¡Elecciones el 29-N!

Como era de esperar, Sánchez trata de aprovechar la movilización de la extrema izquierda en torno a la vivienda para mejorar su resultado electoral. Algo tenía que inventar para buscar ventaja, así que mejor que sea con esto que dividiendo todavía más en defensa de un cambio de sistema. La fecha es “limpia”: no hay vacaciones ni puentes, por lo que no hay excusa para votar por el cambio y acabar políticamente con alguien tan sumamente pernicioso. Si Sánchez volviera a ser investido, la degradación institucional se intensificaría y la democracia recibiría un golpe letal. Por tanto, creo que se puede ver luz al final del túnel, aunque no hay que descartar ningún sobresalto que nos impida votar en paz.

Populismo

La bronca parlamentaria que está generando el intento de la izquierda de sacar adelante los dos decretos sobre la vivienda tiene su origen en el planteamiento falaz, demagógico e irresponsable de quienes los han impulsado. Los decretos Maricarmen nos están permitiendo ver la cara más peligrosa del populismo. Ayer decía Sánchez que esto no tiene que ver con las ideologías, sino que se trata de una cuestión de humanidad. La izquierda convierte el problema de vivienda que ellos mismos han generado con su malhadada ley en un debate maniqueo entre buenos y malos. 

Los partidos políticos que son estigmatizados mediante esta artimaña pueden temer la reacción emocional de los ciudadanos. Vemos que artistillas de medio pelo como Amaia sale a un escenario pidiendo el “Decreto Maricarmen” con la seguridad de que será vista como alguien sensible y comprometida. Es la estrategia populista que tan bien le funciona a la izquierda: hacer de la política un campo de batalla en el que ellos son los buenos debido a sus buenos sentimientos. 

Es difícil salir airoso de un debate político en el que priman los discursos en tono melifluo y lastimero (luego, cuando se constata su fracaso, el lenguaje se torna agresivo y amenazador) que camuflan las peores intenciones y, sobre todo, medidas absolutamente disparatadas, como cualquier persona capaz de razonar podría comprobar. Pero poco importa que las medidas sean un desastre cuando prima la emoción y la política excita las peores pasiones, que afloran como resultado de la frustración por creerse víctima de los "malos": partidos de derecha, fondos buitre, especuladores, inmobiliarias tramposas, etc. El populismo demoniza a determinados sectores de la población, divide, polariza e instiga el odio. A ese encanallamiento que movilice a sus posibles votantes lo fía todo Sánchez. Necesita a unos ciudadanos que sientan mucho y piensen poco. No creo que le baste para conservar el poder, pero quizá sí para ir acumulando sacos de arena en la trinchera.

Pasen y lean la primera página del Decreto de vivienda

La primera página del Real Decreto sobre vivienda, aprobado por el gobierno ayer y publicado hoy en el BOE, merece ser reproducida para que cualquier ciudadano de bien sepa en manos de quiénes estamos. Supongo que finalmente no se aprobará esta norma; quizá Sánchez cuenta con ello y sólo desea desviar la atención de Ceuta, culpabilizar a otros del problema de la vivienda, y agitar la calle. En todo caso, si el sectarismo y la mentira deben ser combatidos siempre, verlos plasmados en una ley que debe buscar el bien común es muy preocupante. Hay muchos colegas que me confiesan su pesimismo ante la situación que estamos viviendo, y los entiendo perfectamente. Todavía no me he rendido, pero textos como el que voy a reproducir me recuerdan la zozobra con la que muchos de nuestros antepasados contemplarían atónitos la degradación de la política que nos condujo al abismo.

Lean, por favor. La negrita es mía: 

“Durante las últimas décadas, España ha sufrido diferentes crisis en materia de acceso a la vivienda que han afectado a distintas generaciones. Si bien todas ellas han sido de diferente naturaleza y origen, coinciden, sin embargo, en su efecto: la restricción del derecho a la vivienda en condiciones dignas y adecuadas para amplios sectores de la población y, en particular, para las clases medias y trabajadoras. La crisis actual es poliédrica y multicausal, pero no se entiende sin retrotraerse a la anterior crisis inmobiliaria, la del año 2011. Y que cumple con todas las características para ser catalogada como una emergencia habitacional. Tampoco se puede obviar su claro impacto en la sociedad, siendo el problema de la vivienda una de las principales preocupaciones ciudadanas, tal y como recogen los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tampoco su impacto económico, con potenciales efectos adversos sobre el bienestar, la movilidad laboral y la evolución, por consiguiente, de la economía en el medio y largo plazo. Esta situación implica una clara demanda social a favor de la regulación para garantizar el derecho y que tiene como elemento de inflexión el triste y dramático y desahucio de Mari Carmen Abascal. Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna. Esta mujer es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización. Sin duda, este caso confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias que permiten que situaciones así se produzcan y que es urgente subsanar legalmente”.

Primer apunte. ¡Nada menos que Maricarmen Abascal es víctima de las leyes de Franco! Parece increíble afirmar algo semejante cuando es precisamente esa legislación la que le ha permitido seguir en su vivienda durante muchísimos años. Si hubiera podido subrogarse válidamente en el contrato de sus padres, un alquiler de renta antigua, seguiría en esa casa.

Segundo apunte. Señalan que la crisis de la vivienda es poliédrica y multicausal, pero que no se entiende sin retrotraerse a la crisis inmobiliaria que sitúan en 2011. La gran crisis de las hipotecas subprime, que tuvo su origen en Estados Unidos, se empezó a sentir en España en 2008 -recuerden el debate Solbes v. Pizarro comentado en el blog- y la recesión comenzó en 2009. Fue una crisis económica que paralizó la construcción y provocó que los precios de las casas se hundieran (pueden comprobarlo en cualquier histórico de precios), y también bajó el de los alquileres. Uno de los principales expertos en el mercado inmobiliario, Borja Mateo, pronosticaba que el precio de las viviendas iba a seguir cayendo y aconsejaba -se comprobó que tenía razón- vender cuanto antes para no perder dinero e irse a vivir de alquiler. Es decir, la crisis inmobiliaria que comenzó en 2008 no tiene nada que ver con la actual, pero pretenden vincularla: la sitúan en 2011, precisamente el año de las elecciones generales en que Rajoy ganó por mayoría absoluta. Es una verdadera indecencia mentir con el propósito de no asumir la responsabilidad.

Tercer apunte. Hablando de responsabilidad, obsérvese cómo con una desvergüenza total cargan la responsabilidad en las administraciones “competentes” que no han dado “cumplida satisfacción a la regulación vigente”. Si fuera cierto que la responsabilidad es de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ¿para qué este Decreto? Se está poco menos que admitiendo que la administración central no puede paliar el problema, ¿no? Es una gigantesca muestra de demagogia, pero lo más grave es que millones de personas -propietarios e inquilinos- están sumidos en la máxima incertidumbre, justo lo peor que puede suceder. El mercado del alquiler estaba herido; si este Decreto saliera adelante no tengo la menor duda de que muchísimas personas pueden olvidarse de acceder a una vivienda. Pero creo que no se aprobará, porque el gobierno no dispone de mayoría para gobernar, como acredita que vayamos a pasar una legislatura entera sin presupuestos.

Impresionante: Bildu se preocupa de que la gente deba abandonar sus pueblos

En plena negociación contrarreloj del gobierno para sacar adelante el decreto de vivienda, impresiona leer que Bildu se opone a los desahucios afirmando: "Desarraigar a la gente de sus pueblos, obligarla a irse a otros lugares, no es la forma de construir una sociedad normalizada". Esto lo dicen quienes apoyaron y justificaron el terrorismo que provocó que cientos de miles de personas abandonaran el País Vasco. En fin, sin mayores comentarios. Oskar Matute, en nombre de Bildu, también defiende que se prohíba desahuciar a familias vulnerables si no hay alternativa habitacional, con lo que, como comentaba en la anterior entrada, se pretende que el peso de la política social recaiga sobre los propietarios. ¿No son capaces de entender estos políticos que con una medida así, aunque se logre impedir el desahucio de los actuales arrendatarios “vulnerables”, están condenando a no poder acceder a una vivienda a todos aquellos aspirantes a inquilinos que el propietario sospeche que pueden llegar a ser “vulnerables”? Ni lo entienden los políticos de izquierda, ni sus votantes, incapaces de ver que la alternativa habitacional de los partidos a los que han votado es la tienda de campaña con la que hacen noche en la Puerta del Sol.

Sobre las protestas ante el problema de la vivienda

Las protestas por la dificultad de acceder a una vivienda en España se han intensificado por la repercusión mediática del desahucio de Maricarmen. Cualquier persona entiende el sufrimiento de alguien que llega a una edad avanzada y se ve obligado a abandonar la vivienda en la que ha vivido gran parte de su vida. También indignan estos casos dramáticos de propietarios que ven cómo un “inquiokupa” disfruta de su vivienda mientras ellos no tienen donde vivir. Sin embargo, nadie se manifiesta por los propietarios que injustamente no pueden recuperar su inmueble. Un problema de tanta envergadura no debe ser abordado con demagogia y mucho menos ser esgrimido como arma arrojadiza para obtener rédito electoral, que es precisamente lo que se está haciendo. Digo esto porque, además de comprobar que las movilizaciones tienen un claro sesgo de parte, hasta ahora jamás había visto una campaña publicitaria en la que un gobierno presumiera de las bondades de una ley -la ley de vivienda- y trasladara el mensaje de que los responsables de que no se aplique son las comunidades autónomas. Al culpabilizar a otras administraciones es imposible hacer autocrítica, más necesaria que nunca.

Pocos días antes de que se aprobara la ley de vivienda, expuse en el blog mi opinión crítica con esta norma e hice un pronóstico sobre lo que sucedería tras su entrada en vigor. Creo que la situación actual confirma aquel diagnóstico que por otra parte coincidía con el de muchos expertos. El problema de la vivienda no se puede resolver fácilmente a corto plazo, pero las medidas más aconsejables para resolverlo pasan por aumentar la oferta, justo lo que ha hundido esta catastrófica ley. Para aumentar la oferta lo más importante es proporcionar seguridad jurídica: todo propietario debe tener la certeza de que su propiedad será respetada, y que no tendrá que soportar impagos por dilatados periodos de tiempo hasta recuperar su vivienda. Si no es así, ¿quién va a arriesgarse a alquilar sin suficientes garantías? Teniendo esto claro, lo siguiente es prohibir los alquileres turísticos en aquellos lugares donde limiten la oferta residencial, y controlar que los de temporada no se realizan en fraude de ley. Los turistas que quieran venir a España tienen muchas posibilidades: hotel, casa rural, camping o apartamentos de temporada. También es importante que aquellos propietarios que alquilen a personas con mayor vulnerabilidad reciban los máximos incentivos fiscales y tengan la seguridad de que podrán recuperar su propiedad en caso de impago. Por tanto, no debe aprobarse una medida general que prohíba los desahucios de personas vulnerables, porque no debe recaer sobre un propietario la responsabilidad de la política social. En un caso como el de Maricarmen, suponiendo que el propietario tiene justo título para recuperar su vivienda, son los poderes públicos quienes deben proporcionar a esta señora una vivienda social. Para atender a estos fines deben ir nuestros impuestos. Finalmente, hay que impulsar vivienda pública y facilitar los trámites para que la iniciativa privada pueda poner en marcha promociones.

Por lo que se empieza a ver, no vamos en esa dirección. Seguimos instalados en la división, en una polarización que se extiende cada vez más por la sociedad. Enfrentar a propietarios e inquilinos es una verdadera insensatez. El legislador debe ajustar sus relaciones, facilitarlas para que ambos se beneficien de un marco adecuado de derechos y obligaciones. La extrema izquierda -Sumar y Podemos- se está posicionando claramente del lado de los inquilinos por considerarlos la parte más débil desde el punto de vista económico. Es verdad que en la mayor parte de ocasiones el inquilino presenta un mayor riesgo de verse en una situación de necesidad, pero el error consiste en hacer recaer sobre el propietario el coste de solucionar esa situación. El gobierno, una vez más, deriva la responsabilidad a otras administraciones, lo cual es una constante en su forma de actuar. Entonces para qué tenemos un ministerio de la vivienda. ¿Acaso no se puede impulsar un plan nacional de vivienda social? Los más de ocho años de Sánchez en el poder dejan patente que ha agravado el problema. Otra razón más para que rinda cuentas en las urnas.

La confirmación de que el CNI informó ha de tener consecuencias

Los medios de comunicación están publicando en portada que el CNI informó a España y a Marruecos de que 180.000 personas estaban preparándose para entrar en Ceuta uno o dos días antes de la invasión. Con una investigación en curso ante la Audiencia Nacional por graves delitos relacionados con la seguridad del Estado, no acierto a ver cómo es posible que determinados miembros del gobierno, empezando por su presidente, puedan eludir la imputación. De momento, consta la noticia. Espero que pronto la opinión pública refleje una todavía más enérgica exigencia de que Sánchez dimita y se convoquen elecciones urgentemente. Pero con su cara de aleación de titanio hoy ha afirmado que si el PSOE es imputado seguirá en su puesto defendiendo la presunción de inocencia de su partido, y que Zapatero hará campaña para el PSOE. Ver para creer. Este hombre ha perdido el juicio.

El informe PISA confirma el hundimiento de la educación en España

Me congratula ver la importancia que los periódicos han otorgado a los catastróficos resultados de España en el Informe Pisa. La conclusión no admite dudas: la educación de nuestros hijos refleja unas carencias alarmantes en competencias tan elementales como poder leer un texto y comprenderlo, y ya no digamos nada del bajísimo nivel en materias como matemáticas. No puede culparse de estos resultados a una inexistente masificación de la enseñanza, puesto que el número de alumnos en las aulas es muy inferior al de hace unas décadas. Las principales causas que se citan son la presencia constante de pantallas y móviles, y la ausencia de una cultura del esfuerzo que ha dado paso a un modelo de enseñanza que para no generar frustración u otros problemas opta por el aprobado fácil. El informe destaca que cada vez hay menos alumnos excelentes, natural consecuencia de igualar por lo bajo.

Quienes nos dedicamos profesionalmente a la educación universitaria llevamos percibiendo este desastre desde hace años con una completa impotencia. Es descorazonador pedir que los estudiantes lean textos y ver que no sólo les falta voluntad, sino que son incapaces de hacerlo. Dan muchísima pena, porque les han robado una de las mayores riquezas que una persona puede atesorar, el conocimiento. Los bienes materiales vienen y van, pero tenemos el deber de transmitir el conocimiento, la sabiduría y las virtudes a nuestros hijos. No es su fracaso, sino el nuestro. Les hemos fallado y estamos comprometiendo el futuro de España.

Mención especial merece el resultado de País Vasco y Comunidad Valenciana. Curiosamente, dos comunidades con lengua propia que se utiliza como lengua vehicular de la enseñanza. Además de estas lenguas, se insiste en el inglés y a ellos suman los colegios privados otra lengua extranjera para hacer de nuestros alumnos casi un Carlos V. El desastre se extiende a los colegios privados, incluso más que a los concertados. Algunos padres que apuestan por estos centros cometen el error típico del nuevo rico de creer que pagar es sinónimo de buena enseñanza. Son colegios que para ganar más dinero se embarcan en metodologías docentes ligadas a la tecnología y la guinda consiste en hacer la pelota a los alumnos hasta el punto de “agradecer” su trabajo en clase. A los padres se les cae la baba leyendo los buenos comentarios sobre sus hijos (así los mantienen en el colegio), y luego no comprenden cómo es posible que cuando llegan a la universidad suspendan casi todas las asignaturas. Saben en teoría varios idiomas y no son capaces de leer un libro. Urge un cambio de rumbo.