En consecuencia, el Tribunal obliga a la Generalitat a ofrecer a los padres la posibilidad real de educar a sus hijos en castellano. Pues bien, estoy convencido de que la gran mayoría de los ciudadanos que hayan leído esta noticia saben que nada va a cambiar en Cataluña por mucho que lo diga el Tribunal Supremo. Les pondré otro ejemplo que hace tiempo comenté en el blog. El Tribunal Supremo ordena en sentencia firme deshacer las obras de “rehabilitación” del teatro romano de Sagunto. Pues bien, como es evidente, la Generalitat Valenciana está incumpliendo la sentencia sin que nadie se escandalice. Sin embargo, cuando las sentencias firmes de los tribunales son impunemente ignoradas es patente que no vivimos en un sano y vigoroso Estado de Derecho.
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