La sentencia de los Albertos y la confianza en la justicia

Todavía no se ha publicado en la web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), pero lo que se empieza a conocer de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los Albertos es preocupante, tanto por la doctrina sobre la prescripción de los delitos en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, como sobre todo por la imagen pública del Tribunal y por añadidura de toda la justicia.

Soy de los que piensa que el pilar de un Estado de Derecho son los jueces, es decir, creo que es más importante contar con buenos jueces que con buenas leyes, aunque obviamente ambas cosas son deseables. Las naciones anglosajonas, constitucionalistas por excelencia, constituyen el mejor ejemplo de la importancia de los jueces como garantes del Derecho. Sin jueces independientes el Derecho no existe y la arbitrariedad campa a sus anchas.

Tengo la sensación de que entre los ciudadanos empieza a calar la creencia de que el Derecho no es susceptible de tratamiento racional. En demasiadas ocasiones da la impresión de que se argumenta en función de lo que interesa al poder político o al poderoso importando poco la mayor o menor solidez del razonamiento. El ciudadano desconfía de la justicia y tiende a ver como única solución la limitación de la capacidad interpretativa de los jueces, es decir, el sometimiento total del juez a la ley. Así pensaban quienes elaboraron los grandes códigos a lo largo del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia. Pero, no se equivoquen, ese ideal sí que es absolutamente irracional. Es imposible aplicar las leyes sin una labor mediadora de interpretación que necesariamente exige juicios de valor. Por ello, ante el problema de la arbitrariedad o sencillamente la mala argumentación de los jueces, la solución pasa por fiscalizar al máximo sus decisiones por parte de la opinión pública, y en especial por parte de los juristas y científicos del Derecho. Es posible y necesaria la crítica racional de las sentencias, la investigación jurídica, para, entre otras cosas, desacreditar con la fuerza de la razón a quienes desvirtúan con su ineptitud o su mala fe la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.