Es de sobra conocido que en estos tiempos las leyes que aprueba el parlamento se caracterizan por requerir un desarrollo reglamentario sin el que su aplicación resulta imposible, lo cual es debido en buena medida a la presencia en las leyes de declaraciones programáticas y principios. Un caso actual de ley necesitada de desarrollo reglamentario es la Ley de Universidades, cuya reforma aprobó el parlamento en abril. Ella ha introducido la nueva estructura de los estudios universitarios adecuada al Espacio Europeo de Educación Superior. Para su puesta en práctica es necesaria una concreción que el gobierno va a realizar mediante un Real Decreto que espera –más bien teme- la comunidad universitaria. ¿Qué sucedería si ganara el PP y decidiera paralizar, como es su intención, dicha regulación? Sencillamente que la ley aprobada por el parlamento se quedaría en papel mojado en aspectos sustanciales. En un post anterior lamentaba la falta de sentido de Estado de los dos grandes partidos por no ponerse de acuerdo en materias clave; el problema se agrava cuando el poder para llevar a la práctica una ley se traslada al gobierno. ¿Dónde queda la división de poderes? Pues donde San Juan de la Cruz se dejó su cuidado: entre las azucenas olvidado.
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