La izquierda valenciana no sabe hacer autocrítica

Los resultados de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana están siendo mal interpretados por la izquierda. Como era de esperar, no saben hacer autocrítica. Es muy duro para ellos admitir que los ciudadanos censuran sus políticas radicales y sectarias. Creen que los resultados se deben a que la campaña ha estado presidida por debates políticos ajenos al ámbito autonómico y municipal. Esa razón pesa, sin duda, pero no es la más importante.

Compromís se ha visto muy afectado por la salida de Mónica Oltra y por su incapacidad para evitar el ninguneo a la Comunidad Valenciana del gobierno de Sánchez. Han resultado perfectamente irrelevantes, y no se les ocurre idea más brillante que presentar a Baldoví de candidato a la Generalitat, alguien que ha ejercido de palmero de Sánchez y, ahora, lo hace de Yolanda Díaz, quien por cierto no se sumó a los saltos festivos junto a Oltra, y que se ha guardado mucho de defenderla en público. Están divididos (si no que se lo digan a Mireia Mollá) y siguen obcecados por imponer el valenciano irritando profundamente a amplias capas de la sociedad valenciana, singularmente en la provincia de Alicante.

Podemos es un barco a la deriva. Pensaba que no alcanzarían el 5% de los votos y quedarían fuera. Mi olfato no me falló, pese a lo que pronosticaban las encuestas. Ha sido la formación más afectada por las políticas sectarias e irracionales de Podemos en el Gobierno nacional. Les ha pesado como una losa la imagen de las compungidas Montero y Belarra. Por si eso no fuera suficiente, han cometido el tremendo error de pensar que la ley de vivienda era una baza electoral e Illueca lo dejó muy claro en los debates. Se trata, en mi opinión, del gran error de la izquierda. En conclusión, Podemos desaparece tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Generalitat.

El PSPV no ha capitalizado el hundimiento de Ciudadanos, cuyo voto se ha ido masivamente al PP sin ningún temor a Vox. Los socios de Puig dan mucho más miedo que Vox, y esa es la realidad que no se atreven a admitir: se han creído que la gente huye de lo que califican como “extrema derecha” o “fascismo”, una mentira con la que no se engaña a la gente que tiene ojos y oídos. El verdadero peligro son las políticas sectarias de la izquierda que Puig no ha sido capaz de frenar. Eso y su inanidad política muestran que no es el líder que necesitan los más de cinco millones de valencianos. Page ha resistido en Castilla-La Mancha, así que Puig no tiene excusa. No ha sabido marcar la agenda política en Valencia y se va con sus socios con la huella de un zapato ciudadano en el trasero.

Convendría que los políticos de la izquierda se dieran una vuelta por las localidades costeras y vieran los muchos edificios que pueblan nuestras ciudades esperando turistas y extranjeros que desean visitarnos o quedarse a vivir en España. Verán que hay numerosas inmobiliarias en las que trabajan personas que tienen familias. La ley de vivienda es un ataque al derecho de propiedad que amenaza los ingresos de mucha gente, en su mayoría pequeños propietarios, y no iba a mejorar la situación real de los inquilinos. Jamás se debía haber aprobado dicha ley y ha sido una de las principales razones de la derrota cosechada por la izquierda en la Comunidad Valenciana.

En el resto de España la derrota de la izquierda ha sido total, especialmente en Madrid. Estamos ante una enmienda a la totalidad de las políticas de Sánchez y de Podemos. El adelanto electoral no le va a servir de nada, pero esto merece otra entrada.

La derrota de Sánchez y de sus socios debe comenzar mañana

Estoy esperando con la mayor ilusión ir a votar mañana y poner mi granito de arena para echar a los socialistas y a sus socios de la Generalitat como paso previo para mandar a Sánchez a su casa. Han sido tantas sus mentiras y sus tropelías que uno casi no sabe qué ha sido más grave. Es verdad que no se trata de unas elecciones generales, pero sin duda el rechazo a Sánchez va a tener una influencia decisiva, y su protagonismo en la campaña lo ha acentuado. En cualquier caso, la gestión de Puig al frente de la Comunidad Valenciana merece un claro suspenso porque ha permitido que los presupuestos generales del Estado sigan discriminando sistemáticamente a los valencianos y por la bochornosa decisión adoptada con el trasvase Tajo-Segura. Simplemente eso exige que sea castigado en las urnas. Además, si los partidos del botánico siguieran gobernando sabemos que pondrán en marcha la nefasta ley de vivienda, podemos temer que la imposición del valenciano aumente y se convierta en un requisito lingüístico obligatorio, el sectarismo y el despilfarro (el Grado de Medicina en la Universidad de Alicante) en la política universitaria continuará y las políticas de género y el adoctrinamiento en los colegios se acentuará.

Me llevaría una desagradable sorpresa si mañana no se produce un cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana. Estoy convencido de que los votantes del PP y de Vox están muy motivados para responder democráticamente a la política que han desarrollado los socialistas y sus socios socavando gravemente las bases de nuestra democracia. El sectarismo y la radicalidad de Podemos es evidente y es de esperar un castigo electoral que incluso permita que no alcancen el 5%. Por lo que respecta a Compromís, creo que su resultado va a ser pobre. Todavía están en la retina los saltos de Oltra y Baldoví celebrando no se sabe muy bien qué, porque tras proclamar la inocencia de Oltra todavía no sabemos dónde la han escondido durante esta campaña, al margen de que no parece que esta mujer esté en condiciones de participar en una campaña. Baldoví no puede presentar a los valencianos un balance favorable: su apoyo a Sánchez no ha servido prácticamente para nada y su regreso a Valencia sólo sirve para certificar el fracaso de Oltra. La entrevista de Mónica Oltra con Gonzo dejó patente ese sectarismo en el que se sitúa también Yolanda Díaz. Oltra dijo aquello de “han ganado los malos”, y Yolanda Díaz, la musa de la izquierda “cuqui” -como creo que le llama Belarra-, dice que la izquierda debe ganar para que no vuelva la “barbarie”, todo un alarde de moderación.

Vamos a votar para mandar a la izquierda al diván y ver si en el PSOE, una vez caiga Sánchez, toma el mando alguien con sentido de Estado capaz de hacer olvidar a Zapatero y a Sánchez. Tras la deriva que estamos observando en el Tribunal Constitucional hay que volver a los grandes acuerdos de la Transición. Todavía es posible.

La feroz campaña de Podemos contra Pablo Motos y Miguel Lago

Los podemitas prestan máxima atención al programa “El Hormiguero” y parece que andan un tanto cabreados con Pablo Motos y con colaboradores habituales tan poco sospechosos de compadreos con la derecha como Juan del Val o Cristina Pardo. El periodista valenciano no ha dudado en criticar abiertamente algunas medidas impulsadas por Irene Montero como, por ejemplo, la reforma del Código Penal que ha supuesto la indignante excarcelación de delincuentes sexuales. Hace pocos días, en una distendida tertulia con el cómico Miguel Lago, Motos le preguntaba a Lago cuáles consideraba que eran los requisitos que debía cumplir un candidato. La pregunta se formulaba en un tono jocoso por las palabras de Irene Montero en un mitin presumiendo de que la candidata podemita a la alcaldía de Valencia era sorda y “bollera”. Probablemente, la ministra pretendía destacar que es un logro de las políticas de Igualdad que una candidata homosexual con una discapacidad pueda optar a ese cargo. Sin embargo, no se entiende que semejantes "cualidades" la puedan convertir en una mejor o peor alcaldesa, y tampoco parece mérito alguno figurar en unas listas. Resulta ridículo destacar que la candidata de tu partido es sorda y "bollera", de ahí el lógico cachondeo al ver a Irene Montero presumir de ello. Miguel Lago, con gracia y, en mi opinión, sin ánimo de ofender a ningún colectivo, ironizó imaginando una escena en la que se destacaba como un gran mérito que el candidato del partido era cojo.

Con independencia de que a algunos les haga más o menos gracia la broma de Lago, el asunto que puso sobre la mesa Pablo Motos era de indudable interés público y su crítica al planteamiento de Irene Montero constituye un ejercicio lícito del derecho a la libre expresión. En ningún caso se trataba de ridiculizar a la candidata sorda y "bollera" de Podemos, sino de criticar el criterio de idoneidad de los candidatos, porque no parece adecuado que la selección responda a la raza, el grado de discapacidad o la orientación sexual. Da la impresión de que los partidos políticos pretenden incluir a personas de estos colectivos en sus listas para potenciar su integración, pero también como reclamo electoral. Piensan que su inclusión ayuda a visibilizar los efectos de sus políticas de igualdad o su compromiso con ellas, e incluso permite a algunos partidos desactivar posibles críticas. Pero si no acreditan más mérito que -como en el caso de la candidata podemita- su condición de sorda y "bollera" es inevitable pensar que estas personas están siendo utilizadas, aunque sea con su consentimiento. En cualquier caso, la feroz campaña desatada contra Motos y Lago en redes sociales muestra lo mal que toleran las críticas y su deseo de silenciar a quienes no piensan como ellos.

¿Qué se pretende con la nueva ley de vivienda?

Todos los expertos en el mercado inmobiliario están advirtiendo de los nefastos efectos que tendrá la nueva ley de vivienda para propietarios, pero también para inquilinos a medio y largo plazo, especialmente aquellos con menor poder adquisitivo. La inseguridad jurídica que rodea la adquisición de una propiedad puede paralizar la inversión en vivienda y, por tanto, comprometer al sector de la construcción y de las reformas. Parece que se juzgue moralmente a los propietarios y se les considere aves de rapiña, mientras que los inquilinos serían siempre unos honrados trabajadores que sólo quieren una vivienda digna por la que pagan cantidades desorbitadas. El trazo grueso nunca sirve y menos en este terreno. El derecho a la propiedad privada y la economía de mercado debe respetarse escrupulosamente en la regulación del mercado de la vivienda. La regulación es necesaria, en efecto, y debe orientarse a evitar abusos y a lograr que el funcionamiento del mercado sea lo más eficiente para satisfacer el derecho a la vivienda -que es un principio rector de la política económica y no un derecho "stricto sensu", pese a su denominación- a precios asequibles.

Declarar zonas tensionadas, limitar los precios y dificultar los desahucios, como los expertos advierten, hará que muchos propietarios no encuentren aliciente en mantener su propiedad o prefieran no contratar un alquiler de larga temporada y dejar su vivienda cerrada asumiendo el coste. En las zonas turísticas muchos propietarios van a pensar que les puede compensar un alquiler vacacional o turístico en lugar de uno de larga temporada, máxime si se declaran como zonas tensionadas. En esas zonas tensionadas la oferta puede verse dramáticamente limitada y, por tanto, aunque el precio esté limitado, no habrá vivienda disponible si el Estado no la construye. Si una zona tensionada tiene interés turístico y, finalmente, las comunidades autónomas también limitan el alquiler turístico, la única salida para el propietario será el vacacional o la venta. Pero, claro, los inmuebles en estas condiciones cada vez pueden ser menos atractivos como inversión, luego el precio de la vivienda podría caer. ¿Es esto lo que se pretende? ¿Se pretende hundir el mercado del alquiler para que caiga el precio de la vivienda y todos los españoles se conviertan en propietarios de una única vivienda? Quizá, porque no veo otra explicación posible a tan descomunal disparate. Sin embargo, ¿imaginamos a los bancos dar hipotecas a personas que no ofrezcan suficientes garantías? No lo creo. Además, si se hunde el precio de la vivienda se hundirá también el sector de la construcción y, si no se construye, es muy difícil que baje el precio de la vivienda, porque las viviendas se deterioran y cada vez habrá menos oferta. Y todo ello al margen de las consecuencias que tendría para la economía y, por tanto, para el empleo y para los ingresos públicos.

La política más sensata para hacer posible el derecho a una vivienda digna para todos aquellos que carecen de recursos para comprar y se ven obligados a alquilar consiste en favorecer la oferta y una libre competencia que ayude a bajar los precios. Resulta imprescindible la seguridad jurídica para el propietario: el respeto a lo pactado y la protección frente a daños en su vivienda y ocupaciones. Sólo con esa medida muchos propietarios se animarían a alquilar. A partir de ahí hay que decidir varias cosas. Hay ciudades y barrios muy atractivos en los que mucha gente quiere vivir y otras personas visitar. Todo no es posible y corresponde a los poderes públicos realizar una regulación inteligente. Puede optarse por dejar que nuestras ciudades más atractivas se conviertan en parques temáticos urbanos que proporcionen ingresos no poniendo ninguna traba a los alquileres turísticos e impidiendo de facto que los vecinos vivan allí, o tratar de lograr un equilibrio limitando las licencias. Por otra parte, el precio de la vivienda y del alquiler no es igual en todas las ciudades. Hay que estar dispuesto a desplazarse para buscar vivienda en otras ciudades y barrios. Así funciona la economía de mercado. Uno no puede tenerlo todo. De ahí que los políticos de la España vaciada deberían ver en el desorbitado precio de la vivienda y del alquiler una oportunidad para hacer atractivas sus ciudades y pueblos. Deberían trasladar el mensaje de que sus regiones ofrecen la oportunidad de empezar una nueva vida. Y, finalmente, el Estado debe construir viviendas de protección oficial para colectivos vulnerables. La extrema izquierda quizá piense que es más sencillo perseguir a los propietarios. Creo que, aparte de una injusticia y un error, esta medida no va a tener los efectos que suponen en el electorado. Mucho me temo que se les vuelva en contra. Veremos si estas elecciones municipales y autonómicas ya le muestran a la extrema izquierda el camino de salida, pero venderán muy cara su derrota. Da miedo pensar en todo lo que van a hacer hasta final de año para seguir en el poder. 

El impacto de "Sumar" en las expectativas electorales de la izquierda

La irrupción de “Sumar” puede tener fatales consecuencias no solo para Podemos, sino también para el PSOE. Yolanda Díaz es una política de extrema izquierda perfectamente adornada para disimularlo. En una sociedad en la que la imagen, la forma, desempeña un papel tan importante no hay que minusvalorar que pueda tener cierto éxito, pero siempre entre el electorado de la izquierda. “Sumar” se debe nutrir de votantes de Podemos desencantados con su deriva totalitaria y sectaria, e intentará también conseguir votos del PSOE. El votante moderado del PSOE -si existe, cosa que ya dudo- puede sentirse más cómodo si Sánchez pacta con Yolanda Díaz en lugar de con Podemos, y quizá así se pueda frenar el trasvase de votos socialistas a Feijóo. Esto es lo que espera Sánchez: consolidar su posición frente a Feijóo, hundir a Podemos, y lograr mayoría gracias a que “Sumar” capte votos que estaban destinados a la abstención, y al apoyo de los partidos nacionalistas. A estas alturas es lo único que puede intentar. Su política sectaria y radical ya ha entregado el centro a Feijóo, que ha fagocitado a Ciudadanos y va a seguir sumando a votantes de Vox. El PSOE se ha retratado apoyando leyes disparatadas y sectarias de Podemos. Es demasiado tarde para engañar al votante moderado. Si el PSOE no gana, hay un serio riesgo de que Yolanda Díaz sea capaz de disputarle a los socialistas el liderazgo de la izquierda, lo mismo que intentó Albert Rivera con Pablo Casado en la derecha. La diferencia radica en que Díaz es más lista y, además, es mujer.

El pueblo español debe pronunciarse

Ante una crisis institucional como la que estamos viviendo no es de recibo agotar la legislatura. Si Pedro Sánchez creyera verdaderamente en la democracia no esperaría casi un año antes de dar la palabra a los españoles para que tengamos la oportunidad de poner las cosas en su sitio.

En esto consiste la democracia constitucional

Los líderes del PSOE y de Podemos, inmersos en la dinámica partidista de la lucha por el poder y haciendo gala de una manifiesta irresponsabilidad, insisten en que la decisión de suspender la tramitación de una ley que adoptó anoche el Tribunal Constitucional supone un “atropello” o un “golpe” contra la democracia. En realidad, se suspende la tramitación en lo que se refiere a la modificación de la LOPJ y de la LOTC, tal y como se puede leer en el punto 6º de la parte dispositiva del Auto (publicada por el propio Tribunal):

"6º Suspender cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introducidos en la “Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”, que derivan de las enmiendas núms. 61 y 62, presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, e introducidas en el texto de la referida Proposición de Ley Orgánica, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022, y que se corresponden con las disposiciones transitorias cuarta y quinta y con la disposición final primera y segunda apartado 4".

Aunque lo acaten (¡menos mal!), el PSOE y Podemos no conciben que el Tribunal Constitucional adopte unas medidas cautelares para evitar posibles consecuencias lesivas para los derechos fundamentales de los parlamentarios recurrentes. Insisten una y otra vez en que se debería haber permitido la tramitación legislativa y, posteriormente, resolver el recurso de amparo. Al margen de otras consideraciones, lo más importante es que olvidan que el constitucionalismo se fundamenta en la limitación del poder político en atención al respeto que merecen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, el poder legislativo, aunque logre conformar mayorías para aprobar leyes, no está por encima de tales derechos, que constituyen el fundamento de la democracia constitucional. La historia ha demostrado que el poder legislativo no es el mejor garante de tales derechos, y dicha tarea se ha conferido, en último término, al Tribunal Constitucional. Cuando este órgano declara la inconstitucionalidad de las leyes o, como ha sucedido hoy, paraliza la tramitación de una ley alegando que el procedimiento seguido puede vulnerar derechos fundamentales, es posible que la mayoría parlamentaria que impulsa dicha ley lo interprete como un ataque a la democracia. Eso es lo que están haciendo el PSOE y Podemos. Así no sólo muestran su talante demagógico (la comparecencia de Félix Bolaños plagada de tergiversaciones ha sido una vergüenza), sino su profunda falta de respeto a lo que representa la democracia constitucional. El Tribunal Constitucional sirve precisamente para lo que ha hecho hoy: frenar al poder legislativo cuando desvirtúa los procedimientos en fraude de ley, poniendo así en riesgo algún derecho fundamental. Pero la grandeza de la democracia constitucional, lo que verdaderamente le otorga la fuerza de la razón, su carácter “deliberativo” como hoy se acostumbra a decir, es que los que creemos en ella estamos deseosos de leer los argumentos que recoja el Auto del Tribunal Constitucional. Mientras que los parlamentarios obedecen gregariamente las directrices de los líderes de los partidos, el Tribunal Constitucional -incluso admitiendo que esté politizado- debe argumentar, convencer. De ahí que si los argumentos que esgrime para paralizar la tramitación no me convencen, lo criticaré. Y si los votos particulares que se anuncian ofrecen buenas razones, no dudaré en reconocerlas.